ElTribunal Constitucionalha dejado en suspenso, mientras estudia su posible inconstitucionalidad, un precepto de la ley de la Comunidad de Madrid por la que se cre? la Agencia Madrile?a para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, y que obliga a las personas con discapacidad tuteladas a contar con una autorizaci?n judicial para recibir la ayuda a morir.

En su recurso, el Gobierno alegaba que la Comunidad de Madrid hab?a vulnerado las competencias del Estado al legislar en una materia que no le corresponde, por establecer un requisito para acceder a la prestaci?n eutan?sica no previsto en el la ley.

La norma impugnada aparece en la disposici?n adicional segunda de la ley regional, que dice expresamente que, "cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuaci?n que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de car?cter representativo para el ejercicio de la capacidad jur?dica o se determine de manera expresa en la resoluci?n que estableci? el apoyo, se tramitar? un procedimiento de jurisdicci?n voluntaria para la solicitud de autorizaci?n judicial".

El Constitucional suspende la aplicaci?n de la norma por un periodo de cinco meses mientras se estudia el fondo, si bien dicha paralizaci?n puede ser levantada en cualquier momento o prorrogarse cuando termine el plazo.

La interposici?n de este recurso fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 9 de mayo, y en ese momento la portavoz del Gobierno y ministra de Pol?tica Territorial, Isabel Rodr?guez se?al? que la norma del Gobierno de Ayuso incurre en vulneraciones constitucionales de car?cter procesal, de invasi?n en el ?mbito regulatorio del Estado y de ruptura de la reserva de Ley org?nica.

"Entendemos que no solamente est? afectando a una ley en vigor, como es la ley de eutanasia, esta normativa, a limitar los requisitos para acceder a los derechos que garantiza la ley de eutanasia, sino que ese concepto amplio de cualquier actuaci?n que afecte a los derechos de la vida cabe una interpretaci?n extensiva que podr?a incidir en otros derechos como intervenciones quir?rgica o transfusi?n de sangre", asegur? en dicho momento.

La ley de la Comunidad de Madrid entro en vigor el pasado mes febrero y recoge que la Agencia creada se encargar? de garantizar los derechos e impulsar la autonom?a de las personas que requieren de acompa?amiento para ejercer su capacidad jur?dica, es decir, tuteladas.



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