El Tribunal Supremo ha avalado el Real Decreto de 2022 por el que se aprob? el C?digo de Conducta del personal de la Guardia Civil, que hab?a sido impugnado por la Asociaci?n Profesional Justicia Guardia Civil solicitando la nulidad de algunos de sus art?culos. Por su parte, el alto alto tribunal no ve motivo de nulidad alguna porque esta norma carece de efectos sancionatorios y se limita a fijar las pautas del comportamiento de los guardias civiles. Rechaza igualmente que el C?digo contradiga normas de rango superior.

Seg?n los recurrentes, este C?digo establece unas normas de comportamiento para los agentes de la Guardia Civil que van m?s all? de las funciones que le son propias por su condici?n profesional y que contradice otras normas de rango superior, como la Ley Org?nica que regula los derechos y deberes de los guardias civiles, invadiendo esferas personales e ?ntimas de estas personas que no pueden verse privadas de los derechos que les asisten como ciudadanos.

Responsabilidad ética

La Sala en su sentencia, ponencia de la magistrada Celsa Pico, responde que el sistema jur?dico espa?ol "diferencia la responsabilidad disciplinaria de la responsabilidad ética sin perjuicio de que alguna conducta pueda hallar encaje en ambas”.

La sentencia se ha dado a conocer coincidiendo con la explosi?n del denominado caso Cuarteles, del que viene informando El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, en el que se investigan conductas que, m?s all? de su consideraci?n ética, podr?an suponer delitos de falsedad documental y malversaci?n en relaci?n con la adjudicaci?n presuntamente irregular por parte de altos mandos de la Guardia Civil de obras en 13 comandancias de toda Espa?a cuyo coste estar?a sobredimensionado o que, simplemente, no se habr?an llegado a realizar.

En cuanto a la norma cuestionada ante el Supremo, la sentencia precisa que cualquier alegato de nulidad absoluta del Real Decreto impugnado exige que el que esgrime la pretendida nulidad justifique cu?l es la norma legal infringida por la norma en cuesti?n.

"No basta con lanzar al Tribunal un conjunto de argumentaciones sobre que una norma reglamentaria contraviene el ordenamiento jur?dico, sino que es preciso justificar una contravenci?n de norma de superior rango a fin de mostrar la infracci?n que se aduce. En caso contrario no es factible controlar si el reglamento respeta o no la Ley que desarrolla o en la que se ampara ya que el control de oportunidad es ajeno al sistema”, se?ala la sentencia.

Respecto de otra de las alegaciones, la Sala reconoce que la reiteraci?n en el C?digo de Conducta de preceptos ya reflejados en otras normas de superior rango, “si bien es una técnica legislativa no muy satisfactoria, no comporta infracci?n ni atenta al principio legal de buena regulaci?n”.

Neutralidad pol?tica

Por otra parte, para la Sala a tampoco puede entenderse que el art?culo 13 del C?digo de Conducta sobre neutralidad ideol?gica y pol?tica entre en contradicci?n con la Ley Org?nica que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en el aspecto de la neutralidad e imparcialidad.

Explica adem?s que los agentes tienen como cualquier ciudadano el derecho a elegir cuando ejerzan su derecho de voto la opci?n que estimen oportuna, pero que en el ejercicio de su actividad profesional el art?culo 18 de la mencionada Ley Org?nica les conmina a la neutralidad pol?tica.



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