Koldo Garc?a, quien fuera asesor del exministro José Luis ?balos, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisi?n del juez instructor del 'caso Koldo' de no devolverle para su uso la motocicleta de la marca Suzuki y el veh?culo propiedad de su mujer, un crossover modelo Kia Niro.

En un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que fue en febrero de 2024 cuando el Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 acord? "la prohibici?n absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar" respecto de determinados veh?culos de la pareja. Y ahora, para tratar de que la Sala de lo Penal rectifique esta decisi?n del juez, recuerda que estos "son los medios de transporte de que disponen (...) para su d?a a d?a, esto es para poder trasladarse a sus trabajos, as? como para poder llevar y recoger a su hija de cuatro a?os al colegio".

"No podemos compartir la extrema dureza que supone para nuestros representados privarles de todo medio de transporte para su quehacer diario y poder continuar con sus labores profesionales, y, sobre todo, para permitir que la hija de mis patrocinados pueda seguir acudiendo al colegio y a sus actividades extraescolares", apunta.

En este sentido, entiende la defensa que se puede mantener la prohibici?n de vender o enajenar esos bienes pero al mismo tiempo permitir la utilizaci?n de los mismos. Esto, a su juicio no supone "sino respetar la finalidad que se persigue con la medida cautelar, pues existiendo el bien, siempre podr? responder a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran en el futuro recaer".

Cabe recordar que en esta causa, el magistrado Ismael Moreno investiga a siete personas por pertenecer a una presunta trama que habr?a pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia.

La Fiscal?a Anticorrupci?n les atribuye a todos presuntos delitos de organizaci?n criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda P?blica y tr?fico de influencias. En total, est?n bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administraci?n P?blica con un importe global de 51.998.434 euros.



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