Los imputados en Tsunami Democràtic lo han intentado todo para que el juez Manuel Garc?a Castell?nsuspendiera la citaci?n que tienen este miércoles en los juzgados de Barcelona para declarar por videoconferencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional. Finalmente, solo lo ha hecho la secretaria general de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, que se ha declarado ante el magistrado "activista y pacifista" y ha asegurado que nunca ha respaldado actos violentos. El resto de investigados por delitos de terrorismo por las protestas organizadas por la plataforma contra la sentencia del 'procés' no ha comparecido al estar fuera de Espa?a.

Fuentes de la acusaci?n aseguraron que la fiscal?a, ni las acusaciones populares y particulares han solicitado medida cautelar alguna para la ?nica imputada que ha comparecido, por lo que el magistrado no puede acordar ninguna, ni siquiera la retirada de pasaporte, m?s all? de la que adquiri? con la imputaci?n de estar obligada a comunicar cualquier cambio de domicilio al juzgado.

Tampoco se ha solicitado nada para los otros imputados por terrorismo, aunque las fuentes consultadas no descartan que el magistrado les dé traslado m?s adelante para que se pronuncien sobre los que estaban citados y, pese a ello, no han acudido a los juzgados de Barcelona. Contra ellos el titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 6 podr?a volverlos a citar y terminar dictando una orden de busca y captura que deber? ser internacional, al residir fuera de Espa?a la mayor?a de ellos.

Molina, que solo contest? a las preguntas que le formul? su abogada, Marina Roig, neg? cualquier actividad que pudiera estar relacionada con altercados p?blicos, ni mucho menos con el terrorismo. Explic? que todo el mundo sabe que Tsunami Democràtic es pac?fico y que lleg? a él a través de la prensa.

Solo tres excusados

El magistrado decidi? mantener la citaci?n, pese a ser consciente de que la mayor?a de imputados no comparecer?, porque solo hab?a acordado anular las de la mano derecha del expresident Carles Puigdemont, Josep Llu?s Alay, por su estado de salud, y las de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el empresario Oriol Soler, porque sus abogados defensores ten?an se?alamientos previos en el Pa?s Vasco y en Catalu?a, respectivamente. Se da la circunstancia de que el abogado de este ?ltimo, Benet Salellas, también lo es de Josep Campmaj? y de Oleguer Serra, por lo que de haberlo alegado, también se habr?a suspendido su citaci?n.

Ellos centraron su reclamaci?n en poder declarar por videoconferencia desde Suiza, donde residen ahora, como también hab?a pedido sin éxito Rovira. El exconseller de ERC Xavier Vendrell solicit? poder hacerlo desde Colombia. El magistrado rechaz? esa posibilidad, porque para ello tendr?a que cursar una comisi?n rogatoria internacional y ello dilatar?a el procedimiento. También se encuentra en Suiza el periodista Jes?s Rodr?guez, que el martes se person? en la causa.

Los otros dos imputados en la Audiencia Nacional son Jaume Caban? y el banquero italiano Flavio Giulio Foglia. Al primero se le sit?a en Bélgica, pero no ha comparecido en el juzgado, y para poder localizar al segundo, el juez ha cursado una comisi?n rogatoria internacional a Italia.

De esta forma solo compareci? ante el juez Marta Molina. Pero no estuvo sola, porque el soberanismo hab?a convocado un acto en apoyo a las puertas de la Ciutat de la Just?cia al que acudieron el president de la Generalitat en funciones,Pere Aragonès, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, adem?s de varios representantes de Junts, CUP y los Comuns, as? como una delegaci?n de ?mnium Cultural, encabezada por su l?der, Xavier Antich, que aprovech? la cita para apoyar la diligencia de la entidad Oleguer Serra.

El martes se present? un manifiesto en apoyo a Molina, en cuya rueda de prensa la investigada neg? las acusaciones de terrorismo y defendi? “el derecho de protesta pac?fica y democr?ticamente de forma perseverante y firme”. En esa comparecencia dijo ser “consciente” de que el juez puede decretar prisi?n provisional: "Yo lo asumo, pero el Estado deber? asumir las consecuencias de volver a tener presos pol?ticos en prisi?n", espet?.



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