Por segunda vez en medio a?o, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, desfilar? este lunes por los pasillos del Senado. Su objetivo, el mismo del pasado octubre, ser? defender la amnist?a ante los ataques del PP en la Comisi?n General de Comunidades Aut?nomas. Los populares han convocado este foro para sumar un ladrillo m?s al muro que pretenden construir contra la medida de gracia y la argamasa ser? un informe devastador en el que denuncian el "precedente peligroso" que supone para el Estado auton?mico. Pero, ?qué se debate en realidad y qué implicaciones tiene?

Un texto del PP sin consecuencias

Lo primero es comprender que el informe que va a aprobar la Comisi?n General de Comunidades Aut?nomas est? redactado ?nicamente por el PP y no tiene en cuenta las opiniones ni propuestas del resto de formaciones pol?ticas. Con su mayor?a absoluta, los populares han impuesto este texto y este lunes lo pondr?n en boca de la C?mara Alta. Adem?s, no tiene ninguna implicaci?n real, ya que no es vinculante y solo servir? para mostrar el parecer del Senado ante la amnist?a. Eso s?, el informe acompa?ar? a la norma durante el resto de la tramitaci?n y hasta su llegada al Tribunal Constitucional o a instancias europeas.

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La dimensi?n auton?mica

El PP se aferr? a un art?culo del reglamento del Congreso para solicitar un informe a esta comisi?n sobre las repercusiones auton?micas que puede tener la amnist?a. No obstante, el documento desarrolla escasamente este aspecto. Subraya que es un "precedente peligroso" para el Estado auton?mico porque ofrece "una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales" futuros que desaf?en "los principios constitucionales de unidad, autonom?a y solidaridad".

También detallan que la medida de gracia afectar?a econ?micamente al resto de comunidades al perdonarse los delitos de malversaci?n que da?an a la Hacienda ?nica del Estado, de la cual se financian todas las autonom?as, vulnerando el principio de igualdad.

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Tramitaci?n e inconstitucionalidad

El grueso del informe se centra en denunciar la tramitaci?n "fraudulenta" de la ley, detallando distintos incidentes que han ocurrido en su paso por el Congreso, y su "inconstitucionalidad". En este sentido, el PP sostiene que la amnist?a no est? recogida en la Constituci?n; que durante la redacci?n de la Carta Magna se rechazaron dos enmiendas para incluirla; y que est?n prohibidos los indultos generales y, por tanto, impl?citamente las amnist?as. Sobre este argumento, los populares apuntan que la ley es, en realidad, una reforma encubierta de la Constituci?n, ya que viene a ocupar un vac?o. Esta es la base sobre la que este miércoles aprobar?n en el pleno del Senado un choque con el Congreso por usurpaci?n de funciones que, previsiblemente, acabar? en el Tribunal Constitucional.

Principio de igualdad y separaci?n de poderes

"La amnist?a implica una flagrante violaci?n del principio de igualdad", asevera el informe. Seg?n los populares esto se debe a que exime a "un colectivo de ciudadanos, los amnistiados, de la observancia de una norma". Adem?s, el PP afirma que supone también una "alteraci?n del principio de divisi?n de poderes", ya que se "rectifican decisiones judiciales previas e incluso se impide la leg?tima actuaci?n del Poder Judicial". Y, por ?ltimo, sostienen que "destruye la certeza del derecho y la previsibilidad de las consecuencias jur?dicas anudadas a su aplicaci?n". Todo esto, insisten, se podr?a hacer si estuviera en la Constituci?n.

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Aviso al TC y conclusiones

Tras esta cr?tica exhaustiva, el informe asegura que la amnist?a supone la "deslegitimaci?n del Estado, de su Derecho y de sus Instituciones". En este sentido, avisan al*Tribunal Constitucional*de que si no anula la norma cuando esta sea aprobada se crear? un "precedente nefasto" y "nada impedir? a otra mayor?a coyuntural en el futuro aprobar otras amnist?as" y ofrecer impunidad a "todo tipo de*movimientos separatistas*y de*actos insurreccionales".*"Nos encontramos, por ello, ante el mayor atentado contra el principio de seguridad jur?dica que se ha producido en Espa?a desde la aprobaci?n de la Constituci?n de 1978", concluyen los populares.



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