Reem
02-14-2023, 12:18 PM
Los seis magistrados del Tribunal Supremo que condenaron en octubre de 2019 a los l?deres del 'procés' (el séptimo se jubil? nada m?s pronunciar el fallo) revisaron el lunes la sentencia a la luz de la reforma del C?digo Penal aprobada por el Gobierno a finales del a?o pasado. Aunque su criterio solo afecta directamente a los condenados por el 1-O, ser? muy tenido en cuenta por todos los tribunales con procedimientos abiertos por hechos relacionados con el referéndum ilegal, dado que el alto tribunal es la c?spide de la justicia espa?ola y con sus resoluciones marca doctrina y jurisprudencia para todos los dem?s.
M?s informaci?n (Auto)
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Algo similar ocurre con sus propios magistrados cuando act?an de forma individual, como es el caso del instructor del 'procés', Pablo Llarena, que esperaba la resoluci?n de sus compa?eros de la Sala Segunda para resolver los recursos presentados por fiscal?a y Abogac?a del Estado contra el auto en el que revisaba el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de huidos de la justicia espa?ola. Este es el escenario que se abre para los l?deres del 'procés' que a?n no han sido condenados.
Puigdemont, Com?n y Puig
El mismo d?a que entraba en vigor la reforma del C?digo Penal, el juez Llarena dict? un auto en el que declaraba que la modificaci?n legal que derogaba la sedici?n supon?a en la pr?ctica la despenalizaci?n de lo ocurrido en el oto?o de 2017 en Catalu?a para los l?deres independentistas pr?fugos de la justicia. De tal forma que ese delito deb?a ser sustituido por uno de desobediencia, penado con multas e inhabilitaci?n hasta dos a?os. Su situaci?n judicial no es tan halagüe?a, porque el expresidente catal?n Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Com?n y Llu?s Puig también est?n procesados por malversaci?n de caudales p?blicos.
Tanto para el juez Llarena, en su resoluci?n del pasado 12 de enero, como para seis de sus compa?eros de la Sala de lo Penal del Supremo, la reforma atenuada de ese delito de corrupci?n no es aplicable al 'procés', porque el ?nimo de lucro no es ?nicamente meterse dinero al bolsillo y el precepto, eliminado en el C?digo Penal del 95 y recuperado ahora para castigar con hasta cuatro a?os de c?rcel al que destina dinero p?blico a otro fin p?blico, tampoco es aplicable cuando ese fin es delictivo, como lo es un referéndum ilegal. De ah? que, si fueran juzgados, tendr?an que enfrentarse a una petici?n de pena de hasta 12 a?os de c?rcel por este delito.
Euro?rdenes y eurodiputados
La situaci?n de Llu?s Puig se diferencia de la de Puigdemont y Com?n en que él es el ?nico de los tres que no es diputado del Parlamento Europeo. Lo que permite al juez Pablo Llanera dictar una nueva euroorden para tratar de lograr su entrega por malversaci?n de caudales p?blicos, un delito en el que el procedimiento es m?s ?gil el estar incluido entre los de corrupci?n. El Tribunal Superior de Justicia de la Uni?n Europea declar? el pasado 31 de enero que Bélgica no puede negar la entrega a Espa?a de un reclamado, salvo que considere que hay vulneraciones sistémicas de derechos; no puede ponerse en duda la competencia del tribunal que lo reclama sin acreditar esos problemas generalizados y sin consultar antes al pa?s en cuesti?n.
En cambio, con Puigdemont y Com?n (https://www.elperiodico.com/es/politica/20230131/claves-sentencia-justicia-europea-euroordenes-puigdemont-82237079), el juez Llarena esperar? a que se pronuncie el Tribunal General de la UE sobre las demandas que interpusieron en relaci?n a su inmunidad contra el Parlamento Europeo al considerar que no les defendi? suficientemente frente al suplicatorio cursado por el magistrado espa?ol por el 'procés'.
Ponsat? y Rovira
Las m?s beneficiadas por el auto de Llarena son la 'exconsellera' Clara Ponsat? y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ya que el delito que se les imputa tras la reforma queda reducido al de desobediencia. Eso significa que en caso de regresar a Espa?a no ingresar?an en prisi?n de forma cautelar, al no poder ser condenadas a esa pena. La fiscal?a recurri? el auto de Llarena en lo relativo a Ponsat?, Puigdemont, Com?n y Puig, al entender, como la Abogac?a del Estado, que deb?an ser procesados por el nuevo delito de des?rdenes p?blicos agravados. En el caso del ministerio p?blico, la imputaci?n por desobediencia de Rovira ni siquiera fue discutida.
El juez Llarena esperaba a conocer el criterio de la Sala de lo Penal para resolver estos recursos. El tribunal que conden? a los l?deres del 'procés' comparte su criterio, por lo que dif?cilmente lo modificar? al pronunciarse sobre las impugnaciones. No obstante, como él mismo explicaba en su resoluci?n que él considere que lo cometido por los pr?fugos fue una desobediencia y no unos des?rdenes p?blicos agravados no es obst?culo para que las acusaciones lo defiendan as? en el juicio que se celebrar? una vez estén a disposici?n de la justicia espa?ola. Lo ?nico que asienta el auto de procesamiento son los hechos, no la calificaci?n jur?dica, precisan fuentes del alto tribunal a EL PERI?DICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.
Jové y Salvad?
La resoluci?n del Tribunal Supremo también tendr? repercusi?n en los procedimientos que se siguen en Catalu?a en relaci?n con el 1-O, porque si él no considera que la sedici?n es equiparable a los des?rdenes p?blicos agravados, salvo para los l?deres de los movimientos sociales, Assemblea Nacional Catalana y ?mnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dif?cilmente ser? otro el criterio que sigan otros juzgados. Del mismo modo, una vez que el Supremo ha condenado por la malversaci?n agravada a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (y les mantiene intacta la pena de inhabilitaci?n que les impuso en 2019), ser? dif?cil que no sea ese tipo el que se aplique a los acusados de ese delito.
En esa situaci?n est?n el dirigente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Econom?a de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exdiputado, exsecretario de Hacienda y actual presidente del Port de Barcelona, Llu?s Salvad?, por los preparativos del referéndum del 1-O. La fiscal?a catalana pidi? m?s tiempo para presentar su escrito de acusaci?n, ya que quer?a conocer el criterio del Tribunal Supremo y el decreto fiscal sobre el delito de malversaci?n de caudales p?blicos antes de redactarlo y solicitar una pena concreta de prisi?n en funci?n de la responsabilidad y cuant?a que atribuye a cada uno de ellos.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/afecta-revision-penas-supremo-puigdemont-82953364)
M?s informaci?n (Auto)
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Algo similar ocurre con sus propios magistrados cuando act?an de forma individual, como es el caso del instructor del 'procés', Pablo Llarena, que esperaba la resoluci?n de sus compa?eros de la Sala Segunda para resolver los recursos presentados por fiscal?a y Abogac?a del Estado contra el auto en el que revisaba el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de huidos de la justicia espa?ola. Este es el escenario que se abre para los l?deres del 'procés' que a?n no han sido condenados.
Puigdemont, Com?n y Puig
El mismo d?a que entraba en vigor la reforma del C?digo Penal, el juez Llarena dict? un auto en el que declaraba que la modificaci?n legal que derogaba la sedici?n supon?a en la pr?ctica la despenalizaci?n de lo ocurrido en el oto?o de 2017 en Catalu?a para los l?deres independentistas pr?fugos de la justicia. De tal forma que ese delito deb?a ser sustituido por uno de desobediencia, penado con multas e inhabilitaci?n hasta dos a?os. Su situaci?n judicial no es tan halagüe?a, porque el expresidente catal?n Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Com?n y Llu?s Puig también est?n procesados por malversaci?n de caudales p?blicos.
Tanto para el juez Llarena, en su resoluci?n del pasado 12 de enero, como para seis de sus compa?eros de la Sala de lo Penal del Supremo, la reforma atenuada de ese delito de corrupci?n no es aplicable al 'procés', porque el ?nimo de lucro no es ?nicamente meterse dinero al bolsillo y el precepto, eliminado en el C?digo Penal del 95 y recuperado ahora para castigar con hasta cuatro a?os de c?rcel al que destina dinero p?blico a otro fin p?blico, tampoco es aplicable cuando ese fin es delictivo, como lo es un referéndum ilegal. De ah? que, si fueran juzgados, tendr?an que enfrentarse a una petici?n de pena de hasta 12 a?os de c?rcel por este delito.
Euro?rdenes y eurodiputados
La situaci?n de Llu?s Puig se diferencia de la de Puigdemont y Com?n en que él es el ?nico de los tres que no es diputado del Parlamento Europeo. Lo que permite al juez Pablo Llanera dictar una nueva euroorden para tratar de lograr su entrega por malversaci?n de caudales p?blicos, un delito en el que el procedimiento es m?s ?gil el estar incluido entre los de corrupci?n. El Tribunal Superior de Justicia de la Uni?n Europea declar? el pasado 31 de enero que Bélgica no puede negar la entrega a Espa?a de un reclamado, salvo que considere que hay vulneraciones sistémicas de derechos; no puede ponerse en duda la competencia del tribunal que lo reclama sin acreditar esos problemas generalizados y sin consultar antes al pa?s en cuesti?n.
En cambio, con Puigdemont y Com?n (https://www.elperiodico.com/es/politica/20230131/claves-sentencia-justicia-europea-euroordenes-puigdemont-82237079), el juez Llarena esperar? a que se pronuncie el Tribunal General de la UE sobre las demandas que interpusieron en relaci?n a su inmunidad contra el Parlamento Europeo al considerar que no les defendi? suficientemente frente al suplicatorio cursado por el magistrado espa?ol por el 'procés'.
Ponsat? y Rovira
Las m?s beneficiadas por el auto de Llarena son la 'exconsellera' Clara Ponsat? y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ya que el delito que se les imputa tras la reforma queda reducido al de desobediencia. Eso significa que en caso de regresar a Espa?a no ingresar?an en prisi?n de forma cautelar, al no poder ser condenadas a esa pena. La fiscal?a recurri? el auto de Llarena en lo relativo a Ponsat?, Puigdemont, Com?n y Puig, al entender, como la Abogac?a del Estado, que deb?an ser procesados por el nuevo delito de des?rdenes p?blicos agravados. En el caso del ministerio p?blico, la imputaci?n por desobediencia de Rovira ni siquiera fue discutida.
El juez Llarena esperaba a conocer el criterio de la Sala de lo Penal para resolver estos recursos. El tribunal que conden? a los l?deres del 'procés' comparte su criterio, por lo que dif?cilmente lo modificar? al pronunciarse sobre las impugnaciones. No obstante, como él mismo explicaba en su resoluci?n que él considere que lo cometido por los pr?fugos fue una desobediencia y no unos des?rdenes p?blicos agravados no es obst?culo para que las acusaciones lo defiendan as? en el juicio que se celebrar? una vez estén a disposici?n de la justicia espa?ola. Lo ?nico que asienta el auto de procesamiento son los hechos, no la calificaci?n jur?dica, precisan fuentes del alto tribunal a EL PERI?DICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.
Jové y Salvad?
La resoluci?n del Tribunal Supremo también tendr? repercusi?n en los procedimientos que se siguen en Catalu?a en relaci?n con el 1-O, porque si él no considera que la sedici?n es equiparable a los des?rdenes p?blicos agravados, salvo para los l?deres de los movimientos sociales, Assemblea Nacional Catalana y ?mnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dif?cilmente ser? otro el criterio que sigan otros juzgados. Del mismo modo, una vez que el Supremo ha condenado por la malversaci?n agravada a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (y les mantiene intacta la pena de inhabilitaci?n que les impuso en 2019), ser? dif?cil que no sea ese tipo el que se aplique a los acusados de ese delito.
En esa situaci?n est?n el dirigente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Econom?a de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exdiputado, exsecretario de Hacienda y actual presidente del Port de Barcelona, Llu?s Salvad?, por los preparativos del referéndum del 1-O. La fiscal?a catalana pidi? m?s tiempo para presentar su escrito de acusaci?n, ya que quer?a conocer el criterio del Tribunal Supremo y el decreto fiscal sobre el delito de malversaci?n de caudales p?blicos antes de redactarlo y solicitar una pena concreta de prisi?n en funci?n de la responsabilidad y cuant?a que atribuye a cada uno de ellos.
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