Reem
03-08-2023, 01:39 PM
La Sala de lo Penal ha declarado el archivo de la causa contra el senador de Coalici?n Canaria (https://www.aglitk.com/tags/politica/) Fernando Clavijo al considerar que no existen indicios de un delito continuado de prevaricaci?n administrativa en relaci?n con los decretos que dict?, desde 2011 hasta 2014, siendo alcalde de San Crist?bal de La Laguna (Tenerife), para levantar los reparos de la Intervenci?n General.
Tras analizar la exposici?n razonada enviada por la titular del juzgado de Instrucci?n n? 4 de San Crist?bal de La Laguna, en la que precisaba los indicios hallados en la investigaci?n contra el aforado, el tribunal concluye que los hechos recogidos en la misma no revisten apariencia de delito por entender que las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias.
La Sala se?ala que no parece que pueda discutirse que la actuaci?n reiterada de la Corporaci?n con mecanismos que fuerzan el funcionamiento normal de la contrataci?n p?blica, “no se ajustan fielmente a la legalidad, por m?s que, decreto a decreto, y con el apoyo del dictamen de un experto administrativista del mundo académico que no puede desde?arse, la defensa intente salvar mediante interpretaciones, m?s asumibles unas que otras, la correcci?n jur?dica y el respaldo en la legalidad de cada decisi?n. Un respaldo que también se preocupaban de consignar los correspondientes servicios gestores al rechazar el reparo”.
En su auto explica que no hay duda de la condici?n de autoridad del aforado que dict? los decretos ni tampoco de la naturaleza de los decretos, que eran genuinas resoluciones administrativas, pero concluye que éstas no pueden ser tachadas de arbitrarias. De acuerdo con su jurisprudencia, recuerda que el delito de prevaricaci?n no nace con cualquier resoluci?n administrativa contraria a la legalidad o que se aparte de ella, sino que “se requiere que la resoluci?n sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia”.
A?ade que “no parece que sea esa caracter?stica predicable de las resoluciones que ahora analizamos. Pueden ser irregulares; pero no groseramente ilegales o dictadas por intereses ajenos a los p?blicos o generales de una corporaci?n y con desdén o indiferencia frente a la legalidad. No se entender?a en ese caso que una conducta tan reiterada, tan hecha a la luz (https://www.aglitk.com/tags/puerto-de-la-luz/) sin disimulo, ni ocultamiento alguno, no hubiese sido denunciada hasta varios a?os después, pese a la obligaci?n que rige sobre cualquier funcionario de denunciar delitos p?blicos”, subraya la Sala.
Asimismo, indica que el car?cter prevaricador, como algo de intensidad superior a la mera irregularidad o ilegalidad, “no se obtiene a base de sumar muchas irregularidades. La suma de resoluciones irregulares no convierte en prevaricaci?n lo que aisladamente considerado no es m?s que una irregularidad. No es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Una decisi?n totalmente apartada del ordenamiento es prevaricaci?n. Una resoluci?n, defendible de alguna forma y no arbitraria en el sentido de adoptada con cierta base y finalidades reconocibles y leg?timas, aunque incurra en alguna irregularidad, mayor o menor o pueda ser tildada de no acorde con la legalidad, no es prevaricaci?n”.
Para la Sala, la suma de muchas resoluciones de este tipo no las transforma en prevaricaci?n. Esto es diferente de que una resoluci?n pueda ser tachada de prevaricadora “por acumular en ella misma m?ltiples irregularidades que la convierten en groseramente apartada de la legalidad. Lo mismo que muchas infracciones administrativas no conforman un delito, la acumulaci?n de resoluciones administrativas no ajustadas a la estricta legalidad pero no prevaricadoras no pueden colmar las exigencias t?picas del art. 404, por elevado que sea su n?mero”, seg?n los magistrados.
Esta comunicaci?n no puede ser considerada como la publicaci?n oficial de un documento p?blico. La comunicaci?n de los datos de car?cter personal contenidos en la resoluci?n judicial adjunta, no previamente disociados, se realiza en cumplimiento de la funci?n institucional que el art?culo 54.3 del Reglamento 1/2000 de 26 de julio, de los ?rganos de gobierno de los tribunales, atribuye a esta Oficina de Comunicaci?n, a los exclusivos efectos de su eventual tratamiento con fines period?sticos en los términos previstos por el art?culo 85 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci?n de las personas f?sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.
En todo caso ser? de aplicaci?n lo dispuesto en la normativa de protecci?n de datos de car?cter personal al tratamiento que los destinatarios de esta informaci?n lleven a cabo de los datos personales que contenga la resoluci?n judicial adjunta, que no podr?n ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/archivada-causa-clavijo-caso-reparos-84288826)
Tras analizar la exposici?n razonada enviada por la titular del juzgado de Instrucci?n n? 4 de San Crist?bal de La Laguna, en la que precisaba los indicios hallados en la investigaci?n contra el aforado, el tribunal concluye que los hechos recogidos en la misma no revisten apariencia de delito por entender que las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias.
La Sala se?ala que no parece que pueda discutirse que la actuaci?n reiterada de la Corporaci?n con mecanismos que fuerzan el funcionamiento normal de la contrataci?n p?blica, “no se ajustan fielmente a la legalidad, por m?s que, decreto a decreto, y con el apoyo del dictamen de un experto administrativista del mundo académico que no puede desde?arse, la defensa intente salvar mediante interpretaciones, m?s asumibles unas que otras, la correcci?n jur?dica y el respaldo en la legalidad de cada decisi?n. Un respaldo que también se preocupaban de consignar los correspondientes servicios gestores al rechazar el reparo”.
En su auto explica que no hay duda de la condici?n de autoridad del aforado que dict? los decretos ni tampoco de la naturaleza de los decretos, que eran genuinas resoluciones administrativas, pero concluye que éstas no pueden ser tachadas de arbitrarias. De acuerdo con su jurisprudencia, recuerda que el delito de prevaricaci?n no nace con cualquier resoluci?n administrativa contraria a la legalidad o que se aparte de ella, sino que “se requiere que la resoluci?n sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia”.
A?ade que “no parece que sea esa caracter?stica predicable de las resoluciones que ahora analizamos. Pueden ser irregulares; pero no groseramente ilegales o dictadas por intereses ajenos a los p?blicos o generales de una corporaci?n y con desdén o indiferencia frente a la legalidad. No se entender?a en ese caso que una conducta tan reiterada, tan hecha a la luz (https://www.aglitk.com/tags/puerto-de-la-luz/) sin disimulo, ni ocultamiento alguno, no hubiese sido denunciada hasta varios a?os después, pese a la obligaci?n que rige sobre cualquier funcionario de denunciar delitos p?blicos”, subraya la Sala.
Asimismo, indica que el car?cter prevaricador, como algo de intensidad superior a la mera irregularidad o ilegalidad, “no se obtiene a base de sumar muchas irregularidades. La suma de resoluciones irregulares no convierte en prevaricaci?n lo que aisladamente considerado no es m?s que una irregularidad. No es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Una decisi?n totalmente apartada del ordenamiento es prevaricaci?n. Una resoluci?n, defendible de alguna forma y no arbitraria en el sentido de adoptada con cierta base y finalidades reconocibles y leg?timas, aunque incurra en alguna irregularidad, mayor o menor o pueda ser tildada de no acorde con la legalidad, no es prevaricaci?n”.
Para la Sala, la suma de muchas resoluciones de este tipo no las transforma en prevaricaci?n. Esto es diferente de que una resoluci?n pueda ser tachada de prevaricadora “por acumular en ella misma m?ltiples irregularidades que la convierten en groseramente apartada de la legalidad. Lo mismo que muchas infracciones administrativas no conforman un delito, la acumulaci?n de resoluciones administrativas no ajustadas a la estricta legalidad pero no prevaricadoras no pueden colmar las exigencias t?picas del art. 404, por elevado que sea su n?mero”, seg?n los magistrados.
Esta comunicaci?n no puede ser considerada como la publicaci?n oficial de un documento p?blico. La comunicaci?n de los datos de car?cter personal contenidos en la resoluci?n judicial adjunta, no previamente disociados, se realiza en cumplimiento de la funci?n institucional que el art?culo 54.3 del Reglamento 1/2000 de 26 de julio, de los ?rganos de gobierno de los tribunales, atribuye a esta Oficina de Comunicaci?n, a los exclusivos efectos de su eventual tratamiento con fines period?sticos en los términos previstos por el art?culo 85 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci?n de las personas f?sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.
En todo caso ser? de aplicaci?n lo dispuesto en la normativa de protecci?n de datos de car?cter personal al tratamiento que los destinatarios de esta informaci?n lleven a cabo de los datos personales que contenga la resoluci?n judicial adjunta, que no podr?n ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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