El Partido Popular ha fulminado de manera definitiva la Oficina Anticorrupci?n de Baleares, convirtiéndose as? en la primera comunidad aut?noma que decide clausurar un organismo de control de estas caracter?sticas. Una medida que da carpetazo a las principales investigaciones del organismo, entre las que destaca la acusaci?n al director general de Emergencias del actual Govern y socio del padre de la presidenta Marga Prohens, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una trama de corrupci?n urban?stica en Campos y que provocar? que las declaraciones de bienes por parte de los miembros del Ejecutivo no sean p?blicas. No obstante, los populares defienden la necesidad de cerrar dicha oficina "socialista" para evitar duplicidades de funciones, creando una nueva ley deTransparencia que ha sido aprobada esta ma?ana en el Parlament.

La medida, que no formaba parte del programa del PP ni de su acuerdo de investidura con Vox, provoca la clausura del ente en un plazo m?ximo de 6 meses y cesa de manera fulminante, una vez se publique la nueva ley en el BOIB, al director T?fol Mil?n, situado en el centro de la diana por parte de los populares. Respecto a las m?s de 200 denuncias pendientes de resolver por parte del organismo, todos los expedientes se remitir?n a la Inspecci?n General de Servicios de la Comunidad Aut?noma, ?rgano dependiente de la conselleria de Funci?n P?blica, que se encargar? de enviarlos «al ?rgano que considere, a fin de que por estas se les dé la tramitaci?n que legalmente proceda".

Caducidad de expedientes

No obstante, de estas denuncias abiertas, la nueva ley determina la caducidad de los casos que lleven m?s de nueve meses abiertos con el objetivo de que sean posteriormente archivados, sin necesidad de revisi?n. "Se declara la caducidad de los procedimientos de investigaci?n en curso que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, superen el plazo de seis meses de duraci?n o de un m?ximo de nueve meses para aquellos procedimientos prorrogados, a contar desde el acuerdo de iniciaci?n de las actuaciones, procediéndose al archivo de estos expedientes", expresa la normativa.

De esta forma, la normativa empieza a contar "desde el acuerdo de iniciaci?n de las actuaciones", lo que supone que la investigaci?n que apunta al actual director de Emergencias, socio del padre de Prohens, acusado de encabezar una trama de corrupci?n urban?stica en Campos, abierta en un principio en 2020 quedar? totalmente caducada y, por ende, archivada.

Nueva ley de "transparencia"

El cierre de la Oficina Anticorrupci?n y la creaci?n de una nueva ley de "transparencia" también provoca que a partir de ahora las declaraciones patrimoniales de los miembros del Govern tendr?n "car?cter reservado", quedando registrado quién pueda acceder a las mismas. Un registro que no incorpora régimen sancionador respecto a las declaraciones. Asimismo, también se suprimen las denuncias an?nimas por parte de los ciudadanos.



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