El demoledor informe de la Organizaci?n de las Naciones Unidas (ONU) contra las llamadas “leyes de concordia” aprobadas por los gobiernos de PP y Vox en Arag?n, Comunidad Valenciana y Castilla y Le?n ha sentado muy mal a populares y ultras. Desde ambas formaciones han cuestionado el papel del organismo internacional, poniendo en duda las conclusiones elaboradas por varios de sus expertos, y han cargado directamente contra la ley de memoria democr?tica que aprob? el Gobierno de coalici?n en la pasada legislatura.

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El informe, redactado de manera conjunta por el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparaci?n, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH, se?ala que las tres normas vulneran diferentes preceptos de los tratados internacionales suscritos por Espa?a. En concreto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol?ticos y la Convenci?n Internacional para la protecci?n de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Sin embargo, los populares no lo ven as?. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha puesto en duda directamente la credibilidad del informe, se?alando que “posiblemente” sus autores “desconocen” el contenido de estas leyes aprobadas por los gobiernos de PP y Vox. As? mismo, ha apuntado que, seguramente, la ONU tampoco tiene informaci?n sobre la ley de Memoria Democr?tica que, seg?n Gamarra, “impuso” EH Bildu para modificar lo que supuso la Transici?n.

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"Ese revisionismo creo que es el que no merece la sociedad espa?ola y es al que el PP le pone todas las pegas, y no solo eso, sino que tenemos muy claro que la Transici?n es uno de nuestros mejores periodos en nuestra historia", ha sentenciado en una entrevista en Antena3. El “revisionismo” al que se refiere Gamarra es la creaci?n, por ley, de una comisi?n que elabore un informe sobre “supuestos de vulneraci?n de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidaci?n de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democr?ticos” entre la aprobaci?n de la Constituci?n y finales de 1983. La intenci?n era estudiar casos como el asesinato de la estudiante Yolanda Gonz?lez a manos de la extrema derecha en 1980.

La reacci?n de Vox ha sido a?n m?s contundente. “?Quiénes son? ?Quién les ha nombrado? ?Ante quién rinden cuentas? ?Quién les paga? ?C?mo podemos echarlos?", se ha preguntado el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, sobre los relatores de la ONU antes de acusarlos de “atacar la democracia”. Fuentes del partido de extrema derecha han tildado el informe de “una burda estafa publicitaria” y, apelando a sus teor?as conspiranoicas, sostienen que la ONU act?a una vez m?s con el objetivo de “auxiliar a los gobiernos obedientes con la Agenda 2030 cuando necesitan una cortina de humo”. As?, aseguran que no van a “ceder ni un mil?metro”.

Los territorios

También se han producido reacciones desde las tres comunidades aut?nomas cuestionadas. El presidente de la Junta de Castilla y Le?n, Alfonso Fern?ndez Ma?ueco, ha asegurado que desconoce el contenido del informe y que deber? leerlo "con detenimiento" antes de explicar "que es lo que est?n dispuestos a hacer", aunque la ley a?n no est? aprobada. Desde Valencia, su hom?logo, el también popular Carlos Maz?n, tampoco conoc?a el informe, pero ya ha apuntado que la ONU "en ning?n caso, ni se habr? le?do la ley valenciana ni conocer? la realidad de la Comunitat Valenciana". En este sentido, ha defendido que la ley valenciana, a?n en tramitaci?n, "busca la concordia y blinda los derechos".

Por ?ltimo, el presidente de Arag?n, Jorge Azc?n, ha denunciado de los "errores de bulto" y "bulos" del informe, del que dice que se ha enterado por los medios de comunicaci?n, porque en su comunidad no se ha aprobado ninguna ley, sino que se ha derogado la ley de memoria democr?tica y se ha anunciado un plan de concordia "en el que todo el mundo pueda verse reflejado".



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