Reem
03-04-2023, 08:44 AM
El pasado 20 de octubre, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, realiz? un discurso en Estrasburgo que da cuenta de la importancia y urgencia de poner freno a un problema ampliamente ignorado y que en el mundo anglosaj?n se conoce con el acr?nimo SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation o Estrategia de Demandas contra la Participaci?n P?blica). “Las SLAPP son la segunda mayor amenaza a la libertad de expresi?n y a la disensi?n [en Europa] tras la violencia f?sica”, asever? Mijatovic, en referencia al uso abusivo y desproporcionado de querellas interpuestas por poderosas empresas o individuos que, por medio de esas acciones legales, no persiguen reparar un da?o causado a su imagen sino simplemente intimidar o incluso silenciar a ecologistas y periodistas que previamente han expuesto sus supuestos comportamientos anticlim?ticos.
“Las SLAPP ocurren todos los d?as en Europa, en muchos de nuestros estados miembros, y afectan a profesionales y a j?venes activistas que se expresan para proteger a sus comunidades o el medioambiente”, agreg? Mijatovic durante una conferencia celebrada en la sede del Consejo de Europa y destinada a buscar soluciones este problema] (about:blank) . La Unesco también alert? recientemente del auge de las demandas por presunta difamaci?n como estrategia para coartar la libertad de expresi?nen el mundo.
Sin importar el interés p?blico
En cualquier democracia plena, el derecho al honor es un derecho fundamental del ciudadano, m?s a?n cuando las redes sociales han multiplicado exponencialmente los bulos que da?an reputaciones. Sin embargo, la libertad de expresi?n y el derecho a la informaci?n son derechos igualmente centrales de las sociedades modernas. Las SLAPP, a diferencia de una querella por difamaci?n con fundamentos leg?timos, abusa del litigio para tratar de cercenar la libertad de expresi?n por medio de la amenaza que supone para el demandado tener que afrontar costosas cargas legales, sin importar si la informaci?n por la que ha sido denunciado es veraz y tiene un interés p?blico.
“Los demandantes tienen menos interés en el resultado [legal] que en el proceso en s?”, explica a EL PERI?DICO, del grupo Prensa Ibérica, Charlie Holt, consejero legal de campa?as de Greenpeace Internacional y director de la estrategia anti-SLAPP de la organizaci?n ecologista, que ha sido v?ctima de varias querellas millonarias por parte de empresas energéticas en Estados Unidos. Este activista brit?nico recuerda que, en algunas jurisdicciones como Reino Unido, enfrentar un proceso por difamaci?n supone tener que hacer frente a “costes astron?micamente altos”, lo que puede acarrear que ecologistas o incluso periodistas, en vez de revelar abusos o ilegalidades de las que son conocedores, incurran en autocensura por miedo a represalias.
En 2020, Greenpeace Internacional public? un informe titulado (https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2020/07/20200722-SLAPPs-Sued-into-Silence.pdf)Demandado para Callar (https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2020/07/20200722-SLAPPs-Sued-into-Silence.pdf). (https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2020/07/20200722-SLAPPs-Sued-into-Silence.pdf) C?mo los ricos y los poderosos usan t?cticas legales para callar las cr?ticas, (https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2020/07/20200722-SLAPPs-Sued-into-Silence.pdf) en el que diseccionaba las estrategias legales intimidatorias, as? como varios casos de activistas y periodistas europeos perseguidos en los tribunales por denunciar, entre otros, la contaminaci?n de suelos y aguas por parte de empresas ganaderas o el uso excesivo de pesticidas en el cultivo de la manzana. Otras v?ctimas de supuestos casos de SLAPP eran manifestantes contrarios a la apertura de nuevas minas de carb?n, cuya quema genera emisiones de CO2 y contribuye sobremanera al calentamiento global del planeta. Los demandantes en esos y otros casos relatados en el informe son grandes corporaciones, empresarios o incluso pol?ticos europeos que reclaman como reparaci?n el pago de cientos de miles de euros o incluso millones.
Tendencia al alza
No existen datos espec?ficos sobre el n?mero de litigios intimidatorios contra ecologistas o periodistas como consecuencia de haber denunciado actos il?citos o cr?menes medioambientales. Pero s? ha sido documentado que cada a?o se presentan cientos, aunque podr?an ser miles, de querellas por difamaci?n contra reporteros y activistas en los pa?ses de la Uni?n Europea. También se sabe que las SLAPP —de todo tipo, no solo por temas clim?ticos— son una tendencia al alza. En Italia, por ejemplo, el n?mero de querellas se ha duplicado entre 2011 y 2017, pero no por ello ha crecido el n?mero de condenados, pues muchos casos son desestimados durante la fase de instrucci?n, seg?n estudios académicos (https://www.rcmediafreedom.eu/Tools/Legal-Resources/SLAPPs-the-Italian-Case).
Holt, el activista de Greenpeace Internacional, explica que algunos de los pa?ses donde s? se han documentado un aumento de las demandas contra ecologistas son Francia, Polonia, Reino Unido o Serbia. En las instituciones europeas, dice, ya hay la conciencia de que las querellas intimidatorias ponen en riesgo las libertades fundamentales en un contexto de premura por luchar contra el cambio clim?tico. “Hay el entendimiento de que es un ataque directo a la libertad de expresi?n, que es una amenaza a la democracia y a la posibilidad de denunciar y de hacer que los poderosos rindan cuentas”, explica.
La Comisi?n Europea ya ha comenzado a dar algunos pasos al respecto. En abril del a?o pasado, tras abrir una consulta p?blica, present? a los pa?ses miembro una propuesta de directiva destinada a proteger a reporteros y activistas ante las querellas mordaz , que defini? como “una forma especialmente perniciosa de acoso e intimidaci?n contra las personas implicadas en la protecci?n del interés p?blico”. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y asociaciones ecologistas arguyen que es urgente que los pa?ses europeos implementen medidas disuasorias. Una posibilidad ser?a lo que ya se hace en Estados Unidos: modificar la ley para imponer al demandante el total las costas procesuales o incluso una parte de la cantidad reclamada, en caso de que la querella sea desestimada y ésta se revele como una estrategia meramente intimidatoria.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/auge-querellas-mordaza-climaticas-84092935)
“Las SLAPP ocurren todos los d?as en Europa, en muchos de nuestros estados miembros, y afectan a profesionales y a j?venes activistas que se expresan para proteger a sus comunidades o el medioambiente”, agreg? Mijatovic durante una conferencia celebrada en la sede del Consejo de Europa y destinada a buscar soluciones este problema] (about:blank) . La Unesco también alert? recientemente del auge de las demandas por presunta difamaci?n como estrategia para coartar la libertad de expresi?nen el mundo.
Sin importar el interés p?blico
En cualquier democracia plena, el derecho al honor es un derecho fundamental del ciudadano, m?s a?n cuando las redes sociales han multiplicado exponencialmente los bulos que da?an reputaciones. Sin embargo, la libertad de expresi?n y el derecho a la informaci?n son derechos igualmente centrales de las sociedades modernas. Las SLAPP, a diferencia de una querella por difamaci?n con fundamentos leg?timos, abusa del litigio para tratar de cercenar la libertad de expresi?n por medio de la amenaza que supone para el demandado tener que afrontar costosas cargas legales, sin importar si la informaci?n por la que ha sido denunciado es veraz y tiene un interés p?blico.
“Los demandantes tienen menos interés en el resultado [legal] que en el proceso en s?”, explica a EL PERI?DICO, del grupo Prensa Ibérica, Charlie Holt, consejero legal de campa?as de Greenpeace Internacional y director de la estrategia anti-SLAPP de la organizaci?n ecologista, que ha sido v?ctima de varias querellas millonarias por parte de empresas energéticas en Estados Unidos. Este activista brit?nico recuerda que, en algunas jurisdicciones como Reino Unido, enfrentar un proceso por difamaci?n supone tener que hacer frente a “costes astron?micamente altos”, lo que puede acarrear que ecologistas o incluso periodistas, en vez de revelar abusos o ilegalidades de las que son conocedores, incurran en autocensura por miedo a represalias.
En 2020, Greenpeace Internacional public? un informe titulado (https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2020/07/20200722-SLAPPs-Sued-into-Silence.pdf)Demandado para Callar (https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2020/07/20200722-SLAPPs-Sued-into-Silence.pdf). (https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2020/07/20200722-SLAPPs-Sued-into-Silence.pdf) C?mo los ricos y los poderosos usan t?cticas legales para callar las cr?ticas, (https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2020/07/20200722-SLAPPs-Sued-into-Silence.pdf) en el que diseccionaba las estrategias legales intimidatorias, as? como varios casos de activistas y periodistas europeos perseguidos en los tribunales por denunciar, entre otros, la contaminaci?n de suelos y aguas por parte de empresas ganaderas o el uso excesivo de pesticidas en el cultivo de la manzana. Otras v?ctimas de supuestos casos de SLAPP eran manifestantes contrarios a la apertura de nuevas minas de carb?n, cuya quema genera emisiones de CO2 y contribuye sobremanera al calentamiento global del planeta. Los demandantes en esos y otros casos relatados en el informe son grandes corporaciones, empresarios o incluso pol?ticos europeos que reclaman como reparaci?n el pago de cientos de miles de euros o incluso millones.
Tendencia al alza
No existen datos espec?ficos sobre el n?mero de litigios intimidatorios contra ecologistas o periodistas como consecuencia de haber denunciado actos il?citos o cr?menes medioambientales. Pero s? ha sido documentado que cada a?o se presentan cientos, aunque podr?an ser miles, de querellas por difamaci?n contra reporteros y activistas en los pa?ses de la Uni?n Europea. También se sabe que las SLAPP —de todo tipo, no solo por temas clim?ticos— son una tendencia al alza. En Italia, por ejemplo, el n?mero de querellas se ha duplicado entre 2011 y 2017, pero no por ello ha crecido el n?mero de condenados, pues muchos casos son desestimados durante la fase de instrucci?n, seg?n estudios académicos (https://www.rcmediafreedom.eu/Tools/Legal-Resources/SLAPPs-the-Italian-Case).
Holt, el activista de Greenpeace Internacional, explica que algunos de los pa?ses donde s? se han documentado un aumento de las demandas contra ecologistas son Francia, Polonia, Reino Unido o Serbia. En las instituciones europeas, dice, ya hay la conciencia de que las querellas intimidatorias ponen en riesgo las libertades fundamentales en un contexto de premura por luchar contra el cambio clim?tico. “Hay el entendimiento de que es un ataque directo a la libertad de expresi?n, que es una amenaza a la democracia y a la posibilidad de denunciar y de hacer que los poderosos rindan cuentas”, explica.
La Comisi?n Europea ya ha comenzado a dar algunos pasos al respecto. En abril del a?o pasado, tras abrir una consulta p?blica, present? a los pa?ses miembro una propuesta de directiva destinada a proteger a reporteros y activistas ante las querellas mordaz , que defini? como “una forma especialmente perniciosa de acoso e intimidaci?n contra las personas implicadas en la protecci?n del interés p?blico”. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y asociaciones ecologistas arguyen que es urgente que los pa?ses europeos implementen medidas disuasorias. Una posibilidad ser?a lo que ya se hace en Estados Unidos: modificar la ley para imponer al demandante el total las costas procesuales o incluso una parte de la cantidad reclamada, en caso de que la querella sea desestimada y ésta se revele como una estrategia meramente intimidatoria.
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