La persecuci?n de civiles por razones pol?ticas en Nicaragua constituye un crimen contra la humanidad, seg?n el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre el pa?s centroamericano, que han constatado casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y retirada indiscriminada de la nacionalidad, entre otros abusos.

El grupo ha concluido que no se trata de un fen?meno aislado, sino que "se perpetran de manera generalizada y sistem?tica por motivos pol?ticos", en palabras del experto independiente Jan Simon. "La poblaci?n nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra", ha advertido.

Por ello, han reclamado a la comunidad internacional que impongan sanciones tanto contra dirigentes como contra instituciones, en la medida que hay un patr?n claro para "eliminar, por diferentes medios, cualquier oposici?n en el pa?s". Se?alan directamente al presidente, Daniel Ortega, y a su 'n?mero dos' y esposa, Rosario Murillo.

"Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras", ha advertido Simon en un comunicado.

Los expertos estiman que m?s de 3.100 organizaciones de la sociedad civil han cerrado desde el a?o 2018, mientras que pr?cticamente todos los medios independientes y las organizaciones que supervisan los Derechos Humanos operan desde el exterior.

La situaci?n ha seguido empeorando en las ?ltimas semanas, con la retirada de la nacionalidad de 300 personas catalogadas de "traidores a la patria" por las autoridades nicaragüenses.

La experta ?ngela Mar?a Buitrago ha afirmado que, para "acelerar" la utilizaci?n de las instituciones como "arma", las autoridades "han buscado la persecuci?n, criminalizaci?n y eliminaci?n de cualquier voz opositora", lo que ha llevado a que miles de personas se hayan visto "obligadas" a salir de Nicaragua.

En este sentido, han acusado a las autoridades de obstruir cualquier investigaci?n sobre los abusos, parte de los cuales se remontan a la represi?n de las protestas de 2018, pese a que polic?as, funcionarios penitenciarios y milicianos aliados del Gobierno habr?an cometido actos de tortura f?sica y psicol?gica.

Simon ha subrayado que los abusos acreditados en el informe "dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, as? como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables", bien sea bajo el marco legal nicaragüense o el de terceros pa?ses. "Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta informaci?n para tomar acci?n", ha enfatizado.



أكثر...