El fiscal general del Estado, ?lvaro Garc?a Ortiz, deber? pronunciarse como presidente del Consejo Fiscal sobre la decisi?n que ha adoptado el jefe Anticorrupci?n, Alejandro Luz?n, de apartar a la fiscal adscrita al caso que se instruye en un juzgado de Tarragona de parte de las pesquisas sobre las actividades presuntamente delictivas del despacho Equipo Econ?mico, fundado en 2006 por el exministro de Hacienda Crist?bal Montoro. La parte de la instrucci?n afectada tiene que ver con posible delito de revelaci?n de secretos por el uso por parte de este despacho de sus influencias en el Ministerio de Hacienda para beneficiar a sus clientes.

La intervenci?n de Ortiz se enmarcar? en el Consejo Fiscal, un ?rgano de car?cter consultivo que representa a la Carrera y que tiene entre sus funciones la de "expresar su parecer" cuando un superior jer?rquico "avoca" para s? o designa a otro fiscal para un asunto concreto que llevaba inicialmente otro compa?ero. As? lo se?ala el Estatuto Org?nico del Ministerio Fiscal en su art?culo 23.

La decisi?n de Luz?n se produjo después de que la fiscal Garc?a Cerd?, a la que fue designada inicialmente la investigaci?n del juez de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona, Rubén Rus, recurriera a un mecanismo poco habitual, la aplicaci?n del art?culo 27 del Estatuto Fiscal, para mostrar su discrepancia con las ?rdenes iniciales de su jefe de no practicar m?s diligencias en relaci?n con los documentos adjuntos a los correos que hab?an aparecido en la causa.

Estos correos hacen referencia a la situaci?n fiscal de distintas personas, algunas de ellas de relevancia p?blica, como son la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el exministro de Econom?a Rodrigo Rato, o el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero; as? como de particulares como el periodista de ABC Javier Chicote. La postura de la fiscal del caso, sin embargo, no se vio respaldada por sus compa?eros, ya que tan solo cuatro de ellos defendieron su criterio frente a los 19 que respaldaron la postura del jefe Anticorrupci?n.



Informe de la fiscal del caso

Aunque la documentaci?n relativa a la "avocaci?n" decidida por Luz?n sobre Garc?a Cerd? no ha llegado a?n de forma oficial a Consejo Fiscal -tampoco se tiene constancia de la inclusi?n del asunto en el orden del d?a de la pr?xima reuni?n- algunos vocales s? disponen de informaci?n oficiosa sobre este asunto. La propia Garc?a Cerd?, con el objetivo de dotar a los vocales de la mayor informaci?n disponible, ha remitido un informe completo sobre su actuaci?n en la causa que, seg?n fuentes consultadas por este diario, contendr?a incluso pantallazos de la documentaci?n afectada por las ?rdenes de su jefe.

Del Consejo Fiscal, presidido por ?lvaro Garc?a, forma también parte la jefa de la Inspecci?n fiscal, Mar?a Antonia Sanz, que es precisamente quien la pasada semana abri? diligencias informativas contra la fiscal Carmen Garc?a Cerd? por una supuesta falta muy grave de desobediencia respecto a las ?rdenes dadas por su jefe en la causa. Esta investigaci?n inicial determinar? si finalmente es necesaria la intervenci?n del promotor de la acci?n disciplinaria, Manuel Moix, que puede concluir en sanci?n.

La tercera miembro nata del Consejo es la teniente fiscal del Tribunal Supremo Mar?a ?ngeles S?nchez Conde, mientras que el resto de vocales son los designados por las asociaciones mediante votaci?n. En la actualidad, la que cuenta con mayor representaci?n, con un total de seis vocal?as, es la Asociaci?n de Fiscales, de corte conservador y a la que pertenece la propia Garc?a Cerd?.

Un Consejo hostil

Sin embargo, entre sus representantes se encuentra el también fiscal Anticorrupci?n Jorge And?jar, que fue uno de los integrantes de la Junta de Fiscales que votaron en su contra en la Junta del art?culo 27. La Uni?n Progresista de Fiscales cuenta con dos vocales en el Consejo, mientras que la Asociaci?n Profesional e Independiente de Fiscales suma uno m?s. En el entorno de la fiscal del caso se se?ala que por esta raz?n no se espera que el Consejo Fiscal ofrezca mucho apoyo a su criterio, aunque el escrito que ésta ha remitido busca que los vocales cuenten con la mayor informaci?n disponible cuando aborden el asunto.

La causa contra equipo Econ?mico --la segunda que se abre contra el despacho, tras la investigaci?n sobrese?da en 2019 por un juzgado de Madrid--, investiga si las personas que dirigen el bufete formar?an parte de una trama u organizaci?n dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gas?sticas englobadas en la Asociaci?n de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)".

No obstante, la documentaci?n incautada en el curso de las pesquisas hace sospechar a los investigadores que la actividad presuntamente delictiva podr?a haberse repetido en el caso de otros clientes del despacho, y la investigaci?n se encontraba a expensas de analizar toda esa informaci?n antes de que se produjeran las decisiones de Luz?n con respecto a su subordinada.

Se da adem?s la circunstancia de que esta no es la primera vez que la fiscal Garc?a Cerd?, que sigue siendo la responsable del resto de la causa, ha visto limitada su actuaci?n en el procedimiento, que instruye el titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. El teniente fiscal de Anticorrupci?n, Antonio Romeral, n?mero dos de Alejandro Luz?n, ya le sustituy? cuando el Ministerio P?blico logr? tumbar con un recurso la decisi?n del magistrado de grabar las conversaciones telef?nicas que manten?an varios sospechosos.

El fiscal Romeral consider? que el instructor no hab?a valorado "de forma correcta los diferentes indicios" descubiertos por los agentes, por lo que no estaba justificada "la adopci?n de una medida tan injerente en los derechos fundamentales" como es controlar el contenido de las llamadas, y present? un recurso al margen de la propia fiscal del caso. La Audiencia de Tarragona acab? dando la raz?n al teniente fiscal, al considerar que la decisi?n del instructor se sustentaba en una denuncia an?nima, por lo que los sospechosos no fueron grabados por la Polic?a Judicial.



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