"Los casos m?s graves del narcotr?fico organizado no son, en muchos casos, competencia de la Audiencia Nacional". As? de contundente se mostraba la fiscal jefa Antidroga Rosa Ana Mor?n en la ?ltima Memoria de la Fiscal?a, presentada el pasado septiembre, en la que una de las principales responsables de la lucha contra el narcotr?fico en nuestro pa?s, en el cargo desde mayo de 2022, reclamaba una reforma legal "para dar respuesta a esta situaci?n", que sit?a en zonas como la Costa del Sol, Algeciras, Catalu?a o Galicia.

Se trataba de la primera ocasi?n en la que Mor?n pod?a expresar su parecer en este documento, en el que los responsables de los principales departamentos de la Fiscal?a exponen los ?ltimos datos estad?sticos y hacen balance de gesti?n. Su reclamo coincide con la propuesta lanzada este lunes por el l?der del PP, Alberto N??ez Feij?o, desde Barbate (C?diz), donde dos guardias civiles murieron el viernes embestidos por una narcolancha. El PP considera que hay muchos casos de narcotr?fico que conllevan investigaciones a nivel internacional y que deben derivarse a la Audiencia Nacional.

Seg?n se?alaba Mor?n en la Memoria, que fue presentada en el acto solemne de apertura de tribunales, en presencia delrey Felipe VI, gran parte de los fiscales antidroga delegados en zonas con mayor incidencia de narcotr?fico vienen se?alando "una realidad que no por conocida debe dejar de constatarse", que tiene que ver con las reducidas competencias de la Audiencia Nacional en esta materia las limitaciones de los juzgados mixtos. El problema es especialmente acucianteen algunas poblaciones gaditanas, como es el caso de La L?nea de la Concepci?n y San Roque.

Como los JIRS franceses

"Estas causas no deber?an ser atendidas por jueces sin experiencia suficiente y en juzgados colapsados por causas de todo tipo", afirma Mor?n en la introducci?n de su ep?grafe en la Memoria. A?ade que la modificaci?n que propone de las competencias de la Audiencia Nacional "solucionar?a al menos parte del problema" pero también deber?a complementarse, en su opini?n, con la creaci?n de jurisdicciones regionales especializadas en delincuencia organizada, a modo de las denominadas JIRS que funcionan en Francia".

El problema de fondo, a juicio de la fiscal jefa, es que las actuales competencias Fiscal?a de la Audiencia Nacional en materia de delitos contra la salud p?blica y el blanqueo procedente de estos delitos no se corresponde con la realidad de la delincuencia organizada, de forma que esta se instruye y enjuicia, en la mayor?a de los casos, en las provincias, algunas saturadas, sin especializaci?n en los ?rganos judiciales ni estructuras adecuadas para afrontar la nueva realidad delictiva.

Actualmente, para evitar contradicciones entre los fiscales de la Fiscal?a antidroga y los provinciales, se funciona con un protocolo de inhibiciones que procura reducir informes contradictorios y evitar el "peloteo" de las causas entre la Audiencia Nacional y los juzgados territoriales por ver quién se queda con las investigaciones.

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Vecinos de Barbate se concentran por la muerte de dos guardias civiles en una operaci?n contra el narcotr?fico.
ROC?O RUZ / EUROPA PRESS
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Igualmente, la fiscal alude a los retrasos y dilaciones que experimenta, en general, la Administraci?n de Justicia, que se han incrementado tras la pandemia y "provocan un efecto perverso que dilata los se?alamientos de los juicios orales relativos al narcotr?fico, especialmente aquellos de cierta complejidad con m?ltiples acusados".

Los "petaqueros"

Adem?s, la Memoria de la Fiscal?a incluye una propuesta que seg?n las fuentes consultada por esta redacci?n podr?a tener un impacto inmediato en la lucha contra la narcotr?fico en el Estrecho. Se trata en concreto de una modificaci?n legislativa que busca la "tipificaci?n del transporte y almacenamiento de combustibles l?quidos predeterminado al narcotr?fico".

Esta iniciativa busca perseguir criminalmente a los denominados "petaqueros", que son aquellas personas que se dedican a transportar y almacenar grandes cantidades de gasolina que posteriormente se destina al suministro de combustibles de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el transporte de hach?s desde el norte de ?frica.

"Tanto la Fiscal?a como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han reiterado en diferentes ocasiones las importantes dificultades existentes para perseguir penalmente estas conductas, que presentan una indudable importancia log?stica en las actividades de tr?fico de drogas –particularmente en la zona del Campo de Gibraltar–, a pesar del grave riesgo que comportan", especifica la Memoria.

Las "guarder?as" de la gasolina

En la mayor?a de los casos los agentes descubren la gasolina en embarcaciones o en naves, a las que se les denomina "guarder?as", pero también en viviendas. Pero los propietarios del combustible apenas reciben un reproche penal. Por ese este cambio legislativo, prosigue la Fiscal?a, trata de superar la complejidad que tienen los agentes para acreditar la vinculaci?n de esos transportes o almacenamientos con el narcotr?fico. "Y, en segundo lugar, por los problemas que se generan a la hora de incardinar tales conductas en alg?n otro tipo delictivo existente en nuestro ordenamiento jur?dico-penal", concluye el Ministerio P?blico, que propone introducir un nuevo tipo penal que castigue la tenencia o el transporte de gasolina sin el cumplimiento de los requisitos administrativos.

Por otro lado, la Fiscal?a General sac? a concurso el pasado 1 de febrero varias plazas, entre las que se encuentra la de n?mero dos (teniente fiscal) Antidroga, vacante tras el traslado de Ignacio de Lucas a la Fiscal?a Europea. En la orden publicada en el BOE, consultada por El Peri?dico de Espa?a, del Grupo Prensa Ibérica, se daban diez d?as de plazo para presentar candidatos, aunque a?n no se ha hecho p?blico el listado de profesionales que aspiran al puesto.



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