La reciente aprobaci?n de la Ley de Funci?n P?blica ha tra?do consigo una serie de transformaciones significativas tanto para los funcionarios en ejercicio como para aquellos que aspiran a formar parte de la Administraci?n General del Estado. Uno de los cambios m?s destacados es la implementaci?n de evaluaciones por desempe?o y la introducci?n de nuevos complementos salariales. Sin embargo, es en el ?mbito de las oposiciones donde se vislumbran reformas sustanciales con el objetivo de agilizar los procesos selectivos.

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La agilizaci?n de las Ofertas de Empleo P?blico (OPE) constituye uno de los principales focos de la nueva normativa. A partir de 2024, las plazas deber?n convocarse en el mismo a?o en que se anunci? la oferta p?blica, reduciendo as? los plazos de espera para los opositores. Se establece un l?mite de dos a?os para la ejecuci?n de la convocatoria, garantizando una cobertura m?s r?pida de las plazas disponibles. Adem?s, la Ley proh?be que el proceso de oposici?n se extienda por m?s de un a?o, asegurando una mayor eficiencia en las pruebas selectivas.

Otra innovaci?n significativa es la posibilidad de volver a convocar plazas que no hayan sido cubiertas en la ejecuci?n de la convocatoria, siempre y cuando no hayan transcurrido m?s de tres a?os desde la publicaci?n de la oferta p?blica de empleo. Este enfoque flexible permite adaptar las convocatorias a las necesidades cambiantes de la Administraci?n.

En el ?mbito de las pruebas selectivas, la Ley busca una mayor practicidad al centrarse en las funciones y tareas espec?ficas asociadas a los puestos de trabajo ofertados. Se promueve la territorializaci?n en la oferta de plazas para adecuar las oposiciones a las caracter?sticas y necesidades espec?ficas de cada regi?n.



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