El Gobierno de Espa?a llevar? ante el Tribunal Constitucional la derogaci?n de la Ley de Memoria Demcr?tica de Arag?n. As? lo ha anunciado el ministro de Memoria Democr?tica, ?ngel V?ctor Torres, que avanz? que en el pr?ximo Consejo de Ministro se tomar? esta decisi?n de manera oficial.

El ministro Torres agradeci? ante los medios de comunicaci?n la respuesta del Gobierno de Arag?n, pero lament? que la DGA no quiera «ni m?s ni menos" que sentarse con los servicios jur?dicos para "corregir lo apuntado por los relatores de la ONU en su informe". "Ni siquiera es un mandato del Gobierno de Espa?a", asever? Torres, que inst? a que Arag?n cambiase su texto de derogaci?n para "no vulnerar los derechos humanos, visibilizar a las v?ctimas, condenar la dictadura y proteger las libertades".

El responsale de Memoria Democr?tica en el Gobierno central asegur? que la derogaci?n de las leyes auton?micas llegar? hasta el Constitucional «y a cualquier otra instituci?n superior que sea preciso para la defensa de los derechos humanos".

No tard? en llegar la respuesta del presidente de Arag?n, del mismo grupo editorial, Jorge Azc?n, que se mantuvo en la posici?n que defiende desde hace unas semanas. "No hay nada nuevo, el ministerio est? haciendo pol?tica partidista", afirm? el l?der del Ejecutivo auton?mico, que critic? que Torres "hace actos electorales con Arag?n, no estamos dispuestos a que se crean que somos la sede del PSOE". Azc?n volvi? a lanzar la pregunta que ya avanz? hace unos d?as: "Nos tienen que explicar por qué Arag?n no tiene capacidad para aprobar sus propias leyes". "Es incomprensible que el Gobierno de Espa?a trate de decirnos lo que los aragoneses podemos o no aprobar en nuestro Parlamento auton?mico", concluy? Azc?n.

Antes que el ministro y que el presidente de Arag?n, el delegado del Gobierno en la comunidad, Fernando Beltr?n, critic? que el Ejecutivo auton?nmico no quisiera asistir a la bilateral ofrecida desde Moncloa. «Un presidente auton?mico que se niega a hablar con el Gobierno de Espa?a no act?a por el interés de todos los ciudadanos", asegur? Beltr?n, que critic? que con esta decisi?n Azc?n crea «ciudadanos de segunda" y que la derogaci?n del texto «s? perjudica a los aragoneses".

Beltr?n afirm? que era "obligatorio" asistir a la reuni?n cuando una de las partes la solicita. Fuentes del Gobierno de Arag?n calificaron como "absolutamente falsa" la existencia de esa obligatoriedad y lamentaron que la delegaci?n del Gobierno "vierta bulos de este calibre".



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