Pedro S?nchez ha justificado su continuidad en el Gobierno para impulsar un plan de regeneraci?n democr?tica y avanzar en “derechos y libertades” después de la campa?a de “acoso” a él y su familia, especialmente a su mujer, Bego?a G?mez. Ante la falta de concreci?n y de propuestas en este sentido tras dejar al pa?s durante cinco d?as en vilo, varios de los socios parlamentarios se han apresurado en aprovechar el debate abierto para exigir medidas efectivas y arrastrar al Gobierno hacia posiciones a las que se resist?a. Desde modificaciones legales para desbloquear la renovaci?n Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP, a través de una rebaja las mayor?as parlamentarias necesarias para ello, hasta una Ley de Medios, regular el reparto de publicidad institucional o derogar la denominada ley mordaza.

Todos los caminos para rellenar de contenido el anunciado compromiso “de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneraci?n pendiente de nuestra democracia” llevan al ministerio de Presidencia y Justicia. La cartera dirigida por Félix Bola?os tiene pendiente de desarrollar un plan contra la desinformaci?n y diferentes iniciativas encaminadas a “modernizar” y “democratizar la justicia”. Un marco que ahora los socios buscan ensanchar y que el propio Gobierno podr?a aprovechar para dar un salto cualitativo en la agenda prevista.

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A todo ello se suma a la renovaci?n pendiente del CGPJ, que ante los fracasados intentos de pactarla con el PP ya dej? abierto cierto margen de maniobra en el acuerdo de coalici?n con Sumar para “garantizar el cumplimiento de la Constituci?n en lo referente a la renovaci?n de ?rganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores pol?ticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones p?blicas”. Una redacci?n pretendidamente ambigua que alimenta las sospechas de la oposici?n.

Desde el Gobierno se ha descartado reiteradamente la opci?n de recuperar la propuesta para rebajar las mayor?as. Una v?a a la que ya se opuso la Comisi?n Europea. Lo que s? puso sobre la mesa Pedro S?nchez, antes de reabrirse las negociaciones con el PP, fue la amenaza de quitar competencias al ?rgano constitucional. Principalmente, su potestad para realizar nombramientos en la c?pula judicial. No para asumirlas el Gobierno, seg?n fuentes del ministerio de Justicia, como han demandado los socios de coalici?n, sino m?s en l?nea con el plan Guilarte. El presidente en funciones del CGPJ remiti? la pasada semana una propuesta al Congreso para “limitar la inevitable discrecionalidad actual, reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad”.

El l?der de la oposici?n, Alberto N??ez Feij?o, ha lanzado sus sospechas sobre que el presidente del Gobierno pretenda poner en marcha una agenda de reformas legislativas, como el cambio de mayor?as para elegir a los vocales. “Quiere colar un cambio de régimen por detr?s de toda esta obra de teatro”, denunci? en una comparecencia aun sin querer entrar en “elucubraciones” sobre c?mo se sustanciar?a.

“Lawfare”

Entre las medidas incluidas en el programa de coalici?n, y que ahora Sumar ha urgido a “cumplir ?ntegramente e ir m?s all?”, se encuentra un plan de modernizaci?n de la Justicia con propuestas para su “democratizaci?n”. Todas ellas poco sospechosas de alentar un “cambio de régimen”, como ha alertado el presidente del PP, pero que ahora servir?an como gu?a para profundizarse. As?, en el programa electoral del PSOE se inclu?a el compromiso para “facilitar el acceso democratizador a las profesiones jur?dicas, lo que hace que nuestra Justicia sea m?s parecida a la sociedad diversa y plural de nuestro pa?s”. En el acuerdo de gobierno se concretaba como “un nuevo modelo de acceso, formaci?n, especializaci?n y promoci?n de jueces y fiscales, desarrollando un sistema de becas p?blicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo p?blico en la justicia, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades”.

El debate sobre la justicia, con las insinuaciones de ‘lawfare’ lanzadas por los socialistas durante estos d?as tras la investigaci?n judicial abierta contra Bego?a G?mez, se ha espoleado también con el marco de la “guerra sucia”. De forma indirecta en la carta del presidente del Gobierno y de forma directa en manifiestos promovidos por cargos institucionales socialistas. Incluso la encuesta ‘flash’ del Centro de Investigaciones Sociol?gicas (CIS) cuestiona el papel de los jueces al realizar la pregunta de si "?Cree Ud. que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro S?nchez, Bego?a G?mez, est? justificada, o cree que solo es una manera de meterse con Pedro S?nchez e intentar hacerle da?o?”.

Estrategia contra los “bulos” y mordaza

El marco legislativo para la lucha contra los “bulos” se enmarca en el Plan de Acci?n contra la Desinformaci?n creado en 2018, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. En esta l?nea, los socialistas se comprometieron en su programa en culminar la aprobaci?n de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Campa?as de Desinformaci?n. Desde el Ejecutivo vienen situando la desinformaci?n como una amenaza global que afecta a la democracia, con apelaciones directas a periodistas y medios para "difundir informaci?n contrastada y confiable".

El plan del Gobierno, en el que entre otros organismos implica a la Secretar?a de Estado de Comunicaci?n, buscar?a “atajar la desinformaci?n, se pretende incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, as? como fortalecer la libertad de expresi?n y el debate democr?tico”. En esta l?nea, el programa electoral de los socialistas se compromet?a a impulsar “planes de acci?n y de seguimiento continuo contra la desinformaci?n y las campa?as que puedan afectar a la seguridad ciudadana, la estabilidad de las instituciones democr?ticas y los valores comunes y para garantizar la libertad de expresi?n y la pluralidad”.

Ley denominada ley mordaza, con una fuerte oposici?n de todos los sindicatos policiales, es otra de las reformas incluidas en el programa de coalici?n y pendientes de desarrollar. En la pasada legislatura decay? por la falta de acuerdo con ERC y EH Bildu, que tildaron los cambios de insuficientes por no prohibir el uso de pelotas de goma a los antidisturbios o las devoluciones en caliente. El acuerdo de Gobierno vuelve a obviar estas exigencias para centrarse en derogar “aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reuni?n y libertad de expresi?n” y la inclusi?n de “un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad econ?mica de los sancionados”.



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