La Audiencia Nacional ha salido en defensa del juez Manuel Garc?a Castell?n frente a las palabras dirigidas contra él por parte de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, y no solo lo ha hecho través de manifestaciones de apoyo de sus compa?eros, sino también mediante un auto, con fecha de este mismo viernes, en el que los tres magistrados de la Sala de lo Penal que tiene que revisar las decisiones del instructor del caso Tsunami Democràtic califican de "absolutamente rechazables" las alegaciones de las defensas de los investigados "sobre una pretendida motivaci?n pol?tica" del instructor.

Ribera aludi? en una entrevista televisiva a la "querencia" de Manuel Garc?a Castell?npor dictar sus resoluciones "en momentos pol?ticos sensibles". Por su parte, los magistrados Alfonso Guevara Francisco, Javier Vieira y Carlos Fraile Coloma avalan las decisiones del titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 6 al dictar los autos del pasado mes de noviembre en los que imput? indiciariamente delitos terroristas tanto al expesident Carles Puigdemont como a la secretaria general de ERC Marta Rovira y otras personas relacionadas con Tsunami. Rechazan que Garc?a Castell?n actuara a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre PSOE y Junts o frente a la proposici?n de ley de amnist?a.

Los magistrados responden de esta forma a un recurso que interpuso el abogado Gonzalo Boye, que defiende al investigado Josep Lluis Alay Rodriguez, jefe de gabinete del expresidente catal?n Carles Puigdemont. En su auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del Grupo Prensa Ibérica, La sala también se refiere al rechazo el pasado lunes de las recusaciones presentadas, entre otros, por Josep Llu?s Alay, que buscaba apartar a Garc?a Castell?n de la causa al no considerarle imparcial.

Esta defensa por la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se suma al contenido del comunicado hecho p?blico tras la reuni?n de car?cter extraordinario de la Comisi?n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que ha censurado de forma un?nime las palabras de la vicepresidenta primera, se?alando que vulneran el principio de lealtad institucional y contribuyen al deterioro de las instituciones.



En su declaraci?n, el ?rgano de gobierno de los jueces entiende que estas manifestaciones de Ribera son también contrarias "al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Uni?n Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separaci?n de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque solo unos jueces en los que sus conciudadanos conf?en podr?n prestar".



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