El Tribunal Constitucional ha comenzado su pleno de esta semana con la admisi?n a tr?mite de varios recursos, entre ellos, el presentado por Vox contra la ley trans y de 50 diputados del PP contra la reforma penal que derog? la sedici?n y modific? el delito de malversaci?n, pactada entre el Gobierno y ERC pensando directamente en los l?deres independentistas que cumplen condena de inhabilitaci?n y en los que a?n tienen procedimientos pendientes por su responsabilidad en el 1-O.

El recurso que permitir? al tribunal de garant?as tener la ?ltima palabra sobre la ley que dividi? al feminismo tradicional del PSOE y las nuevas corrientes lideradas por Podemos fue interpuesto por m?s de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox contra varios de sus art?culos. El partido de ultraderecha considera que la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garant?a de los derechos de las personas LGTBI vulnera, entre otros, los art?culos 9.3, 10.2, 14, 16, 18, 20, 24, 25 o 27 de la Constituci?n.

El pleno también revisar? la Ley Org?nica 11/2022, de 22 de diciembre, de transposici?n de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptaci?n de la legislaci?n penal al ordenamiento de la Uni?n Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, des?rdenes p?blicos y contrabando de armas de doble uso, por la que se derog? la sedici?n y se modific? la malversaci?n.

El Grupo Parlamentario Popular sostiene que podr?a ser inconstitucional por defectos en su procedimiento de aprobaci?n, aunque centra su impugnaci?n a los preceptos que eliminan el delito de sedici?n y modifican los delitos de malversaci?n y desordenes p?blicos. Sostienen que estos art?culos podr?an infringir, entre otros, los art?culos 9.3, 14, 24, 117.3 o 62.i de la Constituci?n.

Contra el impuesto de grandes fortunas

El pleno del TC adem?s ha admitido a tr?mite también los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Asamblea de Madrid y por el Consejo de Gobierno de la Regi?n de Murcia contra el art?culo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de grav?menes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias.

Con ellos ya se han admitido a tr?mite cinco recursos de inconstitucionalidad contra el citado impuesto, puesto que ya est?n tramit?ndose los recursos presentados por los gobiernos auton?micos de Andaluc?a, Comunidad de Madrid (Consejo de Gobierno) y Galicia. En estos casos la pr?ctica habitual del Constitucional es llevar a pleno en primer lugar el recurso m?s amplio para con él marcar doctrina sobre todos los aspectos de la ley que pueden presentar problemas de inconstitucionalidad. Ese criterio se extiende luego al resto de recursos.



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