La pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel D?az Ayuso, el empresario Alberto Gonz?lez Amador, comparecer? por primera vez este lunes ante la jueza Mar?a Inmaculada Iglesias para ofrecer todas las explicaciones que considere oportunas para defenderse de la denuncia que la fiscal?a present? contra él por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, y que ha supuesto de rebote la apertura de otro procedimiento en el que se investiga al propio ministerio p?blico y que puede llegar a alcanzar al fiscal general del Estado, ?lvaro Garc?a Ortiz.

Todo ello por la nota que desde la Fiscal?a Provincial de Madrid se envi? a los medios de comunicaci?n para informar de los principales puntos de las conversaciones mantenidas entre Carlos Neira, abogado de Gonz?lez Amador, y el fiscal que redact? al denuncia, Jul?an Salto, ante la publicaci?n de una informaci?n parcial e incompleta por parte de algunos medios de comunicaci?n. La pareja de la presidenta madrile?a y el Colegio de la Abogac?a de Madrid presentaron sendas denuncias contra el fiscal y su superior, Pilar Rodr?guez, contra la que apunt? D?az Ayuso en redes sociales desde que se conoci? los problemas con la justicia del empresario, al recordar que fue directora general durante Gobierno socialistas. D?as después Garc?a Ortiz asumi? la responsabilidad ?ltima de la comunicaci?n, por lo que podr?a tener que responder ello.

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El procedimiento seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid transcurre en paralelo al que este lunes inicia la denuncia fiscal contra Gonz?lez Amador y en ocasiones ha parecido eclipsarla. La acusaci?n contra el empresario parte de laAgencia Tributaria, que el pasado 22 de febrero remiti? a la Fiscal?a Provincial de Madrid el informe en el que hab?a detectado un fraude fiscal por un importe que pod?a ser constitutivo de delito (al superar los 120.000 euros) por parte de la entidad Maxwell Cremona Ingenier?a y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. El fiscal Salto redact? la correspondiente denuncia el 13 de febrero. Se present? en los juzgados madrile?os de Plaza de Castilla el pasado 5 de marzo.

La denuncia, que correspondi? al Juzgado de Instrucci?n n?mero 19 de Madrid, atribuye a Gonz?lez Amador dos delitos fiscales por haber presuntamente defraudado a Hacienda a través del Impuesto de Sociedades 155.000 euros en el a?o 2020 y 195.951 euros, en 2021, "de forma consciente y voluntaria". También le imputa a un delito de falsedad en documento mercantil, porque considera que "en su conducta defraudatoria" declar? gastos ficticios por servicios nunca prestados para lo que las empresas también denunciadas habr?an realizado facturas falsas por distintos importes de entre 10.000 y hasta 922.585 euros.

Facturas falsas

La denuncia considera que en el ejercicio de 2020, Maxwell Cremona se dedujo una factura de 620.000 euros de la sociedad mexicana Mke Manufacturing que no responde a ning?n servicio prestado. En 2021, repiti? la deducci?n con una factura de 922.585 euros de la costarricense Gayani; cuatro facturas cada una de 12.800, de P?rpura Star; una de 20.000 de Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo; otra de 21.200 de Manantial; cinco (tres de 10.000, una de 16.000 y otra de 20.000) de Bianconera de Servicios Profesionales; una de 10.500 de Bianconera Spa, y una de 11.495, de Ginmosur.

Ese a?o, Maxwell Cremona factur? algunos de sus servicios a su principal cliente, Quir?n Salud, a través de Masterman & Whitaker, de la que Alberto Gonz?lez también es socio ?nico y administrador. Seg?n la denuncia fiscal, "dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios", por lo que se recurr?a a los de Maxwell Cremona. De ah? que considere que el objetivo de estas pr?cticas sea "un ahorro fiscal al trasladar parte de actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener".

El TSJ busca al m?ximo responsable

El inicio de las declaraciones en la causa penal contra el empresario, que han producido toda una tormenta pol?tica con pocos precedentes, coincide con las primeras diligencias contra los fiscales que le persiguen. El pasado jueves, el magistrado del Tribunal Superior madrile?o Francisco José Goyena notific? el auto en el que incoa las primeras diligencias contra los fiscales.

Entre las medidas acordadas, el magistrado reclama saber "quiénes fueron las personas f?sicas concretas que intervinieron en la decisi?n de hacer p?blico dicho comunicado de prensa y el m?ximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acord? o dio el visto bueno a la decisi?n de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido". Ello apunta directamente al fiscal general, ?lvaro Garc?a Ortiz que, de resultar formalmente investigado, lo ser?a por el Tribunal Supremo, dada su condici?n de aforado.

Por esta raz?n, un asunto inicialmente ordinario como es una causa por fraude contra un ciudadano -la mayor?a de las cuales concluye en pacto, beneficioso para todas las partes- puede acabar derivando en una cuesti?n de grave afectaci?n para el Gobierno de Pedro S?nchez, que es quien design? a Garc?a Ortiz como fiscal general pese a ser el primero en la historia de nuestra democracia que no obtuvo el aval de idoneidad por parte del Conejo General del Poder Judicial.

La figura de Garc?a Ortiz se encuentra, en todo caso, cercada por otras polémicas. Esta misma semana la Asociaci?n de Fiscales, mayoritaria en la carrera, y que ha pedido su dimisi?n en varias ocasiones, respondi? con contundencia a las manifestaciones en las éste afirmaba que encuentra "objetivos idénticos" entre algunas asociaciones de jueces y fiscales y determinados partidos pol?ticos. Por ello ha anunciado que se levanta de la mesa en la que se trabajaba en una reforma Estatutaria de cara al proyecto para dar la instrucci?n penal a los fiscales, un asunto que el Gobierno tiene entre sus objetivos impulsar.

Llov?a sobre mojado: tan s?lo unos d?as antes, adem?s de admitirse la querella presentada por el novio de D?az Ayuso, se conoc?a que el Supremo hab?a anulado su decisi?n de nombrar a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, al frente de la Fiscal?a de Sala de Memoria Democr?tica. Para rematar todo ello fue reprobado por la mayor?a conservadora en el Senado.



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