El Tribunal Supremo ha admitido a tr?mite el recurso de la Generalitat Valenciana contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. Adem?s, ha ordenado la apertura de una pieza separada para valorar la aplicaci?n de las medidas cautelares solicitadas por el Consell, que reclamaba la suspensi?n del acto administrativo.

As? lo ha anunciado este martes la consellera de Transici?n Ecol?gica, Isaura Navarro, durante la presentaci?n del proyecto “Vertido cero, reutilizaci?n 100% en Alicante”. La decisi?n del Alto Tribunal, notificada al Gobierno auton?mico este mismo martes, otorga al Ministerio para la Transici?n Ecol?gica y el Reto Demogr?fico un plazo de cinco d?as para interponer recurso de reposici?n ante el letrado de la Administraci?n de Justicia.

El recurso de la Generalitat Valenciana contra el real decreto que legitima el recorte de los caudales ecol?gicos del trasvase Tajo-Segura se fundamenta en la vulneraci?n, por parte del Gobierno de Espa?a, de los principios recogidos en el ordenamiento jur?dico de "buen gobierno, seguridad jur?dica, confianza legitima, lealtad institucional, transparencia e interdicci?n de la arbitrariedad en la toma de decisiones".

Nulidad de las actuaciones

Una argumentaci?n que de acuerdo con el informe del recurso elaborado por la Abogac?a General de la Generalitat Valenciana -en el que se sostiene que "todos estos principios se encuentran al amparo del art?culo 9.3 de la Constituci?n- podr?a suponer una nulidad de todo lo actuado a nivel procedimental.

Seg?n el Consell, La reducci?n del agua del trasvase Tajo-Segura tiene un impacto desproporcionado y de efectos irreversibles desde el punto de vista econ?mico, social y ambientalpara la cuenca hidrogr?fica. Por ello, lamejor alternativa es la de mantener el trasvase con un caudal ecol?gico de 7 m3/s en Aranjuez. As? lo indica la Abogac?a General de la Generalitat Valenciana en uno de los alegatos de peso del recurso contencioso-administrativo que se ha presentado ante el Tribunal Supremo y que ahora ha sido admitido a tr?mite.

En la apelaci?n también hay referencias a la reiterada jurisprudencia en la que se expone que el establecimiento de caudales ecol?gicos debe configurarse “con el menor detrimento posible de los existentes derechos de uso del agua”. Es decir, en su fijaci?n deben acogerse criterios de proporcionalidad e intervenci?n m?nima, de modo que las posibles restricciones a los derechos de uso ya existentes sean los menores posibles.



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