El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado el grueso de la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro S?nchez aprobada en mayo de 2023, que impone l?mites a la subida del alquiler y rebaja la figura de gran tenedor, al entender que estas regulaciones del Ejecutivo central no invaden competencias auton?micas. La sentencia, no obstante, s? declara inconstitucionales algunos preceptos, en l?nea con la propuesta de la ponencia elaborada por la magistrada Mar?a Luisa Segoviano.

En s?ntesis, la mayor?a progresista del ?rgano de garant?as responde al recurso presentado por la Junta de Andaluc?a e interpreta la ley desde el punto de vista del art?culo 149 de la Constituci?n, que es la que da la competencia exclusiva al Estado sobre "la regulaci?n de las condiciones b?sicas que garanticen la igualdad de todos los espa?oles". Se tiene en cuenta igualmente que la Carta Magna atribuye a la administraci?n central el control de "la planificaci?n general de la actividad econ?mica" y de la legislaci?n civil.

En cuanto a las disposiciones anuladas, se trata del art?culo 16, relativo a la vivienda protegida; el contenido del art. 19.3 a partir del inciso “que incluir?, con respecto a las viviendas de titularidad del gran tenedor, al menos, los siguientes datos”; y dos p?rrafos del art?culo 27 que alude a las sanciones por incumplimiento de la funci?n social de los parques p?blicos de vivienda. También se declara inconstitucional la disposici?n transitoria primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Han anunciado voto particular los magistrados Ricardo Enr?quez, Enrique Arnaldo, Concepci?n Espejel y César Tolosa, pertenecientes al bloque conservador.No ha participado en la deliberaci?n la magistrada Laura D?ez, informan fuentes jur?dicas.

La deliberaci?n de este asunto concluye de forma contraria a lo advertido por el Consejo General del Poder Judicial en enero de 2022, de forma previa a la aprobaci?n de la norma. El informe de car?cter consultivo, que sali? adelante gracias a la mayor?a conservadora del ?rgano de gobierno de los jueces, advert?a de que la Ley de Vivienda del Gobierno valida una intervenci?n en el mercado del alquiler en las denominadas zonas tensionadas que causa inseguridad jur?dica, al 'expropiar' competencias auton?micas.

An?lisis de 16 art?culos

El recurso del Ejecutivo de Moreno Bonilla se present? contra 16 art?culos concretos de la ley, as? como contra varias disposiciones adicionales y finales. La impugnaci?n coincid?a con el de los servicios jur?dicos del Ejecutivo auton?mico acerca de que la norma del Gobierno de Espa?a "invade competencias en materia de vivienda exclusivas recogidas en el Estatuto de Autonom?a de Andaluc?a".

Seg?n el dictamen de la Junta de Andaluc?a, "el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda", y desde esa consideraci?n propone la impugnaci?n ante el Tribunal Constitucional de "toda la regulaci?n recogida en la Ley Estatal de Vivienda en torno al concepto de vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor y parque p?blico".

Se quejaban de que la regulaci?n estatal no deja resquicio alguno para el legislador auton?mico y se recurri? igualmente la regulaci?n de los derechos y deberes de los propietarios de viviendas y su estatuto jur?dico, que a la luz de la jurisprudencia compete a la comunidad aut?noma, seg?n esta parte.



Sobre la declaraci?n de zona tensionada o la rebaja la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles, también son consideradas por el Gobierno Andaluz invasi?n directa de las competencias exclusivas auton?micas en materia de vivienda y del derecho de propiedad". Igualmente, se impugnaron las regulaciones del porcentaje de reserva para vivienda sujeta a alg?n régimen de protecci?n p?blica de alquiler y de reserva en zonas de mercado residencial tensionado.



أكثر...