Los tres agentes de la Polic?a Nacionalprocedentes de Mallorca y Menorca, cuya infiltraci?n en grupos anarquistas e independentistas catalanes y ha quedado al descubierto por una investigaci?n period?stica, actuaban sin control judicial. Tampoco lo necesitaban, seg?n las fuentes jur?dicas y de las fuerzas de seguridad consultadas, porque su misi?n era obtener informaci?n y no recabar evidencias de delitos para su uso para un proceso judicial. Eran topos en movimientos sociales que la Comisar?a General de Informaci?n —la llamada ‘Polic?a secreta’— pretend?a tener bajo control. Una situaci?n que los sit?a en un opaco limbo legal bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales, esgrimida por el ministerio del Interior en sus respuestas parlamentarias sobre este asunto.

La investigaci?n de la revista catalana La Directa, que en el ?ltimo a?o ha desvelado la actividad de estos tres agentes —dos mallorquines y un menorqu?n— evidencia un plan de actuaci?n policial. Todos formaron parte de la promoci?n de 2019 en la academia de ?vila y desembarcaron enseguida en Barcelona y Girona, donde se mimetizaron en diversos colectivos vinculados principalmente al independentismo, aunque también se infiltraron en organizaciones libertarias y del movimiento okupa, en los que cobraron cierto protagonismo. Todos ten?an documentaci?n falsa que en algunos casos utilizaron incluso para cursar estudios universitarios en sus destinos. Tras hacerse p?blica su condici?n de polic?as, varias personas relataron que hab?an mantenido relaciones sexuales y de pareja con los agentes y han presentado querellas por delitos de violaci?n y contra la integridad moral.

Las fuentes consultadas distinguen dos tipos de infiltraci?n policial. Una, la del agente encubierto, regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adentrarse en organizaciones criminales de alto nivel, como terroristas, narcos o traficantes de personas y armas. Esta figura requiere de control judicial para garantizar que las pruebas recabadas, vulnerando en muchas ocasiones derechos fundamentales de los investigados, sean v?lidas en un juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Balears anul? recientemente la investigaci?n contra un pederasta de Palma porque la Polic?a se hab?a infiltrado con identidades falsas en grupos cerrados de internet —vulnerando as? el derecho al secreto de las comunicaciones—, sin la pertinente autorizaci?n judicial. La ley, adem?s, exime a los agentes de los posibles delitos que cometan en el marco de estas pesquisas tuteladas por un juez.

No es el caso de los tres polic?as de Baleares, a los que las fuentes califican de infiltrados «que solo buscan informaci?n». «Son labores de espionaje. El objetivo no es obtener pruebas, sino ver qué se est? cociendo en determinados movimientos», se?alan. Los agentes de Mallorca y Menorca desembarcaron en Catalu?a en los meses posteriores a la condena de los l?deres del procés. Una de las polic?as infiltradas inici? una relaci?n de pareja con un destacado miembro de los CDR (Comités de Defensa de la Rep?blica) de Girona que hab?a sido detenido y procesado por los cortes de la v?as del AVE en 2018.

Opacidad y secretismo

La regulaci?n de esta figura policial es mucho m?s opaca, ya que los polic?as no rinden cuentas m?s que ante sus propios superiores y los datos obtenidos en esta labor de espionaje no deben ser utilizados luego en un juicio ni, por tanto, rebatidos. El propio ministerio del Interior, en sus réplicas a las preguntas que diversos grupos parlamentarios han formulado sobre este grupo de polic?as, los ha calificado de «agentes de inteligencia» cuya labor es «la captaci?n de informaci?n de interés para el orden y la seguridad p?blica». El Gobierno ha se?alado que la Comisar?a General de Informaci?n «solicit? autorizaci?n administrativa», admitiendo as? que actuaban sin tutela judicial y remitiéndose a un expediente «declarado secreto» con arreglo a una legislaci?n de 1968. La tesis de Interior, como sostuvo el ministro Fernando Grande-Marlaska en el Senado, es que las actividades de estos agentes «cumplen los principios de legalidad y los valores constitucionales» y que su labor es «la prevenci?n de delitos». Queda as? sin aclarar qué uso hacen las fuerzas de seguridad de la abundante informaci?n que este grupo de funcionarios obtuvo durante sus largas infiltraciones, que se prolongaron durante unos dos a?os hasta que los miembros de los colectivos a los que espiaban empezaron a sospechar.

La operaci?n empez? a truncarse hace ahora un a?o, cuando La Directa empez? a revelar las infiltraciones, que hab?an sido todo un éxito durante meses. Tras las informaciones period?sticas, los polic?as mallorquines empezaron la fase de retirada y extracci?n, distanci?ndose paulatinamente de los entornos en los que se hab?an infiltrado hasta desaparecer para siempre.

Las actividades de este grupo de agentes est? ahora judicializada tras las denuncias y querellas presentadas por sus antiguos ‘compa?eros’ en los colectivos espiados, a las que los juristas consultados auguran poco recorrido. La Audiencia Nacional ya rechaz? abrir una investigaci?n contra uno de estos funcionarios al no apreciar indicios criminales en su labor.



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