Reem
03-15-2023, 07:40 AM
El exdiputado nacional y cabecilla de la trama del caso Mediador, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, estuvo imputado por el presunto uso de facturas falsas para la obtenci?n de subvenciones del Cabildo de Fuerteventura, aunque se libr? del juicio porque los hechos de los que se le acusaban hab?an prescrito. 'Tito Berni', como era conocido dentro de la organizaci?n delictiva que formaba junto a su sobrino y exdirector general de Ganader?a del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, y el general de la Guardia Civil (https://www.laprovincia.es/tags/guardia-civil/) Francisco Espinosa Navas, es ahora investigado por los delito de cohecho, falsedad, blanqueo, tr?fico de influencias y grupo organizado al supuestamente exigir mordidas para retirar sanciones o agilizar las ayudas de ganaderos.
La Fiscal?a se?al? en el escrito de acusaci?n que el ya exdiputado nacional por el PSOE supuestamente present? en 2009 una factura falsa en el expediente administrativo n?mero GAN 20/09 del Cabildo de Fuerteventura. Por este motivo, el Ministerio P?blico procedi? a acusarlo de presunta falsedad de documento p?blico, oficial o mercantil. Este delito, tipificado en el art?culo 392.1 del C?digo Penal, est? castigado con una pena de seis meses a tres a?os de prisi?n. Al no superar los cinco a?os, los hechos prescriben cinco a?os después de haberse cometido, como se recoge en el art?culo 131.1 del C?digo Penal. Esto hizo que tito Berni, quien por entonces era propietario de una ganader?a para la elaboraci?n de quesos situada en la localidad majorera de Tetir, se librara del posterior juicio al extinguir su causa y no quedar acreditada su participaci?n en los hechos.
Retribuci?n sin compra
En la operaci?n desarrollada desde 2012, el entonces jefe de la Unidad de Agricultura, Ganader?a y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Casto Berriel Mart?nez, era a su vez administrador ?nico de la empresa Microt?n Fuerteventura SL que, a partir del citado a?o, pas? a denominarse Servicios Agrarios Capraria y qued? en manos de su sobrino. Ambas empresas eran la misma, lo ?nico que cambiaba era el nombre y el administrador ?nico, pero «de hecho» Berriel Mart?nez segu?a siendo el due?o, como se se?ala en la sentencia del Tribunal Supremo.
El funcionario obtuvo una subvenci?n de 9.000 euros por la adquisici?n de un tractor a través de Servicios Agrarios Capraria. Como jefe de la Unidad de Agricultura, Ganader?a y Pesca él mismo ratific? en el expediente para la ayuda que se hab?a «girado visita de comprobaci?n y visto que el beneficiario ha cumplido con los requisitos exigibles en las bases reguladoras para la concesi?n de subvenciones». Casto Berriel firm? la propuesta de resoluci?n en la que declaraba «justificada» la retribuci?n p?blica para su propia empresa sin que en ese momento se hubiese producido la compra.
Factura confeccionada
Agentes del Seprona de la Guardia Civil acudieron a la finca para ratificar la veracidad de la compra. Sin embargo, comprobaron que por las instalaciones "no aparece el tractor" que se hab?a presentado en la factura, de la marca Deutz-Fahr y modelo Agrokid 40TD. Con posterioridad apareci? otro veh?culo "que a pesar de contar con siete a?os [de antigüedad] al comprador le parece nuevo", apunta la sentencia. Para intentar dar legalidad a la adquisici?n del tractor, un empresario confeccion? una factura "cuando la sociedad vendedora nunca fue titular del referido veh?culo agrario".
Casto Berriel fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero present? un recurso de casaci?n ante el Tribunal Supremo que redujo la pena de cuatro a tres a?os de prisi?n, con una inhabilitaci?n especial para empleo o cargo p?blico durante cuatro a?os y dos meses por un delito de falsedad en documento mercantil y p?blico y otro de prevaricaci?n. Asimismo, le conden? a pagar una multa de 1.800 euros.
Indulto
El sobrino del funcionario p?blico, Rafael Berriel, fue sentenciado a tres a?os y seis meses de inhabilitaci?n especial para empleo y cargo p?blico por prevaricaci?n, mientras que el empresario José Jes?s Garc?a S?nchez fue condenado a seis meses de prisi?n y otros seis de multa como autor de un delito de falsedad en documento mercantil.
La sentencia del alto tribunal datada del 16 marzo de 2022 también oblig? a Casto y Rafael Berriel al pago de una indemnizaci?n de 9.000 euros al Gobierno de Canarias por la ayuda que le fue concedida por la adquisici?n de un tractor que nunca se realiz?.
El anterior grupo de Gobierno que conformaba en junio de 2022 el Cabildo de Fuerteventura, compuesto por Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), PP y CC, solicitaron el indulto para el funcionario condenado por la "plena integraci?n social" del funcionario. En la actualidad, de los 23 consejeros de la instituci?n insular s?lo hay dos, Sergio Lloret (AMF) y Juan Nicol?s Cabrera en el grupo de los no adscrito.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/tito-berni-estuvo-imputado-facturas-84664811)
La Fiscal?a se?al? en el escrito de acusaci?n que el ya exdiputado nacional por el PSOE supuestamente present? en 2009 una factura falsa en el expediente administrativo n?mero GAN 20/09 del Cabildo de Fuerteventura. Por este motivo, el Ministerio P?blico procedi? a acusarlo de presunta falsedad de documento p?blico, oficial o mercantil. Este delito, tipificado en el art?culo 392.1 del C?digo Penal, est? castigado con una pena de seis meses a tres a?os de prisi?n. Al no superar los cinco a?os, los hechos prescriben cinco a?os después de haberse cometido, como se recoge en el art?culo 131.1 del C?digo Penal. Esto hizo que tito Berni, quien por entonces era propietario de una ganader?a para la elaboraci?n de quesos situada en la localidad majorera de Tetir, se librara del posterior juicio al extinguir su causa y no quedar acreditada su participaci?n en los hechos.
Retribuci?n sin compra
En la operaci?n desarrollada desde 2012, el entonces jefe de la Unidad de Agricultura, Ganader?a y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Casto Berriel Mart?nez, era a su vez administrador ?nico de la empresa Microt?n Fuerteventura SL que, a partir del citado a?o, pas? a denominarse Servicios Agrarios Capraria y qued? en manos de su sobrino. Ambas empresas eran la misma, lo ?nico que cambiaba era el nombre y el administrador ?nico, pero «de hecho» Berriel Mart?nez segu?a siendo el due?o, como se se?ala en la sentencia del Tribunal Supremo.
El funcionario obtuvo una subvenci?n de 9.000 euros por la adquisici?n de un tractor a través de Servicios Agrarios Capraria. Como jefe de la Unidad de Agricultura, Ganader?a y Pesca él mismo ratific? en el expediente para la ayuda que se hab?a «girado visita de comprobaci?n y visto que el beneficiario ha cumplido con los requisitos exigibles en las bases reguladoras para la concesi?n de subvenciones». Casto Berriel firm? la propuesta de resoluci?n en la que declaraba «justificada» la retribuci?n p?blica para su propia empresa sin que en ese momento se hubiese producido la compra.
Factura confeccionada
Agentes del Seprona de la Guardia Civil acudieron a la finca para ratificar la veracidad de la compra. Sin embargo, comprobaron que por las instalaciones "no aparece el tractor" que se hab?a presentado en la factura, de la marca Deutz-Fahr y modelo Agrokid 40TD. Con posterioridad apareci? otro veh?culo "que a pesar de contar con siete a?os [de antigüedad] al comprador le parece nuevo", apunta la sentencia. Para intentar dar legalidad a la adquisici?n del tractor, un empresario confeccion? una factura "cuando la sociedad vendedora nunca fue titular del referido veh?culo agrario".
Casto Berriel fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero present? un recurso de casaci?n ante el Tribunal Supremo que redujo la pena de cuatro a tres a?os de prisi?n, con una inhabilitaci?n especial para empleo o cargo p?blico durante cuatro a?os y dos meses por un delito de falsedad en documento mercantil y p?blico y otro de prevaricaci?n. Asimismo, le conden? a pagar una multa de 1.800 euros.
Indulto
El sobrino del funcionario p?blico, Rafael Berriel, fue sentenciado a tres a?os y seis meses de inhabilitaci?n especial para empleo y cargo p?blico por prevaricaci?n, mientras que el empresario José Jes?s Garc?a S?nchez fue condenado a seis meses de prisi?n y otros seis de multa como autor de un delito de falsedad en documento mercantil.
La sentencia del alto tribunal datada del 16 marzo de 2022 también oblig? a Casto y Rafael Berriel al pago de una indemnizaci?n de 9.000 euros al Gobierno de Canarias por la ayuda que le fue concedida por la adquisici?n de un tractor que nunca se realiz?.
El anterior grupo de Gobierno que conformaba en junio de 2022 el Cabildo de Fuerteventura, compuesto por Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), PP y CC, solicitaron el indulto para el funcionario condenado por la "plena integraci?n social" del funcionario. En la actualidad, de los 23 consejeros de la instituci?n insular s?lo hay dos, Sergio Lloret (AMF) y Juan Nicol?s Cabrera en el grupo de los no adscrito.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/tito-berni-estuvo-imputado-facturas-84664811)