Reem
04-08-2024, 02:21 PM
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (https://www.sport.es/es/temas/tribunal-constitucional-1837481) ha decidido por mayor?a amparar a una profesora universitaria que sufri? abusos sexuales continuados por parte de quien era decano de la Facultad de Ciencias de la Educaci?n de la Universidad de Sevilla, al declarar "irrazonable" y "carente de base legal" que las dilaciones indebidas que le supusieron una rebaja de pena al condenado se atribuyan a que las v?ctimas tardaron dos a?os en denunciar.
En diciembre de 2016 el Juzgado de lo Penal n?mero 2 de Sevilla conden? a Santiago Romero Granados, catedr?tico de educaci?n f?sica de la Facultad de Ciencias de la Educaci?n de la Universidad de Sevilla, por haber abusado sexualmente de tres profesoras de dicho departamento, de manera continuada, durante el periodo de tiempo comprendido entre los a?os 2006 y 2010, en que era el cargo de decano de dicha facultad.
Se le conden? a un total de siete a?os y nueve meses, pero en diciembre de 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla revoc? parcialmente esa sentencia y, pese a mantener los hechos probados y la condena por tres delitos de abusos sexuales continuados, redujo la pena de prisi?n a dos a?os y ocho meses, al aplicar una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en la tramitaci?n de la causa.
La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional considera que esa decisi?n de la Audiencia Provincial lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente al responsabilizar a las v?ctimas del retraso en la tramitaci?n de la causa por haber tardado aproximadamente dos a?os en denunciar los hechos. De acuerdo con la sentencia aprobada por mayor?a de la Sala, esta conclusi?n se declara que es irrazonable y que carece de base legal, porque lo previsto en nuestro ordenamiento jur?dico es que quien resulte perjudicado por un delito tiene el derecho a denunciarlo en cualquier momento, con el ?nico l?mite de la prescripci?n, que la propia sentencia de apelaci?n descart? en este caso.
Por otra parte, las dilaciones indebidas a que se refiere la circunstancia atenuante prevista por el C?digo Penal son aquellas que se producen durante la tramitaci?n del proceso y que pueden atribuirse a la actividad de los ?rganos judiciales encargados de dicha tramitaci?n; nunca a la conducta particular que las personas perjudicadas por el delito hayan desarrollado antes de que la causa penal se haya iniciado siquiera. A todo ello se a?ade que la sentencia dictada por la Audiencia no tiene en cuenta el contexto en que se produjo la actividad delictiva de Romero Granados.
J?venes y su jefe
Los abusos sexuales (https://www.sport.es/es/temas/abusos-sexuales-1836841) se prolongaron durante m?s de tres a?os en el marco de una relaci?n laboral en que el agresor era decano de la facultad y catedr?tico del departamento al que estaban adscritas las tres v?ctimas; y éstas eran mujeres j?venes, que acababan de emprender su carrera profesional, contaban con contratos de trabajo no permanentes y tanto su renovaci?n como su promoci?n en la carrera académica depend?an de la voluntad del agresor, tal como éste les hizo notar en reiteradas ocasiones.
En este contexto, las dificultades intr?nsecas para denunciar hechos de naturaleza sexual se incrementaban notablemente, pese a lo cual las v?ctimas pusieron reiteradamente los hechos en conocimiento de sus superiores en la Universidad de Sevilla, y, ante la inactividad de éstos, llegaron a formalizar denuncia escrita ante el Vicerrectorado meses antes de que se formalizara la denuncia penal por la propia Universidad, previa tramitaci?n de una informaci?n reservada.
La Sala Segunda considera que no tener en cuenta este contexto y responsabilizar a las perjudicadas por la demora en denunciar no solo es irrazonable desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que desconoce también el mandato de prohibici?n de discriminaci?n por raz?n de sexo que proclama el art?culo 14 de nuestra Constituci?n.
Los abusos sexuales, por los que Romero Granados fue condenado, forman parte de los delitos relacionados con la violencia de género, que constituye la forma m?s grave de discriminaci?n contra la mujer, circunstancia que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla ignora por completo, lo que le hace soslayar las exigencias derivadas de la aplicaci?n de la perspectiva de género y la prohibici?n de discriminaci?n por raz?n de sexo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en relaci?n con la investigaci?n, enjuiciamiento y castigo de delitos de violencia sexual, que “los tribunales nacionales no deben estar dispuestos en ning?n caso a permitir que queden impunes graves atentados contra la integridad f?sica y mental, ni a permitir que delitos graves sean castigados con sanciones excesivamente indulgentes”, y ha admitido que la labor de control asignada al propio tribunal se extienda en estos casos al examen de si los criterios y razones ofrecidas por el tribunal nacional a la hora de determinar las consecuencias penales de esta clase de delitos resultan “adecuados para asegurar que el castigo se mantiene proporcionado a la naturaleza y gravedad del maltrato ?nsito en los actos criminales cometidos contra la demandante como v?ctima”.
Voto de Balaguer
La magistrada Mar?a Luisa Balaguer emite un voto particular concurrente en el que, estando de acuerdo con la estimaci?n parcial de las pretensiones de la parte, declara que aquellas debieron estimarse en su totalidad, porque entiende que deber?a haberse aplicado la perspectiva de género en el an?lisis de las lesiones (https://www.sport.es/es/temas/lesiones-1848673) alegadas. También han formulado un voto concurrente conjunto los magistrados César Tolosa y Enrique Arnaldo, por el que discrepan de la argumentaci?n de la sentencia de la mayor?a aunque no del fallo estimatorio
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/constitucional-ampara-profesora-universitaria-sufrio-abusos-decano-facultad-100781707)
En diciembre de 2016 el Juzgado de lo Penal n?mero 2 de Sevilla conden? a Santiago Romero Granados, catedr?tico de educaci?n f?sica de la Facultad de Ciencias de la Educaci?n de la Universidad de Sevilla, por haber abusado sexualmente de tres profesoras de dicho departamento, de manera continuada, durante el periodo de tiempo comprendido entre los a?os 2006 y 2010, en que era el cargo de decano de dicha facultad.
Se le conden? a un total de siete a?os y nueve meses, pero en diciembre de 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla revoc? parcialmente esa sentencia y, pese a mantener los hechos probados y la condena por tres delitos de abusos sexuales continuados, redujo la pena de prisi?n a dos a?os y ocho meses, al aplicar una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en la tramitaci?n de la causa.
La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional considera que esa decisi?n de la Audiencia Provincial lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente al responsabilizar a las v?ctimas del retraso en la tramitaci?n de la causa por haber tardado aproximadamente dos a?os en denunciar los hechos. De acuerdo con la sentencia aprobada por mayor?a de la Sala, esta conclusi?n se declara que es irrazonable y que carece de base legal, porque lo previsto en nuestro ordenamiento jur?dico es que quien resulte perjudicado por un delito tiene el derecho a denunciarlo en cualquier momento, con el ?nico l?mite de la prescripci?n, que la propia sentencia de apelaci?n descart? en este caso.
Por otra parte, las dilaciones indebidas a que se refiere la circunstancia atenuante prevista por el C?digo Penal son aquellas que se producen durante la tramitaci?n del proceso y que pueden atribuirse a la actividad de los ?rganos judiciales encargados de dicha tramitaci?n; nunca a la conducta particular que las personas perjudicadas por el delito hayan desarrollado antes de que la causa penal se haya iniciado siquiera. A todo ello se a?ade que la sentencia dictada por la Audiencia no tiene en cuenta el contexto en que se produjo la actividad delictiva de Romero Granados.
J?venes y su jefe
Los abusos sexuales (https://www.sport.es/es/temas/abusos-sexuales-1836841) se prolongaron durante m?s de tres a?os en el marco de una relaci?n laboral en que el agresor era decano de la facultad y catedr?tico del departamento al que estaban adscritas las tres v?ctimas; y éstas eran mujeres j?venes, que acababan de emprender su carrera profesional, contaban con contratos de trabajo no permanentes y tanto su renovaci?n como su promoci?n en la carrera académica depend?an de la voluntad del agresor, tal como éste les hizo notar en reiteradas ocasiones.
En este contexto, las dificultades intr?nsecas para denunciar hechos de naturaleza sexual se incrementaban notablemente, pese a lo cual las v?ctimas pusieron reiteradamente los hechos en conocimiento de sus superiores en la Universidad de Sevilla, y, ante la inactividad de éstos, llegaron a formalizar denuncia escrita ante el Vicerrectorado meses antes de que se formalizara la denuncia penal por la propia Universidad, previa tramitaci?n de una informaci?n reservada.
La Sala Segunda considera que no tener en cuenta este contexto y responsabilizar a las perjudicadas por la demora en denunciar no solo es irrazonable desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que desconoce también el mandato de prohibici?n de discriminaci?n por raz?n de sexo que proclama el art?culo 14 de nuestra Constituci?n.
Los abusos sexuales, por los que Romero Granados fue condenado, forman parte de los delitos relacionados con la violencia de género, que constituye la forma m?s grave de discriminaci?n contra la mujer, circunstancia que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla ignora por completo, lo que le hace soslayar las exigencias derivadas de la aplicaci?n de la perspectiva de género y la prohibici?n de discriminaci?n por raz?n de sexo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en relaci?n con la investigaci?n, enjuiciamiento y castigo de delitos de violencia sexual, que “los tribunales nacionales no deben estar dispuestos en ning?n caso a permitir que queden impunes graves atentados contra la integridad f?sica y mental, ni a permitir que delitos graves sean castigados con sanciones excesivamente indulgentes”, y ha admitido que la labor de control asignada al propio tribunal se extienda en estos casos al examen de si los criterios y razones ofrecidas por el tribunal nacional a la hora de determinar las consecuencias penales de esta clase de delitos resultan “adecuados para asegurar que el castigo se mantiene proporcionado a la naturaleza y gravedad del maltrato ?nsito en los actos criminales cometidos contra la demandante como v?ctima”.
Voto de Balaguer
La magistrada Mar?a Luisa Balaguer emite un voto particular concurrente en el que, estando de acuerdo con la estimaci?n parcial de las pretensiones de la parte, declara que aquellas debieron estimarse en su totalidad, porque entiende que deber?a haberse aplicado la perspectiva de género en el an?lisis de las lesiones (https://www.sport.es/es/temas/lesiones-1848673) alegadas. También han formulado un voto concurrente conjunto los magistrados César Tolosa y Enrique Arnaldo, por el que discrepan de la argumentaci?n de la sentencia de la mayor?a aunque no del fallo estimatorio
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/constitucional-ampara-profesora-universitaria-sufrio-abusos-decano-facultad-100781707)