El opositor ecuatoguineano Julio Obama Mefuman, quien tiene ciudadan?a espa?ola, ha fallecido en la prisi?n de Oveng Azem (Mongomo), en Guinea Ecuatorial, seg?n han confirmado este domingo a la Agencia EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n ha informado de que est? realizando las gestiones pertinentes tras la muerte de Obama a través de la Embajada espa?ola en Malabo, y el Consulado de Bata.

El partido de Obama, el Movimiento de Liberaci?n de Guinea Ecuatorial, ha subrayado que éste ha fallecido debido a las torturas a las que ha sido sometido y ha instado al Gobierno espa?ol a romper relaciones con el Gobierno ecuatoguineano.

Seg?n ha explicado el partido, Obama era uno de los cuatro secuestrados por el "régimen" del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, el 15 de noviembre de 2019 en Yuba (Sud?n del Sur), siendo trasladados "subrepticiamente" a Guinea Ecuatorial y encerrados en "celdas subterr?neas y torturados brutalmente".

En lo expuesto, el movimiento cuenta que se incoaron las diligencias previas en la Audiencia Nacional espa?ola siendo imputados el hijo, Carmelo Ovono Obiang y dos dirigentes de Obiang por el presunto secuestro y tortura de dos ciudadanos espa?oles integrados en el movimiento opositor al régimen pol?tico del pa?s africano.

Adem?s, el partido opositor ha advertido en el comunicado que el regreso a Guinea Ecuatorial del hijo del presidente en "total impunidad" conllevar?a una "represalia" contra los militantes, ciudadanos espa?oles, "habiendo advertido este punto a todas las autoridades, judiciales y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n, sin que se haya producido ning?n pronunciamiento contra el régimen de Obiang que se pudiera anticipar a una venganza que a todas luces se producir?a", recalca.

Por todo lo expuesto, la formaci?n pol?tica ha pedido "encarecidamente" al Gobierno espa?ol que proceda "inmediatamente" a la ruptura de relaciones diplom?ticas con Guinea Ecuatorial y, de igual forma, a las autoridades judiciales, que procedan "con todo el rigor de la ley penal contra los perpetradores".



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