ElTribunal de Cuentas endurece el control sobre los partidos con una nueva instrucci?n para las elecciones auton?micas y municipales del 28 de mayo, que exige documentar mejor los gastos. Las formaciones est?n ahora obligadas a presentar una memoria con todos los actos y m?tines realizados durante la campa?a y a detallar en otro informe, de manera pormenorizada, el env?o de propaganda electoral. Desde qué incluyen en los sobres, hasta la relaci?n de empresas encargadas de su confecci?n y distribuci?n, las facturas justificativas de todos los costes y el destino de los env?os por circunscripciones.

Todas estas exigencias pretenden, seg?n fuentes de la instituci?n, "tener un control m?s exhaustivo de qué se hace y c?mo se utiliza el dinero". Los presupuestos de 2023 incluyen una partida de 56,06 millones de euros para subvencionar los gastos electorales, tanto del 28-M como de las generales previstas para diciembre, que se suman a las ayudas para los comicios en cada regi?n. Las nuevas medidas han sido acordadas con los organismos de control externo de ?mbito auton?mico aunque corresponde al Tribunal de Cuentas fijar los criterios de fiscalizaci?n de la contabilidad electoral. En las comunidades en las que no existe un ente propio -Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Regi?n de Murcia y La Rioja- ser? la instituci?n central quien se ocupar? de inspeccionar la contabilidad.

En los informes sobre los gastos electorales en estas autonom?as que el Tribunal de Cuentas hizo en 2019 ya se recogieron toda una serie de recomendaciones que, cuatro a?os después, mantienen su vigencia. Ya entonces consideraba conveniente evaluar la "eficiencia material y econ?mica de las f?rmulas actuales de env?o directo y personal a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral". Y ped?a que el dise?o e implantaci?n de de un "procedimiento m?s acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de informaci?n que garanticen la ejecuci?n y permitan la reducci?n de fondos p?blicos destinados a su financiaci?n". Durante este tiempo no se ha producido ni un solo avance. Los partidos pol?ticos argumentan que, seg?n la ley electoral, es el modo de llamar al voto y a la participaci?n.

Donaciones privadas

El Tribunal de Cuentas también ha demandado que las donaciones privadas realizadas desde que se convoca las elecciones hasta que concluye la campa?a, se entiendan "dirigidas a financiar dicha campa?a" y, por tanto, objeto de un control mayor. O que en la financiaci?n por microcréditos se establezca una cuant?a m?xima por prestamista que no exceda del l?mite previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas (10.000 euros) y la devoluci?n no exceda de un a?o natural a partir de la fecha de las elecciones. También que pueda preverse a renuncia a que le sea reingresado el dinero pero haciéndolo constar por escrito y considerando esa cuant?a desde ese momento como una donaci?n.

Las donaciones son un cap?tulo excesivamente oscuro en la contabilidad electoral, seg?n el Tribunal de Cuentas, que ha reclamado la prohibici?n que las personas jur?dicas puedan dar dinero, igual que no pueden financiar directamente a los partidos. La ley favorece dos tipos de aportaciones privadas distintas a las formaciones pol?ticas. Una, de car?cter anual, para contribuir a su financiaci?n, por parte de personas f?sicas, que no puede exceder de 50.000 euros. Y otra por cada cita electoral, de como m?ximo 10.000 euros, que pueden realizar personas f?sicas y jur?dicas.

El 28 de mayo se celebran elecciones en Arag?n, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja, en las asambleas de las ciudades aut?nomas de Ceuta y Melilla y en m?s de 8.000 ayuntamientos.



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