La exfiscal general del Estado y primera ministra de Justicia del Gobierno de Pedro S?nchez, Dolores Delgado, sigue copando titulares casi dos a?os después de abandonar el despacho principal del palacio del marqués de Fontalba -sede de la Fiscal?a General del Estado- en Madrid. El Tribunal Supremo ha anulado su nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democr?tica tan solo seis meses después de tomar una decisi?n similar con respecto a su ascenso a la c?pula fiscal que también impuls? el que fuera su m?s cercano colaborador y actual sustituto en el cargo, ?lvaro Garc?a Ortiz.

En la primera ocasi?n, el pasado mes de noviembre, la decisi?n del alto tribunal de anular la designaci?n de Delgado como fiscal togada del Tribunal Supremo -lo que supon?a ascenderla de ser fiscal de la Audiencia Nacional (donde lleg? en 1993) a ser fiscal de Sala, la m?xima categor?a de la Carrera- fue calificada como "desviaci?n de poder". Pese a que Garc?a Ortiz afronta sus propias y agrias polémicas tanto dentro como fuera de la Fiscal?a, la realidad es que buena parte de ellas encuentran su origen en decisiones ligadas con Delgado o derivadas del barniz "continuista" que ha otorgado a su gesti?n con respecto a la que fuera su mentora.

La elecci?n de Delgado como ministra de Justicia en 2018 ya levant? suspicacias en los sectores jur?dicos y pol?ticos m?s conservadores, algo en lo que ten?a mucho que ver su hoy marido Baltasar Garz?n, exjuez "estrella" de la Audiencia Nacional inhabilitado por el Tribunal Supremo y hoy abogado. Precisamente la ?ltima decisi?n del Supremo tiene como finalidad que el Consejo Fiscal pueda pronunciarse sobre si concurr?a alg?n tipo de incompatibilidad con el desempe?o de Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria y ser pareja de un letrado cuya labor profesional est? muy ligada a dicho ?mbito a través de la Fundaci?n FIGBAR.

"?xito garantizado", relaci?n con Villarejo

Casi a la vez que comenzar a ser ministra de Justicia Delgado tuvo que dar explicaciones sobre relaci?n con el comisario jubilado José Manuel Villarejo tras la difusi?n de unos audios grabados en 2009 en los que parec?a aludirse al ya ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska como "maric?n" y en los que el polic?a hablaba de crear una red de prostituci?n para obtener informaci?n de pol?ticos. "?Y ya est?? ?xito garantizado", respondi? la después ministra ante tal revelaci?n.

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Otros aspectos polémicos de su gesti?n estuvieron relacionados con su papel clave en la exhumaci?n del dictador Francisco Franco del Valle de los Ca?dos o su posici?n equidistante con respecto a la demanda que el expresident Carles Puigdemont present? en Bélgica contra el instructor del procés Pablo Llarena. Por sus decisiones fue reprobada hasta en tres ocasiones en el Congreso de los Diputados.

Destacaron igualmente las diligencias de investigaci?n abiertas en relaci?n con el emérito. Todas ellas acabaron en archivo por varios motivos: la inviolabilidad de Juan Carlos I mientras era jefe del Estado, la prescripci?n de los delitos que pod?a haber cometido y las regularizaciones fiscales que present? por un valor de 5,5 millones de euros. La exfiscal general siempre mostr? su satisfacci?n por el dinero devuelto al erario p?blico gracias a las pesquisas fiscales, aunque no pudieran concluir en la interposici?n de una querella.

Cuestionada desde el CGPJ

El cuestionamiento de Delgado gan? enteros cuando salt? directamente del Consejo de Ministros a la c?pula del Ministerio P?blico en febrero de 2020, habiendo sido adem?s diputada del PSOE por Madrid. Por esta raz?n, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se limitaron a validar los requisitos técnicos para que accediera el cargo, eludiendo pronunciarse sobre su idoneidad. No obstante, siete vocales cuestionaron en dicho momento su imagen de autonom?a e imparcialidad.

Esta falta de idoneidad fue recurrida por el PP y Vox ante el propio Tribunal Supremo, que dio carpetazo al asunto sin entrar en el fondo por la falta de legitimaci?n de ambos partidos para cuestionar la elecci?n del Gobierno. Por su parte, la Asociaci?n de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, cuestion? desde el principio su pol?tica de nombramientos, acus?ndola de favorecer a la Uni?n Progresista de Fiscales (UPF), cercana al PSOE y de la que ella siempre ha formado parte hasta ser ministra. Uno de estos nombramientos, el del fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban, fue recurrido ante el alto tribunal, que lo ha anulado hasta en dos ocasiones por falta de motivaci?n.

Caso "Stampa"

Una de las decisiones que la enfrentaron al sentir mayoritario de la carrera destaca el denominado 'caso Stampa', por la no designaci?n del fiscal del mismo apellido, adscrito al 'caso Villarejo', para una de las ocho plazas fijas en Anticorrupci?n que se ofertaban a finales de 2020, lo que supuso su expulsi?n de la causa. Las explicaciones dadas en dicha ocasi?n por el que era entonces jefe de la secretar?a técnica, hoy fiscal general Garc?a, levantaron sospechas sobre el papel que éste y su jefa directa jugaron en torno a unas diligencias de investigaci?n que se abrieron a este fiscal y terminaron en carpetazo.

Delgado, tercera mujer en acceder a fiscal general, abandon? el cargo por problemas de salud en julio de 2022. Unas semanas antes, la falta de apoyos parlamentarios oblig? al PSOE retirar una polémica enmienda introducida en la reforma de la ley Concursal, y que pretend?a asegurar por ley un puesto a Dolores Delgado entre los en la m?xima categor?a de la carrera fiscal cuado fuera cesada del cargo de fiscal general que todav?a ostentaba.



La maniobra parlamentaria levant? fuertes cr?ticas de la oposici?n e incluso del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y de varios aliados parlamentarios, y apenas un mes después Delgado ces? como fiscal general sin que su estatus como fiscal de Sala estuviera asegurado. La situaci?n se enmend? con su nombramiento como fiscal togada, una decisi?n personal?sima de Garc?a Ortiz que fue la primera anulada por el Supremo hasta que este lunes el Supremo ha vuelto a cuestionar las decisiones de su sucesor Garc?a Ortiz respecto a su puesto como fiscal de Memoria Democr?tica.



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