Los abogados Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde, afectados por el espionaje con Pegasus y que también defienden a dirigentes independentistas espiados, y Benet Salellas han apuntado que el 'Catalangate'solo puede haber sido posible por una malversaci?n de recursos p?blicos por parte del Gobierno. As? lo han asegurado en su comparecencia ante la comisi?n de investigaci?n en el Parlament, que este viernes ha aprobado solicitar que el presidente Pedro S?nchez y cuatro ministros, as? como el expresidente Mariano Rajoy y los responsables del CNI, sean citados para poder ser interrogados.

"No ha podido haber espionaje sin malversaci?n y sin malgastar dinero p?blico", ha asegurado Boye, abogado de Carles Puigdemont, una acusaci?n suscrita por los otros letrados. Los tres han lamentado que se les haya espiado, a su juicio, por el simple hecho de defender a dirigentes independentistas y, por lo tanto, como una manera de perseguir la disidencia pol?tica. Han apuntado directamente al CNI como presunto responsable moviéndose en el terreno "pseudolegal" o, directamente, fuera de la legalidad, as? como a estructuras estatales y "paraestatales".

Especialmente contundente ha sido Boye, que ha sentenciado que Espa?a "ha espiado por encima de sus posibilidades si quiere seguir siendo considerado un estado democr?tico de derecho". Van den Eynde, por su parte, que defiende a dirigentes como Oriol Junqueras, ha cargado contra el hecho que se esp?e utilizando el argumento de la "seguridad nacional" y ha recordado que ninguna ley ampara que se esp?e a abogados. "Pueden hacer cualquier cosa con nuestros m?viles como si fuéramos nosotros mismos", ha apuntado.

Adem?s, ha acusado a la fiscal?a de "obstaculizar" la investigaci?n por no dar el apoyo suficiente en los tribunales y "desproteger" a las v?ctima, as? como de ofrecerse a investigar los teléfonos cuando Pegasus no deja rastro en el m?vil. Salellas, que defiende a Jordi Cuixart y a otros dirigentes de la CUP, ha subrayado la vulneraci?n de derechos fundamentales que se ha producido en este caso que afecta a unas 60 personas entre dirigentes, abogados y activistas vinculados al independentismo. Una herramienta tan "invasiva" como Pegasus, ha apuntado, solo podr?a tener una justificaci?n en caso de ataque terrorista con car?cter "inminente", una circunstancia que no encaja con la realidad en la que se produjo el espionaje. Salellas ha cargado también contra la Fiscal?a por cuestionar la competencia de los tribunales espa?oles para investigar el caso. "Cuando aparezca el primer juez espiado, entonces habr? avances", ha ironizado Boye.

La comisi?n ha arrancado con polémica porque, m?s all? de la votaci?n de m?s de 80 comparecientes, entre ellos S?nchez y miembros y exmiembros del actual Gobierno, los socialistas han anunciado que no pensaban quedarse a la comparecencia de Boye, Van den Eynde y Salellas. El diputado Jordi Terrades ha argumentado que es un "procedimiento inaudito" y "precipitado" arrancar las comparecencias justo el mismo d?a en que se aprueba el calendario de la comisi?n y sin haber recibido la documentaci?n solicitada y ha dejado caer, a modo de cr?tica, que seguro que las conclusiones est?n "dictadas desde el primer momento".

ERC, Junts y la CUP, que han actuado coordinadamente para dise?ar el plan de trabajo y acordar los nombres citados, han respondido que en muchas otras comisiones se han substanciado comparecencias el mismo d?a que se votaban y han afeado al PSC que tenga voluntad "obstruccionista". De hecho han recordado que en el Parlament se est? haciendo esta investigaci?n mientras que el Congreso no ha sido posible por el rechazo del PSOE. PP, Ciutadans y Vox no han participado en la comisi?n.

El caso que congel? el di?logo

Precisamente el 'Catalangate' no solo supuso uno de los principales episodios de distanciamiento entre el Gobierno y el independentismo -se congel? el di?logo durante tres meses con la Generalitat- sino que ha sido uno de los casos que m?s reprimendas desde el exterior le ha supuesto a la Moncloa en los ?ltimos meses. El pasado 3 de enero la Organizaci?n de las Naciones Unidas (ONU) alert? de las vulneraciones de derechos humanos que supuso un caso que afect? a alrededor de 60 personas vinculadas al independentismo -entre ellas, pol?ticos como Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Laura Borràs y Oriol Junqueras, abogados y activistas- e inst? al Gobierno a "investigar, procesar e imponer sanciones".

También el informe de la comisi?n de investigaci?n sobre este asunto en el Parlamento Europeo apunta que el Gobierno fue "probablemente" el primer cliente en la Uni?n Europea de Pegasus. En esa misma comisi?n, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, se escud? en su comparecencia a finales de noviembre en la ley de secretos oficiales para no responder a ninguna de las 28 preguntas que se le hizo en la Euroc?mara.



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