El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales, de forma un?nime, determinados preceptos que propiciaron una subida de impuestos auspiciada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016, si bien las consecuencias de esta decisi?n ser?n limitadas. La sentencia afecta a las cuotas del impuesto de sociedades aplicada desde dicho a?o, tras la entrada en vigor de un decreto-ley aprobado en época del ministro Crist?bal Montoro.

No obstante, y "por exigencias del principio de seguridad jur?dica", la resoluci?n declara que no podr?n considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que ya hayan sido fijadas por sentencia firme. Tampoco las que a fecha de dictarse esta sentencia no hayan sido llevadas a los tribunales ni las autoliquidaciones cuya rectificaci?n no haya sido a?n solicitada.

La resoluci?n, con base en una ponencia del magistrado César Tolosa, estima con su decisi?n una cuesti?n de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional, que encontraba dudas de constitucionalidad a la hora de dirimir sobre un recurso contra este impuesto. El decreto de Montoro buscaba aumentar la recaudaci?n fiscal y dar cumplimiento a los objetivos de déficit p?blico exigidos entonces por la Uni?n Europea. Para gran parte de los empresarios, la normativa se tradujo en un aumento del nivel recaudatorio en el impuesto de sociedades.



Ahora, el Constitucional ha logrado unir los criterios de sus magistrados tanto conservadores como progresistas para responder que la aprobaci?n de dichas medidas por Real Decreto-ley vulnera la Constituci?n, pues mediante dicho instrumento normativo no se puede “afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T?tulo I”. En concreto, estima afectado el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p?blicos que establece la propia norma fundamental.



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