Reem
03-04-2023, 09:26 AM
La Fiscal?a Anticorrupci?n solicitar? doce a?os de c?rcel para el expresidente de la Diputaci?n de València, Alfonso Rus; su jefe de gabinete Emilio Llopis; el exsecretario auton?mico de Educaci?n, M?ximo Caturla y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.
Para este ?ltimo, yonqui del dinero confeso, la pena de prisi?n es m?s elevada que la solicitada inicialmente ya que la Fiscal?a Anticorrupci?n le ha retirado la atenuante de confesi?n, al dejar de colaborar con los investigadores del caso Taula (desde octubre de 2021, cuando cambi? de abogado y se arrepinti? de arrepentirse) e intentar ahora invalidar las grabaciones que originaron la investigaci?n y con ellas todo el caso Taula que ha alcanzado las doce piezas separadas. Por ahora ya existe una condena por la pieza de Thematica Events, que a?n no es firme.
Los cuatro se enfrentan a una acusaci?n de los presuntos delitos de organizaci?n criminal, malversaci?n de caudales p?blicos, prevaricaci?n continuada y falsedad en documento oficial cometida por funcionario p?blico que supuestamente cometieron por "clientelismo pol?tico y personal" y el uso de varias empresas p?blicas (Ciegsa e Imelsa) "para repartir favores" entre personas afines al Partido Popular.
En un segundo escal?n, la Fiscal?a Anticorrupci?n sit?a a los exdirectivos de Imelsa, Mar?a Escrihuela y José Enrique Montblanch, para quien solicita seis a?os de c?rcel por los presuntos delitos de malversaci?n de caudales p?blicos, prevaricaci?n y falsedad en documento oficial. También se enfrenta a la misma pena el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputaci?n de València, Rafael Rubio, por impulsar dos de estos contratos supuestamente fraudulentos con dos asesoras durante cuatro meses.
En el caso de ser condenados, el Ministerio p?blico solicita que Rus, Llopis, Benavent, Escrihuela y Montblanch indemnicen a la Diputaci?n de València (heredera de Imelsa, después Divalterra, que ya est?n disueltas) con 578.160,64 de forma conjunta. Adem?s, Benavent, Escrihuela y Montblanch también deber?n devolver el dinero que cobraron en concepto de productividad y dietas que suman entre los tres 303.311,16 euros.
Respecto a los trabajadores presuntamente zombis, la Fiscal?a Anticorrupci?n ha reducido a catorce meses de prisi?n la pena que solicita para ellos. Una pena que, al no tener antecedentes, les evitar?a cumplir la pena. En el caso del empresario Jose Adolfo V. C. la condena solicitada se reduce a seis meses de c?rcel por falsedad en documento oficial cometida por particular (ha reconocido que pidi? a Benavent que contratara a dos trabajadores a cargo de Imelsa que trabajaban en sus empresas). Los otros seis meses de c?rcel por malversaci?n, la Fiscal?a pide que se conmute por una multa. El empresario ya ha devuelto todo el dinero de los sueldos cobrados por estas contrataciones presuntamente ficticias.
Para los presuntos zombis no conformados, que defienden haber trabajado y niegan los hechos, la Fiscal?a Anticorrupci?n solicita finalmente tres a?os y tres meses de c?rcel y diez a?os de inhabilitaci?n, adem?s de diez meses de multa a veinte euros por d?a. Adem?s de la exigencia de devolver la cantidad cobrada en sueldos mientras estuvieron contratados en las empresas p?blicas Ciegsa (Conselleria de Educaci?n) e Imelsa (Diputaci?n de València).
En el caso de una periodista contratada como alta directiva en Ciegsa, pero que trabajaba para la Conselleria de Educaci?n, la Fiscal?a Anticorrupci?n mantiene esta misma solicitud de pena de tres a?os y tres meses de prisi?n, aunque la Abogac?a de la Generalitat ha decidido retirar la acusaci?n contra ella.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/anticorrupcion-pide-12-anos-carcel-84094410)
Para este ?ltimo, yonqui del dinero confeso, la pena de prisi?n es m?s elevada que la solicitada inicialmente ya que la Fiscal?a Anticorrupci?n le ha retirado la atenuante de confesi?n, al dejar de colaborar con los investigadores del caso Taula (desde octubre de 2021, cuando cambi? de abogado y se arrepinti? de arrepentirse) e intentar ahora invalidar las grabaciones que originaron la investigaci?n y con ellas todo el caso Taula que ha alcanzado las doce piezas separadas. Por ahora ya existe una condena por la pieza de Thematica Events, que a?n no es firme.
Los cuatro se enfrentan a una acusaci?n de los presuntos delitos de organizaci?n criminal, malversaci?n de caudales p?blicos, prevaricaci?n continuada y falsedad en documento oficial cometida por funcionario p?blico que supuestamente cometieron por "clientelismo pol?tico y personal" y el uso de varias empresas p?blicas (Ciegsa e Imelsa) "para repartir favores" entre personas afines al Partido Popular.
En un segundo escal?n, la Fiscal?a Anticorrupci?n sit?a a los exdirectivos de Imelsa, Mar?a Escrihuela y José Enrique Montblanch, para quien solicita seis a?os de c?rcel por los presuntos delitos de malversaci?n de caudales p?blicos, prevaricaci?n y falsedad en documento oficial. También se enfrenta a la misma pena el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputaci?n de València, Rafael Rubio, por impulsar dos de estos contratos supuestamente fraudulentos con dos asesoras durante cuatro meses.
En el caso de ser condenados, el Ministerio p?blico solicita que Rus, Llopis, Benavent, Escrihuela y Montblanch indemnicen a la Diputaci?n de València (heredera de Imelsa, después Divalterra, que ya est?n disueltas) con 578.160,64 de forma conjunta. Adem?s, Benavent, Escrihuela y Montblanch también deber?n devolver el dinero que cobraron en concepto de productividad y dietas que suman entre los tres 303.311,16 euros.
Respecto a los trabajadores presuntamente zombis, la Fiscal?a Anticorrupci?n ha reducido a catorce meses de prisi?n la pena que solicita para ellos. Una pena que, al no tener antecedentes, les evitar?a cumplir la pena. En el caso del empresario Jose Adolfo V. C. la condena solicitada se reduce a seis meses de c?rcel por falsedad en documento oficial cometida por particular (ha reconocido que pidi? a Benavent que contratara a dos trabajadores a cargo de Imelsa que trabajaban en sus empresas). Los otros seis meses de c?rcel por malversaci?n, la Fiscal?a pide que se conmute por una multa. El empresario ya ha devuelto todo el dinero de los sueldos cobrados por estas contrataciones presuntamente ficticias.
Para los presuntos zombis no conformados, que defienden haber trabajado y niegan los hechos, la Fiscal?a Anticorrupci?n solicita finalmente tres a?os y tres meses de c?rcel y diez a?os de inhabilitaci?n, adem?s de diez meses de multa a veinte euros por d?a. Adem?s de la exigencia de devolver la cantidad cobrada en sueldos mientras estuvieron contratados en las empresas p?blicas Ciegsa (Conselleria de Educaci?n) e Imelsa (Diputaci?n de València).
En el caso de una periodista contratada como alta directiva en Ciegsa, pero que trabajaba para la Conselleria de Educaci?n, la Fiscal?a Anticorrupci?n mantiene esta misma solicitud de pena de tres a?os y tres meses de prisi?n, aunque la Abogac?a de la Generalitat ha decidido retirar la acusaci?n contra ella.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/anticorrupcion-pide-12-anos-carcel-84094410)