Garantizar el derecho al aborto en la sanidad p?blica es una obligaci?n para las comunidades aut?nomas, as? lo establece la ley. Y casi tres meses después de la entrada en vigor de la reforma de la ley de interrupci?n voluntaria del embarazo, y a cinco d?as de las elecciones del 28M, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha dirigido a las comunidades aut?nomas para exigir que garanticen el acceso de las mujeres a ese derecho en todos los territorios y en centros p?blicos.

La titular de Igualdad ha enviado una carta a todas las autonom?as con el objetivo de que desplieguen "urgentemente" las medidas relacionadas con la interrupci?n voluntaria del embarazo que se incluyeron en la reforma de la ley, aprobada el pasado 16 de febrero en el Congreso y que entr? en vigor el 1 de marzo.

Montero ha recordado a las distintas comunidades que aplicar la ley para garantizar los derechos de las mujeres es una "obligaci?n".

La reformada ley del aborto establece que todas las mujeres a partir de los 16 a?os podr?n interrumpir su embarazo "con independencia del lugar donde residan" y "en centros de la red sanitaria p?blica o vinculados a la misma".

Registro de objetores

Para garantizar ese derecho, establece la creaci?n de registros de profesionales sanitarios objetores de conciencia con el objetivo de que esa objeci?n individual no menoscabe el derecho de las mujeres que quieren abordar.

"El acceso o la calidad asistencial de la prestaci?nno se ver?n afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeci?n de conciencia", indica la ley, que obliga a los servicios p?blicos a organizarse para garantizar la disponibilidad del personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupci?n voluntaria del embarazo.

La carta de Montero tiene como objetivo precisamente instar a las comunidades aut?nomas a que "den los pasos necesarios" para que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales p?blicos, "incluyendo si es necesario la contrataci?n" de profesionales para ello.



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