Dentro de dos a?os, las casi 1.800 empresas gallegas que superan el medio centenar de trabajadores se arriesgar?n a multas de 60.001 a 120.000 euros si no reducen cada anualidad sus emisiones de gases contaminantes. La Xunta impulsa una ley que pretende blindar la intenci?n de rebajar el impacto de la comunidad sobre el cambio clim?tico y estas firmas estar?n obligadas a colaborar so pena de castigo econ?mico.

As? lo establece el anteproyecto de Lei do Clima, un compendio de medidas para otorgar rango de ley a varios de los compromisos adquiridos por la administraci?n auton?mica, como rebajar un 57% las emisiones de gases contaminantes hasta 2030 y lograr la neutralidad clim?tica en 2050, lo que quiere decir que las emisiones queden compensadas por la capacidad de absorci?n de los montes gallegos.

Uno de los apartados novedosos de esta legislaci?n, que se someter? a exposici?n durante un mes y que la Xunta pretende que sea aprobada por el Parlamento este a?o, radica en la creaci?n de un registro gallego de huella de carbono, en el que todas las medianas y grandes empresas estar?n obligadas a inscribirse. Esa obligaci?n estar? vigente un a?o después de la luz verde a la norma. Galicia cuenta con 1.474 firmas de la primera categor?a –entre 50 y 259 empleados– y 303 de la segunda –a partir de esa cifra–, seg?n cifras del Instituto Galego de Estat?stica correspondientes a 2021.

Instalaci?n industrial en Galicia | El Correo Gallego
Esa inscripci?n estar? acompa?ada por el c?lculo anual de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, los datos de reducci?n de las mismas y los “proyectos de absorci?n de di?xido de carbono asociados”, fundamentalmente a través de la plantaci?n de ?rboles o la compra de “aire limpio” de montes de otros propietarios, es decir, el pago por la compensaci?n a través de hect?reas forestales de esas emisiones.

La administraci?n auton?mica recuerda que el Gobierno central “va a regular esa cuesti?n a través del real decreto del registro de la huella de carbono”, pero Galicia se quiere adelantar con su propio sistema.

“En ning?n caso, la ley pretende ser ?nica y exclusivamente punitiva, sino un instrumento para dotar a las empresas de planes de reducci?n de las emisiones para contribuir al objetivo final, que es luchar contra el calentamiento global. Pero es preciso, como en toda norma, establecer un marco de incumplimientos y de las sanciones que estos llevan aparejadas”, justifican fuentes de la Vicepresidencia segunda y Conseller?a de Medio Ambiente.

Multas de hasta 120.000 euros

Las medianas y grandes empresas se arriesgar?n a varias multas. Las muy graves, con castigos de 60.001 a 120.000 euros, se aplicar?n si incumplen la obligaci?n de reducir sus emisiones. Si se ajustan a esta exigencia, pero eluden la inscripci?n en el registro gallego ser?n castigadas con una sanci?n leve, cuyo m?ximo ser? de 30.000 euros, seg?n consta en el anteproyecto legal.

Medio Ambiente defiende la importancia de este registro porque “permitir? conocer en qué punto est? Galicia de cara al cumplimiento de los objetivos marcados en la ley y posibilitar? orientar mejor los planes de descarbonizaci?n a aplicar en la comunidad”.

La ley afecta a todo tipo de empresas | Faro de Vigo
Es m?s, la norma, que establecer? obligaciones a este tipo de empresas y también a la propia administraci?n, fijar? las emisiones m?ximas permitidas para toda Galicia a través de los denominados “presupuestos de carbono”. Fijar?n las l?neas de actuaci?n durante per?odos quinquenales.

Un plan de descarbonizaci?n para los concellos m?s peque?os

La futura normativa establece varias obligaciones para los ayuntamientos gallegos que no superan los 20.000 habitantes, entre las que se encuentra la presentaci?n de un programa de “descarbonizaci?n”, que incluir? fuentes de energ?a, reducci?n del consumo de agua, gesti?n adecuada de residuos, sostenibilidad de insumos, reducci?n de materiales pl?sticos y flotas de veh?culos.

Su incumplimiento conllevar? sanciones graves, que oscilan entre los 30.001 y los 60.000 euros. La propia administraci?n auton?mica, incluyendo sus entes instrumentales, también deber? presentar este tipo de programas. En ambos casos, los contratos de suministro eléctrico una vez entre en vigor la ley deber?n garantizar el car?cter renovable de esa aportaci?n.

Una bolsa para comprar “aire limpio”

Las v?as para reducir la huella de carbono de empresas y administraciones son dos: reducir las emisiones o compensarlas mediante la compra de “aire limpio”. Esta v?a supone el pago a due?os de terrenos forestales por la capacidad de absorci?n de CO2 de los ?rboles o bien directamente por la plantaci?n de masas que constituyan “sumideros de carbono”.

La Xunta “fomentar? la amplificaci?n de la capacidad de captaci?n de gases de efecto invernadero, nombradamente di?xido de carbono, por sumideros, preferentemente naturales, tanto terrestres como marinos”. De hecho, crear? por ley su bolsa de carbono para impulsar la venta de aire limpio.

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Contacto de la secci?n de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es



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