?lvaro Garc?a Ortiz enfrenta una etapa especialmente complicada al frente de la Fiscal?a General del Estado. Su cuestionada confirmaci?n como fiscal general por el nuevo Gobierno de Pedro S?nchez surgido del 23-J no cont? con el aval de idoneidad por parte del Consejo General del Poder Judicial por primera vez en democracia. Tras varias polémicas relacionadas con su direcci?n del Ministerio P?blico en causas de relevancia --caso Tsunami e investigaci?n a Carles Puigdemont en el Supremo--su primera semana de mayo ha comenzado con dos importantes reveses judiciales y con la certeza de que el PP har? valer este miércoles su mayor?a absoluta en el Senado para exigir su cese.

La decisi?n que adoptar? la c?mara alta no tiene virtualidad alguna, pero ahonda en una imagen de desprestigio que viene siendo alimentada desde amplios sectores de la carrera fiscal y judicial y también desde la oposici?n pol?tica. Entre las "razones m?s que sobradas" que sostiene el PP para reclamar su cese, destaca que ?lvaro Garc?a Ortiz se ha negado hasta en dos ocasiones a informar al Senado sobre la ley de amnist?a al insistir en que carece de competencia para emitir informes sobre proposiciones de leyes que hallen en tramitaci?n en sede parlamentaria.

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De hecho, en el ?ltimo Consejo Fiscal, celebrado el pasado d?a 25, se incluy? un punto del orden del d?a relativo a esta norma después de que seis vocales de la mayoritaria Asociaci?n de Fiscales, de corte conservador, forzaran discutir este asunto. Pero el resultado fue el mismo, ?lvaro Garc?a rechaza realizar un informe y argumenta que este ?rgano tiene entre sus funciones la de informar sobre anteproyectos de ley, pero la amnist?a se est? tramitando como proposici?n de la ley del PSOE y sus socios, por lo que la consulta a los fiscales no es preceptiva.

Investigaci?n de las filtraciones

Para exigir su cese, el PP en el Senado también censura las "filtraciones" por parte de la Fiscal?a de Madrid en relaci?n con la pareja de Isabel D?az Ayuso "al revelar en un comunicado conversaciones y correos electr?nicos cruzados" relacionados con el pacto que el empresario Alberto Gonz?lez Amador propuso para evitar llegar a juicio por defraudar a Hacienda.

Precisamente este lunes, la v?spera de la discusi?n de la moci?n sobre Garc?a Ortiz en el Senado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo p?blico que investigar? por revelaci?n de secretos a los fiscales presuntamente responsables de la emisi?n de la nota de prensa en la que se inclu?a dicha informaci?n.

La decisi?n de los magistrados contradice la postura de la propia Fiscal?a, que fue necesario adoptar tras una tensa reuni?n de la Junta de Fiscales de Sala. El c?nclave del m?ximo ?rgano consultivo de la carrera fiscal vino obligado por una decisi?n previa disconforme con la posici?n que sus superiores impusieron a Mar?a de la O Silva, a quien le correspondi? elaborar el informe inicial y que pretend?a indagar en correos internos para conocer de quien parti? la orden para elaborar la polémica nota de prensa.

Por si fuera poco, también el Tribunal Supremo ha puesto esta semana en la picota al fiscal general y ha cuestionado su pol?tica de nombramientos al anular el nombramiento de su antecesora como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr?tica. La decisi?n obliga al Consejo Fiscal pueda pronunciarse sobre si concurr?a alg?n tipo de incompatibilidad con su desempe?o por ser la esposa del exjuez y ahora abogado, Baltasar Garz?n, cuya labor profesional est? muy ligada al ?mbito del que ven?a siendo responsable desde hace casi un a?o a través de la Fundaci?n FIGBAR.

Lo relevante es que llueve sobre mojado. La decisi?n la ha adoptado la misma Sala que el pasado mes de noviembre anul? el ascenso a la c?pula fiscal de Dolores Delgado, llegando decir que con esta decisi?n ?lvaro Garc?a Ortiz incurri? en "desviaci?n de poder".

Idoneidad cuestionada

La elecci?n de Garc?a Ortiz al frente de la Fiscal?a General ha sido cuestionada desde que en julio de 2022 sustituy? a Dolores Delgado cuando ésta ces? por enfermedad. Entonces el Consejo del Poder Judicial se fractur? a la hora de otorgarle el aval de idoneidad y un total de siete vocales del sector conservador aludieron a su participaci?n en actos que han creado "una apariencia de vinculaci?n con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepci?n de la independencia e imparcialidad de la instituci?n que ha de dirigir".

Se refer?an concretamente a la participaci?n de Garc?a en un acto organizado por el PSOE de Galicia en 2019 que, seg?n los vocales conservadores "no consisti? en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) cuya raz?n de ser es proporcionar sustento ideol?gico a un partido pol?tico", coincidiendo adem?s con un periodo electoral. Ello hac?a al entonces candidato "incompatible con la neutralidad pol?tica que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal".

Por parte Uni?n Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenec?a Garc?a Ortiz, se calific? de "alarmante y perturbador" que el ?rgano de gobierno de los jueces se inmiscuyera con su an?lisis en la autonom?a del Ministerio Fiscal. La situaci?n se agrav? el pasado noviembre, después de que el nuevo titular de Justicia, Félix Bola?os, decidiera mantenerle al frente de la Fiscal?a General: el nuevo dictamen directamente le tach? de no id?neo pese a cumplir los requisitos legales.

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Otra cuesti?n es la propia consideraci?n del fiscal general en la carrera. La mayoritaria Asociaci?n de Fiscales ha venido cuestionando sus decisiones desde antes de su nombramiento, cuando desempe?aba el papel de hombre de confianza de Delgadovcomo responsable de la Secretar?a Técnica de la Fiscal?a, especialmente por su actuaci?n en el denominado 'caso Stampa'.

Sobre este particular, se criticaron las decisiones adoptadas desde el ?rgano técnico que llevaron a alargar la investigaci?n interna a Ignacio Stampa, uno de los fiscales de la macrocausa contra el comisario José Manuel Villarejo. Dicha investigaci?n, abierta a ra?z de unas informaciones que resultaron manifiestamente falsas, sobre la especial relaci?n del fiscal con una de las abogadas de la acusaci?n de Podemos, fue fundamental a la hora de no otorgarle una plaza fija en la Fiscal?a Anticorrupci?n, lo que supuso su expulsi?n del caso.

Contestado en el Consejo Fiscal y en el Supremo

Una vez nombrado Garc?a fiscal general, se han venido poniendo en cuesti?n la pr?ctica totalidad de sus nombramientos por parte de un Consejo Fiscal cuya composici?n ha evidenciado la pérdida de confianza de un sector mayoritario de la carrera en la asociaci?n Uni?n Progresista de Fiscales, a la que Garc?a pertenec?a junto a Delgado, y que tras las ?ltimas elecciones ha reducido a s?lo dos vocales su presencia en el ?rgano consultivo.

Por lo que respecta a sus comparecencias p?blicas, el fiscal general del Estado evita pronunciarse sobre las cuestiones de trascendencia pol?tica que debe valorar su departamento, aferr?ndose a una necesaria "neutralidad". Sin embargo, no ha podido evitar que las controversias internas en la Fiscal?a trasciendan a la opini?n p?blica, debido sobre todo a que el criterio final impuesto, cuya ejecuci?n delega en su 'n?mero 2' la teniente fiscal del Tribunal Supremo Mar?a ?ngeles S?nchez Conde, viene siendo diametralmente opuesto al de los fiscales concernidos en algunos de los casos.

As? ha ocurrido tanto en el caso de la querella presentada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid como en el procedimiento iniciado en el Tribunal Supremo contra el expresidente Carles Puigdemont por su responsabilidad en las actuaciones de Tsunami Democr?tic. Un total de 12 miembros de la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo apreciaron terrorismo frente al criterio contrario de la Fiscal?a de la Audiencia Nacional, que fue la postura que se adopt? finalmente en el informe elaborado por la mano derecha del fiscal general. El Supremo, sin embargo, desoy? su criterio y abri? causa a Puigdemont.



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