Reem
01-17-2023, 06:57 AM
El incendio pol?tico provocado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y Le?n, Juan Garc?a-Gallardo (de Vox), al anunciar medidas dirigidas a que los profesionales sanitarios de dicha comunidad ofrezcan a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo escuchar el latido del feto o realizar una ecograf?a 4D, es valorado desde diferentes puntos de vista por constitucionalistas y expertos en derecho sanitario y de la mujer consultados por El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, que advierten del riesgo potencial de un conflicto de competencias que acabe ante el Tribunal Constitucional.
Entre las claves jur?dicas de la propuesta est?n el derecho de los pacientes a ser o no ser informados previsto en el Convenio de Oviedo (sobre derechos fundamentales frente a aplicaciones médicas), vigente desde 1999; o la posible violencia institucional que podr?a suponer la aprobaci?n de un protocolo de estas caracter?sticas.
El presidente de Castilla y Le?n, Alfonso Fern?ndez Ma?ueco, ha comparecido este lunes para desautorizar a su n?mero dos asegurando que en ning?n caso se actualizar?n los protocolos médicos existentes. Por su parte, y a través de un requerimiento oficial, el Gobierno ha pedido a Castilla y Le?n “que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe” el derecho a la interrupci?n voluntaria del embarazo.
Derechos de las muejeres
Para Marisa Soleto, de la Fundaci?n Mujeres, la propuesta de Vox toca derechos que tienen que ver con la objeci?n de conciencia de los médicos, con el cat?logo de servicios b?sicos que el Estado debe ofrecer a los pacientes y con el esquema de competencias de las comunidades aut?nomas, que no pueden tocar dicho cat?logo.
Soleto recuerda que los facultativos est?n cuestionando que tenga sentido una ecograf?a de alta resoluci?n por debajo de la novena semana de gestaci?n -que es cuando se producen el 75 por ciento de los abortos-, y que dicha prueba ser?a relevante durante el segundo y tercer trimestre, que es cuando optan por el aborto mujeres que se enfrentan a esta situaci?n por cuestiones médicas graves
A su juicio, se busca, mediante este tipo de pol?ticas, continuar con el hostigamiento a las mujeres y profesionales médicos que practican abortos como medida ideol?gica, después de que la ley calificara de delito las actuaciones frente a las cl?nicas de interrupci?n del embarazo. "Quieren llevar ese acoso al nivel institucional", razona esta abogada.
Un requerimiento con vistas al TC
La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas (ICADE), Isabel ?lvarez Vélez, considera, por su parte, que un protocolo de este tipo podr?a vulnerar el ?mbito competencial. "Lo que ha hecho el Gobierno ahora mismo ha sido presentar un requerimiento con la finalidad que prevé la Ley Org?nica del Tribunal Constitucional (LOTC) de plantear un conflicto de competencias ante el mismo Constitucional, que ser?a la v?a para resolver este conflicto de competencias", explica la experta.
En todo caso, no se pueden retirar las competencias sanitarias por la v?a del art?culo 155 de la Constituci?n, que dota al Gobierno de un mecanismo para obligar a una comunidad aut?noma a cumplir las obligaciones que la Constituci?n u otras leyes le imponen. "Est? pensado para otra realidad, no para ésta", sostiene.
Coincide con esta valoraci?n el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (Tenerife) Gerardo Pérez S?nchez, para quien la controversia sobre qué es normativa b?sica de sanidad y qué es normativa de desarrollo de las CCAA siempre es compleja y supone meterse en un laberinto no siempre sencillo.
"Este tipo de contenidos, m?s por los derechos de los pacientes y por la afectaci?n de derechos en general, podr?a ser competencia estatal y en funci?n de ello la posible normativa de la comunidad aut?noma pudiera ser contraria a Derecho", a?ade descartando el 155 "dado que existen v?as de impugnaci?n ante los tribunales efectivas para discutir este tema".
El profesor la Universidad de Murcia Germ?n Teruel recuerda que el propio Tribunal Constitucional ya ha establecido, a ra?z de la aplicaci?n del 155 al conflicto en Catalu?a, que este debe ser un "mecanismo muy excepcional para situaciones de un grave quebranto del ordenamiento constitucional. Es un supuesto que creo que no se da en estas circunstancias".
Derecho sanitario
Sin embargo, Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociaci?n Espa?ola de Derecho Sanitario (AEDS), no ve ning?n conflicto competencial en lo propuesto por Garc?a-Gallardo, pues, en su opini?n, cualquier protocolo auton?mico podr?a enmarcarse dentro de la Ley de Autonom?a del Paciente de 2002, que establece que los pacientes "tienen derecho a decidir libremente después de obtener la informaci?n adecuada".
Se trata de una ley b?sica, al igual que la del aborto, y que se ve adem?s complementada con el denominado Convenio de Oviedo (para la protecci?n de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biolog?a y la Medicina) suscrito por Espa?a en 1997 y publicado en el BOE dos a?os después. En su art?culo 10, dicho convenio establece que "persona tendr? derecho a conocer toda informaci?n obtenida respecto a su salud" y a?ade que "deber? respetarse la voluntad de una persona de no ser informada".
Esta voluntad de no ser informada podr?a ser invocada por las mujeres en Castilla y Le?n respecto a poder escuchar el latido fetal o someterse a una ecograf?a 4D, por lo que De Lorenzo no ve vulneraci?n de derechos en la propuesta de Vox. "Lo que se hace es una ampliaci?n de la informaci?n", afirma.
Preguntado por la informaci?n que ahora ser?a ofrecida a las gestantes, entiende este experto que ser?a "adecuada" en funci?n de los par?metros de la Ley de Autonom?a del Paciente. "Otra cosa es si procede hacer o no ese tipo de ecograf?as, pero este es un tema asistencial, no es un tema médico que vulnere la obligaci?n de informar entre las opciones cl?nicas disponibles", agrega.
Afectaci?n a la ley del aborto
Estos criterios no son compartidos por Josefa Cantero, catedr?tica de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla La Mancha y miembro de la Asociaci?n de Juristas de la Salud, que recuerda que no se est? hablando de la ley de autonom?a del paciente, que es una ley general, porque la vigente ley del aborto est? regulada por ley org?nica y trata de forma muy espec?fica la informaci?n que debe darse a las mujeres que piden someterse a una interrupci?n del embarazo.
Se trata del art?culo 17, en el que se establece el contenido de la informaci?n que el sistema sanitario tiene que dar a la mujer que incluye ayudas p?blicas, informaci?n sobre derechos laborales, centros de asesoramiento, etc. En este sentido, el protocolo proyectado por Vox en Castilla y Le?n chocar?a con el contenido de la ley.
Cantero recuerda adem?s la reciente modificaci?n del C?digo Penal para acabar con las pr?cticas de hostigamiento a las puertas de las cl?nicas y reflexiona sobre si la propuesta de Castilla y Le?n puede estar pensada con la intenci?n de disuadir a la mujer o tratarla como una menor de edad, "como si su voluntad tuviera que ser complementada por la moral de la Administraci?n".
En cuanto a las posibilidades jur?dicas, la experta se?ala que aprobarse un protocolo de estas caracter?sticas, corresponder?a directamente si impugnaci?n ante la jurisdicci?n contencioso-administrativa, e incluso una solicitud de suspensi?n mientras se resuelve sobre el fondo.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/plan-antiabortista-vox-plantearia-conflicto-81277141)
Entre las claves jur?dicas de la propuesta est?n el derecho de los pacientes a ser o no ser informados previsto en el Convenio de Oviedo (sobre derechos fundamentales frente a aplicaciones médicas), vigente desde 1999; o la posible violencia institucional que podr?a suponer la aprobaci?n de un protocolo de estas caracter?sticas.
El presidente de Castilla y Le?n, Alfonso Fern?ndez Ma?ueco, ha comparecido este lunes para desautorizar a su n?mero dos asegurando que en ning?n caso se actualizar?n los protocolos médicos existentes. Por su parte, y a través de un requerimiento oficial, el Gobierno ha pedido a Castilla y Le?n “que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe” el derecho a la interrupci?n voluntaria del embarazo.
Derechos de las muejeres
Para Marisa Soleto, de la Fundaci?n Mujeres, la propuesta de Vox toca derechos que tienen que ver con la objeci?n de conciencia de los médicos, con el cat?logo de servicios b?sicos que el Estado debe ofrecer a los pacientes y con el esquema de competencias de las comunidades aut?nomas, que no pueden tocar dicho cat?logo.
Soleto recuerda que los facultativos est?n cuestionando que tenga sentido una ecograf?a de alta resoluci?n por debajo de la novena semana de gestaci?n -que es cuando se producen el 75 por ciento de los abortos-, y que dicha prueba ser?a relevante durante el segundo y tercer trimestre, que es cuando optan por el aborto mujeres que se enfrentan a esta situaci?n por cuestiones médicas graves
A su juicio, se busca, mediante este tipo de pol?ticas, continuar con el hostigamiento a las mujeres y profesionales médicos que practican abortos como medida ideol?gica, después de que la ley calificara de delito las actuaciones frente a las cl?nicas de interrupci?n del embarazo. "Quieren llevar ese acoso al nivel institucional", razona esta abogada.
Un requerimiento con vistas al TC
La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas (ICADE), Isabel ?lvarez Vélez, considera, por su parte, que un protocolo de este tipo podr?a vulnerar el ?mbito competencial. "Lo que ha hecho el Gobierno ahora mismo ha sido presentar un requerimiento con la finalidad que prevé la Ley Org?nica del Tribunal Constitucional (LOTC) de plantear un conflicto de competencias ante el mismo Constitucional, que ser?a la v?a para resolver este conflicto de competencias", explica la experta.
En todo caso, no se pueden retirar las competencias sanitarias por la v?a del art?culo 155 de la Constituci?n, que dota al Gobierno de un mecanismo para obligar a una comunidad aut?noma a cumplir las obligaciones que la Constituci?n u otras leyes le imponen. "Est? pensado para otra realidad, no para ésta", sostiene.
Coincide con esta valoraci?n el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (Tenerife) Gerardo Pérez S?nchez, para quien la controversia sobre qué es normativa b?sica de sanidad y qué es normativa de desarrollo de las CCAA siempre es compleja y supone meterse en un laberinto no siempre sencillo.
"Este tipo de contenidos, m?s por los derechos de los pacientes y por la afectaci?n de derechos en general, podr?a ser competencia estatal y en funci?n de ello la posible normativa de la comunidad aut?noma pudiera ser contraria a Derecho", a?ade descartando el 155 "dado que existen v?as de impugnaci?n ante los tribunales efectivas para discutir este tema".
El profesor la Universidad de Murcia Germ?n Teruel recuerda que el propio Tribunal Constitucional ya ha establecido, a ra?z de la aplicaci?n del 155 al conflicto en Catalu?a, que este debe ser un "mecanismo muy excepcional para situaciones de un grave quebranto del ordenamiento constitucional. Es un supuesto que creo que no se da en estas circunstancias".
Derecho sanitario
Sin embargo, Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociaci?n Espa?ola de Derecho Sanitario (AEDS), no ve ning?n conflicto competencial en lo propuesto por Garc?a-Gallardo, pues, en su opini?n, cualquier protocolo auton?mico podr?a enmarcarse dentro de la Ley de Autonom?a del Paciente de 2002, que establece que los pacientes "tienen derecho a decidir libremente después de obtener la informaci?n adecuada".
Se trata de una ley b?sica, al igual que la del aborto, y que se ve adem?s complementada con el denominado Convenio de Oviedo (para la protecci?n de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biolog?a y la Medicina) suscrito por Espa?a en 1997 y publicado en el BOE dos a?os después. En su art?culo 10, dicho convenio establece que "persona tendr? derecho a conocer toda informaci?n obtenida respecto a su salud" y a?ade que "deber? respetarse la voluntad de una persona de no ser informada".
Esta voluntad de no ser informada podr?a ser invocada por las mujeres en Castilla y Le?n respecto a poder escuchar el latido fetal o someterse a una ecograf?a 4D, por lo que De Lorenzo no ve vulneraci?n de derechos en la propuesta de Vox. "Lo que se hace es una ampliaci?n de la informaci?n", afirma.
Preguntado por la informaci?n que ahora ser?a ofrecida a las gestantes, entiende este experto que ser?a "adecuada" en funci?n de los par?metros de la Ley de Autonom?a del Paciente. "Otra cosa es si procede hacer o no ese tipo de ecograf?as, pero este es un tema asistencial, no es un tema médico que vulnere la obligaci?n de informar entre las opciones cl?nicas disponibles", agrega.
Afectaci?n a la ley del aborto
Estos criterios no son compartidos por Josefa Cantero, catedr?tica de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla La Mancha y miembro de la Asociaci?n de Juristas de la Salud, que recuerda que no se est? hablando de la ley de autonom?a del paciente, que es una ley general, porque la vigente ley del aborto est? regulada por ley org?nica y trata de forma muy espec?fica la informaci?n que debe darse a las mujeres que piden someterse a una interrupci?n del embarazo.
Se trata del art?culo 17, en el que se establece el contenido de la informaci?n que el sistema sanitario tiene que dar a la mujer que incluye ayudas p?blicas, informaci?n sobre derechos laborales, centros de asesoramiento, etc. En este sentido, el protocolo proyectado por Vox en Castilla y Le?n chocar?a con el contenido de la ley.
Cantero recuerda adem?s la reciente modificaci?n del C?digo Penal para acabar con las pr?cticas de hostigamiento a las puertas de las cl?nicas y reflexiona sobre si la propuesta de Castilla y Le?n puede estar pensada con la intenci?n de disuadir a la mujer o tratarla como una menor de edad, "como si su voluntad tuviera que ser complementada por la moral de la Administraci?n".
En cuanto a las posibilidades jur?dicas, la experta se?ala que aprobarse un protocolo de estas caracter?sticas, corresponder?a directamente si impugnaci?n ante la jurisdicci?n contencioso-administrativa, e incluso una solicitud de suspensi?n mientras se resuelve sobre el fondo.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/plan-antiabortista-vox-plantearia-conflicto-81277141)