El Tribunal Superior de Just?cia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs, a cuatro a?os, seis meses y un d?a de prisi?n, multa de 36.080 euros y 13 a?os y un d?a de inhabilitaci?n para el ejercicio de empleos o cargos p?blicos electos y de funciones de gobierno por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de prevaricaci?n, al haber fraccionado contratos para favorecer a un amigo, el inform?tico Isa?as Herrero, cuando dirig?a la Instituci? de les Lletres Catalanes (ILC).

Los magistrados proponen al Gobierno que le conceda el indulto que deje la pena en dos a?os para que pueda evitar la prisi?n. A Herrero se le ha impuesto una pena de dos a?os de prisi?n y al empresario Andreu Pujol un a?o y dos meses, m?s inhabilitaci?n para contratar con las administraciones. Estos son los argumentos:

Falta de publicidad y transparencia

La sentencia da por probado que en la adjudicaci?n "directa" a Herrero de los trabajos de creaci?n y mantenimiento de la web de la ILC se prescindi? "de todo procedimiento regular", quebrantando "todos los principios que rigen en materia de contrataci?n p?blica", entre ellos, el de publicidad y transparencia, el de libre acceso de licitadores interesados.

Pero también los de "no discriminaci?n e igualdad de trato entre los candidatos" y la "libre competencia en la conformaci?n de los precios", un "principio determinante de una eficiente utilizaci?n de los fondos p?blicos gestionados", en este caso, por la instituci?n.

Contrato dise?ado

El TSJC argumenta que la adjudicaci?n realizada por Borràs en favor de Herrero, "adem?s de haberse aprobado con absoluta ajenidad a cualquier procedimiento de contrataci?n", carece de toda descripci?n sobre los servicios a prestar.

A su entender, “se trat? de un contrato dise?ado, decidido y ejecutado con ?nico sometimiento a la voluntad personal de quien ten?a toda la autoridad para contratar y autorizar su pago", es decir, Borras como directora de la ILC”.

Fueron 18 contratos que no deb?an superar los 18.000 euros cada uno, el l?mite para otorgarlos a dedo, y por un importe global de 336.000 euros (324.000+ iva), entre 2013 y 2017.

Adjudicaci?n directa

Para los jueces, Borràs, como directora de la ILC y ?rgano de contrataci?n, otorg? los trabajos a Herrero "con plena conciencia" de que estaba encargando unos servicios a través de una "adjudicaci?n directa que prescind?a de los m?s elementales requisitos previstos".

El delito de prevaricaci?n, en su opini?n, se ha cometido desde que se produce "la adjudicaci?n verbal y directa" por su parte, "despreciando y prescindiendo de los tr?mites preceptivos en toda contrataci?n administrativa de la envergadura", como es el caso.

El sistema de contrataci?n menor que se uso, incide, "no obedecen m?s que a la necesidad de dar cobertura formal y administrativa a los pagos obligados por los servicios contratados en el acuerdo" con Herrero. Es decir, se "necesitaba de una apariencia de autorizaci?n formal de pagos".Ocultar el fraccionamiento

El tribunal estima que Borràs actu? con "plena conciencia" de que con la adjudicaci?n a través de contratos menores "se estaba fraccionando ficticiamente los trabajos" de "forma directa". De esta manera, subraya, “se estaba posibilitando" su pago sin trabas ulteriores que pudieren proceder de los servicios de Intervenci?n de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes.

Para lograr esta apariencia, destacan los magistrados, se produjo "una ficci?n" en la concurrencia aparente de tres licitadores en cada uno de los expedientes. Dos de estos presupuestos fueron creados "artificialmente en ejecuci?n del plan de actuaci?n decidido" por Borràs, "con el ?nico fin de lograr ocultar la contrataci?n prevaricadora y agotar sus efectos", sin "ser descubierta la ilegalidad" en los controles fiscalizadores posteriores.

Los jueces recalcan que la que fuera directora de la ILC dio "instrucciones" a Herrero sobre como proceder para facturar sus trabajos y la necesidad de elaborar los tres presupuestos, dos de ellos ficticios. Seg?n el tribunal, deber?a haberse sometido estos servicios a un procedimiento abierto en el que pudieran participar otras personas o empresas.



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