Reem
02-14-2023, 07:14 AM
Dos empresas espa?olas, la vasca CAF y la madrile?a GMV, est?n ayudando a construir un tren ligero en Jerusalén que incluye paradas en las colonias ilegales israel?es levantadas zonas ocupadas de la Cisjordania palestina. Un proyecto de alrededor de 1.800 millones de euros. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de pedir a GMV (https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/PNCLD/Casos_tratados_PNCs/Documents/Caso%20E-00010.pdf) que presente, antes de un a?o, el informe de un “tercero independiente” en el que se eval?e el impacto de su trabajo en la poblaci?n ocupada. Espera también, antes de mayo, uno similar de CAF, (https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/PNCLD/Casos_tratados_PNCs/Documents/Caso-E-00009.pdf) a quien ha reprochado anteriormente que no diera informaci?n adecuada de las implicaciones en materia de derechos humanos, porque dijo que se iba a desarrollar en Israel cuando parte de la l?nea de tren ligero pasa por Cisjordania y, por tanto, por el territorio reconocido como leg?timamente palestino por Espa?a y el resto de Naciones Unidas.
Ambas son resoluciones no vinculantes del Punto Nacional de Contacto (PNC), un organismo del Ministerio que vela por el cumplimiento de las normas de la OCDE relativas a la responsabilidad social de las multinacionales.
"Normalizar la ocupaci?n"
La parte demandante, el Comité de Solidaridad con la Causa ?rabe, subraya que se trata de un proyecto que atraviesa asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados y una de las dos l?neas (la Roja) figura en la Resoluci?n 31/36 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativa a una violaci?n del derecho internacional. “Normalizar la ocupaci?n y facilitar la colonizaci?n, con el apoyo a infraestructuras que primero se implantan con expropiaciones y expulsiones de palestinos est? prohibido por la IV Convenci?n de Ginebra y diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad como la 2334 (2016)”.
GMV, contactada por este diario, asegura que ha estado “tratando el tema en una reuni?n" este mismo lunes, pero que han decidido “no hacer comentarios”. La compa??a tiene sede en Tres Cantos (Madrid), cuenta con m?s de 3.000 empleados y registr? 260 millones de ingresos en 2021. Fue subcontratada por el consorcio de la empresa espa?ola CAF y la israel? Shapir para la gesti?n y localizaci?n de los trenes, incluidas las estaciones en los asentamientos ilegales israel?es.
Ese consorcio tiene adjudicado la construcci?n de los 160 trenes y de las 76 estaciones de las nuevas l?neas Roja y Verde entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias pr?ximas. CAF cotiza en bolsa, tiene unos ingresos de cerca de 3.000 millones de euros y m?s de 13.000 empleados. Ha sido también requerida por Industria y deber?a presentar un informe independiente sobre el impacto del proyecto en los derechos humanos de los palestinos antes del mes de mayo. CAF no ha respondido a las preguntas por escrito enviadas por este medio. Hay una tercera empresa espa?ola, TYPSA, que participa también en la construcci?n del tren ligero jerosolimitano.
El PNC afea a ambas empresas la falta de informaci?n sobre los aspectos controvertidos del proyecto y el riesgo que suponen. Ni en la nota de prensa ni en el hecho relevante publicados por CAF hace tres a?os (https://www.caf.net/en/sala-prensa/nota-prensa-detalle.php?e=286), cuando obtuvo el proyecto, se hace menci?n al trazado conflictivo del tren ligero. S? se habla del montante total de 500 millones de euros de ingresos que supone la primera parte del proyecto, la provisi?n de los nuevos vagones y la rehabilitaci?n de otros existentes, as? como la dotaci?n de se?ales, energ?a y sistemas de comunicaci?n; y de los cerca de 1.000 millones de volumen de negocio de mantenimiento de ambas l?neas de tranv?a, que durar?n 15 y 25 a?os, respectivamente.
“Teniendo en cuenta el contexto internacional existente en la zona en la que opera el tranv?a, habr?a sido necesario que, en el ejercicio de la debida diligencia por parte de la empresa espa?ola y con car?cter previo a su decisi?n de participar en el proyecto, hubiera tenido en cuenta el mencionado contexto, al igual que la posibilidad de que su participaci?n pudiera ocasionar vulneraciones de derechos humanos, una limitaci?n para el desarrollo, para la generaci?n de capacidades locales y para la formaci?n de capital humano”, se lee en la primera de las resoluciones, la referida a CAF. Recuerda también que el socio local israel? (Shapir) ha sido excluido por su participaci?n en la ocupaci?n por el Fondo Noruego de Inversiones e incluido en la base de datos de Naciones Unidas de empresas que colaboran con la ocupaci?n israel?.
El organismo del Ministerio recomienda también a las empresas espa?olas que recuerden a sus socios y proveedores la necesidad de respetar las l?neas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Cita como referencia una comunicaci?n del Ministerio de Exteriores espa?ol en la que, en 2014, informaba a las empresas espa?olas de los riesgos asociados con las actividades econ?micas y financieras en los asentamientos israel?es, "en consonancia con la decisi?n de la UE y al igual que han hecho Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia". Negocio con Israel, s?, pero dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Ni la UE ni Estados Unidos reconocen como israel?es los centenares de asentamientos israel?es que jalonan el paisaje palestino, parte de los cuales ese tren pretende conectar con la parte israel? de Jerusalén.
El Ministerio recomienda también a las compa??as que revisen “su pol?tica de divulgaci?n de informaci?n” y que avise de “todos factores de riesgo que puedan existir en las actividades que esté realizando o pueda realizar en el futuro”.
Ambas resoluciones de Industria tienen anonimizados los nombres de las dos empresas, por petici?n expresa de ambas. Pero el Comité de Solidaridad con la Causa ?rabe (CSCA) confirma a este diario que las resoluciones (9 y 10) tratan de su demanda contra las empresas CAF y GMV, respectivamente, y ha aportado los textos originales para cotejar. Adem?s, en la primera de las resoluciones se habla del consorcio de “la empresa espa?ola” y la israel? Shapir para la gesti?n del tren ligero [el formado y anunciado por CAF (https://www.caf.net/upload/accionista/CAF-Adjudicacion-proyecto-de-Tranvia-de-Jerusalen-8-08-19.pdf)]. En el segundo, el caso de GMV, es una extensi?n del de CAF, “puesto que la base de la reclamaci?n es sensiblemente la misma, salvo que se dirige hacia otra empresa (proveedora de la empresa inicial)”.
Negocios en la parte ocupada
Espa?a, la Uni?n Europea y el grueso de la comunidad internacional consideran ilegales los asentamientos israel?es en Gaza seg?n el derecho internacional. Para Exteriores, constituyen un obst?culo para la paz y amenazan con imposibilitar una soluci?n de dos estados al conflicto palestino-israel?.
"La UE y sus Estados miembros no reconocer?n ning?n tipo de cambios en las fronteras anteriores a 1967, incluyendo respecto a Jerusalén, que no hayan sido acordados por las partes. Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Gaza y los Altos del Gol?n son territorios ocupados por Israel desde 1967", afirm? el ministerio de Exteriores en la nota de 2014 a la que se refiere la resoluci?n del PNC, en la que llam? la atenci?n sobre “los riesgos jur?dicos y econ?micos para las transacciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, as? como otras actividades econ?micas (incluyendo servicios como el turismo) en los asentamientos israel?es”.
Entre otras cosas, “podr?a dar lugar a controversias respecto de los t?tulos sobre la tierra, el agua, los minerales u otros recursos naturales que pudiesen haber sido objeto de compra o inversi?n", seg?n inform? entonces EFE.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/internacional/industria-pide-empresas-espanolas-revisar-82941377)
Ambas son resoluciones no vinculantes del Punto Nacional de Contacto (PNC), un organismo del Ministerio que vela por el cumplimiento de las normas de la OCDE relativas a la responsabilidad social de las multinacionales.
"Normalizar la ocupaci?n"
La parte demandante, el Comité de Solidaridad con la Causa ?rabe, subraya que se trata de un proyecto que atraviesa asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados y una de las dos l?neas (la Roja) figura en la Resoluci?n 31/36 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativa a una violaci?n del derecho internacional. “Normalizar la ocupaci?n y facilitar la colonizaci?n, con el apoyo a infraestructuras que primero se implantan con expropiaciones y expulsiones de palestinos est? prohibido por la IV Convenci?n de Ginebra y diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad como la 2334 (2016)”.
GMV, contactada por este diario, asegura que ha estado “tratando el tema en una reuni?n" este mismo lunes, pero que han decidido “no hacer comentarios”. La compa??a tiene sede en Tres Cantos (Madrid), cuenta con m?s de 3.000 empleados y registr? 260 millones de ingresos en 2021. Fue subcontratada por el consorcio de la empresa espa?ola CAF y la israel? Shapir para la gesti?n y localizaci?n de los trenes, incluidas las estaciones en los asentamientos ilegales israel?es.
Ese consorcio tiene adjudicado la construcci?n de los 160 trenes y de las 76 estaciones de las nuevas l?neas Roja y Verde entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias pr?ximas. CAF cotiza en bolsa, tiene unos ingresos de cerca de 3.000 millones de euros y m?s de 13.000 empleados. Ha sido también requerida por Industria y deber?a presentar un informe independiente sobre el impacto del proyecto en los derechos humanos de los palestinos antes del mes de mayo. CAF no ha respondido a las preguntas por escrito enviadas por este medio. Hay una tercera empresa espa?ola, TYPSA, que participa también en la construcci?n del tren ligero jerosolimitano.
El PNC afea a ambas empresas la falta de informaci?n sobre los aspectos controvertidos del proyecto y el riesgo que suponen. Ni en la nota de prensa ni en el hecho relevante publicados por CAF hace tres a?os (https://www.caf.net/en/sala-prensa/nota-prensa-detalle.php?e=286), cuando obtuvo el proyecto, se hace menci?n al trazado conflictivo del tren ligero. S? se habla del montante total de 500 millones de euros de ingresos que supone la primera parte del proyecto, la provisi?n de los nuevos vagones y la rehabilitaci?n de otros existentes, as? como la dotaci?n de se?ales, energ?a y sistemas de comunicaci?n; y de los cerca de 1.000 millones de volumen de negocio de mantenimiento de ambas l?neas de tranv?a, que durar?n 15 y 25 a?os, respectivamente.
“Teniendo en cuenta el contexto internacional existente en la zona en la que opera el tranv?a, habr?a sido necesario que, en el ejercicio de la debida diligencia por parte de la empresa espa?ola y con car?cter previo a su decisi?n de participar en el proyecto, hubiera tenido en cuenta el mencionado contexto, al igual que la posibilidad de que su participaci?n pudiera ocasionar vulneraciones de derechos humanos, una limitaci?n para el desarrollo, para la generaci?n de capacidades locales y para la formaci?n de capital humano”, se lee en la primera de las resoluciones, la referida a CAF. Recuerda también que el socio local israel? (Shapir) ha sido excluido por su participaci?n en la ocupaci?n por el Fondo Noruego de Inversiones e incluido en la base de datos de Naciones Unidas de empresas que colaboran con la ocupaci?n israel?.
El organismo del Ministerio recomienda también a las empresas espa?olas que recuerden a sus socios y proveedores la necesidad de respetar las l?neas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Cita como referencia una comunicaci?n del Ministerio de Exteriores espa?ol en la que, en 2014, informaba a las empresas espa?olas de los riesgos asociados con las actividades econ?micas y financieras en los asentamientos israel?es, "en consonancia con la decisi?n de la UE y al igual que han hecho Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia". Negocio con Israel, s?, pero dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Ni la UE ni Estados Unidos reconocen como israel?es los centenares de asentamientos israel?es que jalonan el paisaje palestino, parte de los cuales ese tren pretende conectar con la parte israel? de Jerusalén.
El Ministerio recomienda también a las compa??as que revisen “su pol?tica de divulgaci?n de informaci?n” y que avise de “todos factores de riesgo que puedan existir en las actividades que esté realizando o pueda realizar en el futuro”.
Ambas resoluciones de Industria tienen anonimizados los nombres de las dos empresas, por petici?n expresa de ambas. Pero el Comité de Solidaridad con la Causa ?rabe (CSCA) confirma a este diario que las resoluciones (9 y 10) tratan de su demanda contra las empresas CAF y GMV, respectivamente, y ha aportado los textos originales para cotejar. Adem?s, en la primera de las resoluciones se habla del consorcio de “la empresa espa?ola” y la israel? Shapir para la gesti?n del tren ligero [el formado y anunciado por CAF (https://www.caf.net/upload/accionista/CAF-Adjudicacion-proyecto-de-Tranvia-de-Jerusalen-8-08-19.pdf)]. En el segundo, el caso de GMV, es una extensi?n del de CAF, “puesto que la base de la reclamaci?n es sensiblemente la misma, salvo que se dirige hacia otra empresa (proveedora de la empresa inicial)”.
Negocios en la parte ocupada
Espa?a, la Uni?n Europea y el grueso de la comunidad internacional consideran ilegales los asentamientos israel?es en Gaza seg?n el derecho internacional. Para Exteriores, constituyen un obst?culo para la paz y amenazan con imposibilitar una soluci?n de dos estados al conflicto palestino-israel?.
"La UE y sus Estados miembros no reconocer?n ning?n tipo de cambios en las fronteras anteriores a 1967, incluyendo respecto a Jerusalén, que no hayan sido acordados por las partes. Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Gaza y los Altos del Gol?n son territorios ocupados por Israel desde 1967", afirm? el ministerio de Exteriores en la nota de 2014 a la que se refiere la resoluci?n del PNC, en la que llam? la atenci?n sobre “los riesgos jur?dicos y econ?micos para las transacciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, as? como otras actividades econ?micas (incluyendo servicios como el turismo) en los asentamientos israel?es”.
Entre otras cosas, “podr?a dar lugar a controversias respecto de los t?tulos sobre la tierra, el agua, los minerales u otros recursos naturales que pudiesen haber sido objeto de compra o inversi?n", seg?n inform? entonces EFE.
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