El Gobierno y la Conferencia Episcopal afrontan una compleja negociaci?n sobre el pago de indemnizaciones a las v?ctimas de pederastia en los casos prescritos de la que parten completamente distanciados. En el Ejecutivo aspiran a que sea la Iglesia quien asuma ?ntegramente el coste. Fuentes directas de las negociaciones rechazan incluso un modelo mixto, como el seguido en otros pa?ses, en el que se pactar?a un porcentaje que asumir?a el Estado y otro la Iglesia. “La Iglesia tendr? que hacerse cargo. Confiamos en que no se cierren y tengamos que aprobar alg?n sistema para obligarla a pagar las reparaciones materiales”, zanjan estas fuentes.

La Conferencia Episcopal, por su parte, rechaza el plan del Ejecutivo, como se apresur? a trasladar el secretario general de la instituci?n, Francisco César Garc?a Mag?n, poco después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a la hoja de ruta para regular las indemnizaciones, adelantada por El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial.

Desde la instituci?n de los obispos incluso deslizaron una posible inconstitucionalidad en el plan del Gobierno al argumentar que "esta regulaci?n cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales". Adem?s de diferir en la cifra de v?ctimas, la Iglesia se opone a participar de un plan que se ci?a ?nicamente a las v?ctimas de abusos sexuales en su seno. "No se pueden plantear unas medidas de reparaci?n que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejar?an fuera a 9 de cada diez v?ctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayor?a de las v?ctimas de abusos sexuales", sostienen. En esta l?nea, reprochan que el texto presentado "parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ning?n tipo de garant?a jur?dica, un se?alamiento p?blico y discriminatorio por parte del Estado".

Las amenazas son cruzadas y fuentes del Gobierno no descartan que, si la Iglesia rechaza asumir el coste de las indemnizaciones, se puedan plantear modificaciones legislativas para que esté obligada por ley. Pese a estos intercambios, propios del arranque de unas negociaciones con posiciones de m?ximos por ambas partes, tanto el Gobierno como la Iglesia est?n dispuestos a seguir dialogando. Hay conversaciones y nadie se levanta de la mesa. Eso s?, desde el Ejecutivo insisten en que, de una forma u otra, la Iglesia acabar? asumiendo las reparaciones econ?micas. Pero conf?an en el acuerdo. El ministro de Justicia, Félix Bola?os, se reuni? la semana pasada con el nuevo presidente de los prelados, Luis Argüello. Seg?n fuentes conocedoras del contenido del encuentro, su actitud fue aqu? mucho m?s conciliadora que la expresada este martes en su nota de contestaci?n a la iniciativa del Gobierno.

El plan aprobado este martes en el Consejo de Ministros evita concretar tanto el método como los baremos y los plazos para las indemnizaciones, con la pretensi?n de dejar margen a las negociaciones. El objetivo es pactar con la Iglesia los mecanismos y las cantidades con el ?nico l?mite temporal de 2027, coincidiendo con el final de la legislatura.

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Los socialistas se muestran confiados en que la Iglesia acabar? acatando su plan, aunque se guardan un plan B para torcerle el brazo. Entre las v?ctimas m?s combativas, como es el caso de Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Montserrat, se advierte que este plan no puede acabar en un “rescate econ?mico a los obispos”, rechazando de plano que el Estado pague la factura.

Asunci?n parcial del desembolso

A la espera de que avancen las negociaciones, otras fuentes del Gobierno hacen referencia a seguir el modelo de Irlanda o Bélgica. En ambos casos, aun con distintos porcentajes, la Iglesia y el Estado pactaron repartirse el desembolso. Con todo, no es la posici?n que ahora se defiende. Todo lo contrario. “No es nuestro modelo”, se?alan en la Moncloa.

El texto aprobado este martes, sin embargo, hace referencia a la creaci?n de un ?rgano independiente en colaboraci?n con la Iglesia para que esta se haga cargo “de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparaci?n simb?lica”. Asimismo, hace menci?n al informe para recoger que si no se produce una colaboraci?n por parte de la Iglesia cat?lica, “la alternativa ser?a aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condici?n de v?ctima y las medidas reparadoras que sean adecuadas, pudiendo prever la colaboraci?n entre el Estado y las CCAA”.

Incremento en los casos no prescritos

El plan del Gobierno, siguiendo las recomendaciones del informe realizado por el Defensor del Pueblo, recoge la adopci?n genérica de medidas, tanto legales como administrativas, “para permitir el reconocimiento y reparaci?n de las v?ctimas de abusos sexuales a menores en el ?mbito de la Iglesia cat?lica en los casos en que, por prescripci?n del delito u otra causa, no hubiera sido posible el ejercicio de la acci?n penal”. Entre ellas, impulsar diferentes modificaciones legales con el objetivo de que “la extinci?n de la responsabilidad penal por la prescripci?n del delito en los casos de abusos sexuales a menores no limite el ejercicio de la reclamaci?n de la responsabilidad civil conforme a la regla general”.

En los casos de abusos no prescritos, se aplicar?n las medidas que se contemplan para las v?ctimas de abusos sexuales. En este sentido, el Consejo de Ministros aprob? el pasado 8 de marzo la adopci?n de medidas de refuerzo de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, entre las que se incluye que un decreto para regular la concesi?n de ayudas econ?micas a las v?ctimas de violencias sexuales con insuficiencia de ingresos, “con el fin de garantizar su autonom?a econ?mica y de facilitar su recuperaci?n integral”.



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