La Audiencia Nacional ha ordenado al embajador de Espa?a en Pakist?n que dote a una fiscal afgana que ha participado en "relevantes" procesos en materia de terrorismo internacional y a su hijo de la documentaci?n que les habilite para trasladarse a territorio espa?ol ante el temor por las posibles represalias.

As? lo acuerda la Sala de lo Contencioso-Administrativo en un auto de solicitud de media cautelar, recogido por Europa Press, presentada contra la desestimaci?n por silencio administrativo por parte del embajador de Espa?a en la Rep?blica Isl?mica de Pakist?nen el marco de un procedimiento de solicitud de protecci?n internacional.

La petici?n se formul? al amparo del art?culo 38 de la Ley 12/2009 seg?n el cual "con el fin de atender casos que se presenten fuera del territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del pa?s en que se encuentre la Representaci?n diplom?tica y corra peligro su integridad f?sica, los Embajadores de Espa?a podr?n promover el traslado del o de los solicitantes de asilo a Espa?a para hacer posible la presentaci?n de la solicitud conforme al procedimiento previsto en esta ley".

La Sala explica que, tal y como establece el Tribunal Supremo, la valoraci?n de la medida cautelar ha de atender primordialmente a la apariencia de riesgo de persecuci?n por alguna de las razones que justifican la concesi?n de asilo, lo que ha de valorarse en funci?n de las condiciones objetivas del pa?s de origen y también en funci?n de las circunstancias personales del solicitante de asilo, sin olvidar que también existe un interés p?blico en que la instituci?n del asilo no se desnaturalice.

En este caso, afirma la Audiencia Nacional, la mujer ha justificado que como fiscal de profesi?n ha intervenido en relevantes procesos en materia de terrorismo internacional y que, como consecuencia de la situaci?n pol?tica en Afganist?n, ha huido del pa?s a Pakist?n ante el temor de ser represaliada por su labor profesional.

Reunificaci?n familiar

Adem?s, el auto a?ade que la Fiscal?a que ha comparecido en las actuaciones ha aportado un informe policial en el que se pone de relieve la seriedad y verosimilitud del temor manifestado por la demandante y el riesgo real y efectivo de que pudiera ser deportada a Afganist?n con la consiguiente actualizaci?n del riesgo vital que ello llevar?a consigo para ella y para su hijo.

La Sala indica que para la resoluci?n de esta cuesti?n resulta determinante la Nota de Orientaci?n del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre las necesidades de Protecci?n Internacional de las personas que huyen de Afganist?n, de febrero de 2022.

En dicho documento, elaborado a partir de los informes disponibles sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos en ese pa?s, ACNUR sigue haciendo un llamamiento a todos los pa?ses para permitir que la poblaci?n civil que huye de Afganist?n pueda ingresar en sus territorios y para garantizar el derecho a solicitar asilo y asegurar el respeto del principio de no devoluci?n en todo momento.

Adem?s, el mismo hace un llamamiento a los Estados para que registren todas las llegadas de personas que busquen protecci?n internacional y para que emitan prueba documental del registro de todos los afectados.

El tribunal recuerda, frente a las alegaciones del abogado del Estado, que en la Nota de Orientaci?n aludida también se hace una previsi?n especifica a la reagrupaci?n familiar, de forma que ACNUR sigue exhortando a los Estados a que faciliten y agilicen los procedimientos de reunificaci?n familiar, en cuanto que reconoce que es el ?nico modo de asegurar que se respete el derecho a la vida familiar y la unidad de las personas refugiadas.



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