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مشاهدة النسخة كاملة : UP amenaza con denunciar al Gobierno de CyL por el delito de coacciones creado en la


Reem
01-17-2023, 12:30 PM
Unidas Podemos advierte a PP y Vox de que el protocolo anunciado por el vicepresidente de Castilla y Le?n puede constituir un delito de coacciones, seg?n la reforma del C?digo Penal impulsada en abril por los partidos de Gobierno, que iba encaminada a prohibir la presencia de organizaciones antiabortistas en las puertas de las cl?nicas destinadas a este fin.

La reforma del C?digo Penal introduc?a un nuevo tipo delictivo en el art?culo 172 quater, que se establece que se castigar? a cualquiera que, con el fin de "obstaculizar" el derecho a la interrupci?n voluntaria del embarazo, "acose" a una mujer mediante "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad". Un delito que conlleva penas de prisi?n de tres meses a un a?o.

"Este protocolo nos parece ilegal, no solo porque vulnera las competencias [estatales] sino porque vulnera la libertad de las mujeres", ha destacado en rueda de prensa el presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens, que ha destacado que el anuncio hecho por el vicepresidente de Vox, Juan Gallardo, "persigue culpabilizar" a las mujeres.

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En este sentido, ha advertido de que estar?n atentos a c?mo se refleja legalmente el anuncio y que est?n dispuestos a "emprender las acciones legales oportunas a nuestro alcance". Ha apuntado adem?s que "esto no s?lo incumbe al Tribunal Constitucional, sino a los tribunales ordinarios, y podemos estar, en funci?n del contenido concreto, ante un posible delito de coacciones".

Aunque ha admitido que deben esperar a ver los acuerdos concretos alcanzados, puesto que "hay mucha confusi?n sobre qué es exactamente este protocolo", pero s? ha adelantado que "hay elementos que pueden hacer pensar que hay por lo menos actos molestos, si no intimidatorios".

Asens ha enfriado la posibilidad de aplicar el art?culo 155 de la Constituci?n en Castilla y Le?n, advirtiendo de que es un "recurso de ?ltima instancia, y no de primera instancia". "Hay que ser cautos, porque su aplicaci?n afecta al Gobierno de una comunidad aut?noma y es de una gran lesividad".



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