Una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, firmada el pasado 27 de marzo, se ha convertido en el primer revés en sede judicial al denominado 'caso Koldo'por el que se investiga las contrataciones millonarias desde la Administraci?n a una empresa, denominada Soluciones de Gesti?n e instalada en el edificio Aida de la capital aragonesa, para el suministro de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

Un fallo judicial que detalla todas las irregularidades y que lo hace para responder a una causa que promov?a la propia empresa ahora bajo sospecha, ya que esta invocaba su derecho al honor para demandar a un profesor universitario aragonés, Ramiro Grau, que ya denunci? en 2020 todas estas pr?cticas que se hicieron con dinero p?blico de por medio.

En la sentencia, firmada por los magistrados Juan Ignacio Medrano, Mar?a Jes?s de Gracia y Antonio Ang?s, se relata con todo detalle por qué las contrataciones millonarias que se hicieron en su d?a eran irregulares y, por tanto, por qué lo que denunciaba el profesor Grau en su d?a ten?a relevancia informativa en un tema que era de interés general. Con frases tan contundentes como que "esa contrataci?n millonaria incumpl?a de principio a fin todos los requisitos b?sicos para concurrir a la contrataci?n p?blica, a?n en supuestos de emergencia, pues se termina adjudicando los suministros a un operador completamente desconocido en el tr?fico jur?dico econ?mico del sector".

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"Existi? una contrataci?n p?blica con un modus operandi rodeado de severos interrogantes jur?dicos y con elusi?n de requisitos que, a?n en los casos de extrema urgencia, eran exigibles a los operadores p?blicos", explica el fallo judicial de la Audiencia de Zaragoza, en un an?lisis en el que también se detalla c?mo esta empresa, 'Soluciones de Gesti?n', se crea con una actividad inicial consistente en la prestaci?n de servicios "conducentes a la constituci?n, financiaci?n, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones, lo que a todas luces resulta un objeto social ajeno a un suministro de material sanitario".

O que, prosigue la sentencia, se certifica que se "consigna una ampliaci?n de su objeto social, acordada en junta de 21 de abril de 2017, y que en s?ntesis, a esa actividad societaria inicial, se adicionan actividades proyectadas sobre obra civil y de ingenier?a, y solo se cita una actividad referida a la sanidad", que es la que se centra en la "intermediaci?n en la ejecuci?n, direcci?n de la obra de proyectos médicos y hospitalaria" sobre que el "ni aqu? hay intermediaci?n, ni obra de proyecto médico y hospitalario alguno".

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"Pero no le comprende tampoco la actividad que ven?a realizando, que no guardaba relaci?n alguna con la prestaci?n contratada, suministro de mascarillas". Y respecto a ese proyecto sanitario, el de la construcci?n en 1998 de un consultorio médico para una fundaci?n ni la reconstrucci?n de un hospital en Angola en 2014, realizada en una uni?n temporal de empresas (UTE) en la que se desconoce a?n cu?l era su funci?n, "son en modo alguno suficientes para valorar experiencia y solvencia alguna", a?ade la sentencia judicial.

Adem?s, le reprocha en el fallo a la empresa que no explica nada sobre su estructura empresarial, ni sus canales comerciales que le permit?an cumplir con los contratos p?blicos. Se refiere, fundamentalmente al suministro de 13 millones de mascarillas, en contraciones hechas, a través de Puertos del Estado (8 millones) y de Adif(5 millones), pero también otras contrataciones por parte del Ministerio del Interior e incluso, a?ade el fallo, por el de Sanidad.

"En 2019 la sociedad careci? de toda actividad"

Respecto a la solvencia de medios de la propia empresa, el juez recuerda que el Observatorio contra la corrupci?n de Baleares, desvel? que "en pocos a?os pas? de 29 a 4 trabajadores", por lo que "puede concluirse razonablemente que Soluciones de Gesti?n carec?a de toda solvencia técnica". Adem?s, también se pone de relieve que esta empresa "se constat? que en el 2019 la sociedad careci? de toda actividad", incluso que era as? desde 2017, y que los trabajos alegados en la reconstrucci?n del hospital de Angola eran "de dudoso cobro", por lo que también concluye el magistrado que "la solvencia financiera no era satisfactoria ni suficiente para ser adjudictaria en las millonarias licitaciones de las que result? beneficiaria".



"Lo que no es comprensible ni aceptable es que esa contrataci?n millonaria de suministros, que incumpl?a, en los términos precisados en el fundamento séptimo de la presente sentencia, de principio a fin todos los requisitos b?sicos para concurrir a la contrataci?n p?blica, a?n en supuestos de emergencia, se terminan adjudicando los suministros a un operador completamente desconocido en el tr?fico jur?dico-econ?mico del sector", expone el fallo judicial.



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