Seis d?as después de que estallara la polémica, Alberto N??ez*Feij?o*ha hablado por primera vez de la crisis que est? sufriendo el Gobierno de Castilla y Le?n, que preside el PP. En esa comunidad, el vicepresidente, Juan Garc?a-Gallardo (Vox), anunci? el jueves que un nuevo protocolo para los médicos va a obligar a las mujeres que quieren abortar a escuchar el latido del feto, algo que, este lunes, neg? el presidente, Alfonso Fern?ndez Ma?ueco (PP).

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En una entrevista en Telemadrid, Feij?o ha intentado desviar el problema que le ha provocado Vox a su partido y se ha lanzado contra el Gobierno central al que acusa de*"montar ruido"*enviando un requerimiento al Ejecutivo de Castilla para que aclare qué va a hacer, pese a que la Junta no ha aprobado ning?n protocolo nuevo. "Es un burdo intento de manipulaci?n", ha sostenido en referencia a la Moncloa antes de acusar a Pedro S?nchez de "desproteger a las mujeres" con la ley del 's? es s?', que ha facilitado la rebaja de casi 190 condenas a delincuentes sexuales.

"Cuando se pierde el respeto institucional en un pa?s y cuando el Gobierno de la naci?n se convierte en un agente electoral entramos en una variante que me preocupa mucho m?s que la falsa polémica de la que estamos hablando", ha declarado en la televisi?n auton?mica madrile?a. Feij?o ha calificado al primer requerimiento enviado el domingo por la noche a la Junta de "gaseoso" ya que se ha planteado, en su opini?n, con*"supuestos de noticias y de comentarios en una rueda de prensa".

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Ma?ueco sali? este lunes para rectificar a su vicepresidente y asegurar que la Junta no va a obligar a las mujeres que quieren abortar a escuchar el latido fetal. El Gobierno central ha decidido este martes en el Consejo de Ministros enviar*otro requerimiento, el segundo en menos de 48 horas, al Ejecutivo auton?mico en el que le pide que diga por escrito que no va a tomar ninguna decisi?n, legal o por la v?a de los hechos, que vaya en contra de la ley de interrupci?n del embarazo, aprobada en 2010. Ma?ueco*tiene un plazo m?ximo de 30 d?as para responder, si no lo hace el Gobierno acudir? al Tribunal Constitucional.



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