Reem
02-28-2024, 09:20 AM
La reclamaci?n de 2,6 millones de euros del Govern balear por 1,4 millones de mascarillas defectuosas contra la empresa Soluciones de Gesti?n y Apoyo a las Empresas, imputada en el llamado caso Koldo (https://www.diariodemallorca.es/tags/caso-koldo/) de corrupci?n, ha caducado seg?n la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En una reciente sentencia de casaci?n, estipula que el plazo para resolver este tipo de expedientes de resoluci?n de contratos y posterior reintegro es de seis meses como m?ximo, por lo que en el presente caso ya habr?a vencido. Ello no obstante, el Govern del PP se aferra a un informe de un organismo interno, la Junta Consultiva de Contrataci?n Administrativa, seg?n el cual todav?a tendr?a dos meses m?s de plazo para resolver.
La cuesti?n de la caducidad cobra una importancia vital en el plano pol?tico, ya que PSOE y PP est?n enzarzados en un cruento debate sobre cu?l de los dos ha actuado con mayor connivencia, dejadez y/o negligencia en este asunto. Los socialistas sostienen que iniciaron las actuaciones para solicitar el reintegro de las polémicas mascarillas en marzo de 2023, y fijan el inicio del expediente el 6 de julio; justo el mismo d?a en el que se produjo el relevo en la presidencia de Baleares.
El PP, por boca de su portavoz Sebastià Sagreras y otros dirigentes, daban hasta ahora por buena esa fecha; lo hac?an para recriminar al Govern de Francina Armengol que hubiera reclamado exclusivamente tras perder el poder. Sin embargo, al entrar en juego la cuesti?n candente de la caducidad del expediente administrativo, las tornas han cambiado: Los populares expanden ahora que fueron ellos los que formalmente iniciaron el expediente, con una resoluci?n del director del IB-Salut fechada el 24 de agosto del a?o pasado.
A efectos del Supremo, tanto el 6 de julio como el 24 de agosto exceder?an el plazo legal para haber concluido el expediente de reclamaci?n. El Alto Tribunal estipula que "en los procedimientos de resoluci?n contractual" de las Administraciones p?blicas "resulta de aplicaci?n el plazo de tres meses", salvo que una normativa auton?mica indique lo contrario. En el caso de Baleares, la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jur?dico de la Administraci?n de la Comunidad Aut?noma, establece que "los plazos m?ximos para dictar y notificar la resoluci?n expresa en los procedimientos de competencia de la Comunidad Aut?noma [...] no podr?n exceder de seis meses".
Dicho de otra forma, el pasado 6 de enero, si tomamos como referencia al Govern de Pacto, o el pasado 24 de febrero, si se asume como v?lida la fecha del PP, habr?a expirado el plazo m?ximo para exigir el reintegro de los 2,6 millones, al haber transcurrido seis meses desde el inicio de la tramitaci?n.
La Abogac?a, a destajo
Para negarlo, el Govern esgrime un acuerdo de la Junta Consultiva de Contrataci?n, un ?rgano a todas luces inferior frente al Supremo, seg?n el cual "el plazo para resolver los contratos de la Comunidad Aut?noma de Baleares es de ocho meses". Siguiendo esta tesis, el Ejecutivo de Marga Prohens tendr?a margen hasta el pr?ximo 24 de abril antes de que caducara la reclamaci?n a la empresa acusada del entramado corrupto.
El Govern es consciente de lo delicado de la situaci?n, y tiene a la Abogac?a de la Comunidad trabajando a destajo para encontrar una soluci?n jur?dica que desactive pol?ticamente el efecto bumer?n que tendr?a a nivel nacional la m?s m?nima conexi?n de un Ejecutivo del PP con el caso que afecta al PSOE.
M?s informaci?n (Auto)
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De hecho, ayer el Consolat ya preparaba el terreno anunciando que probablemente se dejar? caer por completo la reclamaci?n administrativa de los 2,6 millones de euros para centrarse en exigir la devoluci?n ?ntegra de los 3,7 millones del contrato de las mascarillas por la v?a penal. En el Parlament, la presidenta Prohens volvi? a anunciar que "hay suficientes elementos para que este Govern se persone como acusaci?n particular y como parte afectada" en una causa aparte, por la v?a penal.
Después del cruce de acusaciones constantes ayer, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, exigi? explicaciones a la presidenta del Govern y le reclam? que aclare de forma urgente si ha dejado caducar el expediente administrativo de las mascarillas iniciado por los socialistas.
Seg?n Negueruela, el portavoz del PP balear, Sebastià Sagreras, afirm? hace unos d?as que no han dejado pasar el plazo de reclamaci?n, a pesar de que el auto del juez que instruye el caso Koldo dice textualmente que "al hilo de lo anterior, se producen una serie de comunicaciones entre las que se infiere que si no se ha pronunciado expresamente, se producir?a la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamaci?n de casi 3 millones de euros".
Por este motivo, Negueruela reclama al Consolat de Mar que ofrezca todos los detalles acerca de si se han reunido con la empresa: "Queremos saber en qué condiciones, si era en el marco del expediente o porque la empresa lo pidi?, qué tipo de reuni?n era, donde se ha producido, con quién y en qué contexto".
En este sentido, el portavoz socialista detalla que la actual directora general del Tesoro, Susana Pérez, era la jefa del servicio de proveedores y tesorer?a del anterior IB-Salut, por lo que "era perfectamente conocedora" de este expediente, y apunta directamente al vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa: "Tiene toda la informaci?n al respecto y est? mintiendo".
Negueruela también apunta que Mar Rossell?, directora de Gesti?n y Presupuestos del anterior IB-Salut, se reuni? con ?scar Gonz?lez, actual jefe de los servicios jur?dicos, y con Laura Montserrat, actual jefa de contrataci?n, para hacer el traspaso de toda la informaci?n con el cambio de Govern: "Estas personas dependen de la consellera de Salud, Manuela Garc?a, quien todav?a no ha dicho nada. Sab?an que los plazos caducaban, se les inform? y nos tienen que decir qué est? sucediendo".
Asimismo, el portavoz socialista se?ala a Rafael Marcote como la persona encargada de recepcionar el pedido de las mascarillas y que actualmente ha sido ascendido a subdirector de Compras y Log?stica de la IB-Salud. As?, Negueruela pregunta al Govern por qué no hace p?blico todo el expediente, "teniendo en cuenta que sabemos que el Govern anterior reclam? dentro de plazo y lo que no sabemos es lo que ha hecho el Ejecutivo actual".
El PP niega haber sido informado
Desde el Govern aseguran que la directora del Tesoro se halla "perpleja" ante las declaraciones de Negueruela y niega todas las acusaciones: "Ella, por las funciones que ten?a, no ha gestionado nunca nada de compra de mascarillas ni ha asistido a ninguna reuni?n. Dice que nunca llev? nada de mascarillas".
En el auto del juez de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica, Ismael Moreno apunta que "pocos d?as antes de la fecha l?mite" para seguir con la reclamaci?n, que fija en el 18 de enero, "se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podr?a haberse producido la caducidad de la reclamaci?n y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto". Estas presiones se habr?an producido ya sobre el Govern del PP.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/reclamacion-millones-govern-balear-caducado-98762385)
La cuesti?n de la caducidad cobra una importancia vital en el plano pol?tico, ya que PSOE y PP est?n enzarzados en un cruento debate sobre cu?l de los dos ha actuado con mayor connivencia, dejadez y/o negligencia en este asunto. Los socialistas sostienen que iniciaron las actuaciones para solicitar el reintegro de las polémicas mascarillas en marzo de 2023, y fijan el inicio del expediente el 6 de julio; justo el mismo d?a en el que se produjo el relevo en la presidencia de Baleares.
El PP, por boca de su portavoz Sebastià Sagreras y otros dirigentes, daban hasta ahora por buena esa fecha; lo hac?an para recriminar al Govern de Francina Armengol que hubiera reclamado exclusivamente tras perder el poder. Sin embargo, al entrar en juego la cuesti?n candente de la caducidad del expediente administrativo, las tornas han cambiado: Los populares expanden ahora que fueron ellos los que formalmente iniciaron el expediente, con una resoluci?n del director del IB-Salut fechada el 24 de agosto del a?o pasado.
A efectos del Supremo, tanto el 6 de julio como el 24 de agosto exceder?an el plazo legal para haber concluido el expediente de reclamaci?n. El Alto Tribunal estipula que "en los procedimientos de resoluci?n contractual" de las Administraciones p?blicas "resulta de aplicaci?n el plazo de tres meses", salvo que una normativa auton?mica indique lo contrario. En el caso de Baleares, la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jur?dico de la Administraci?n de la Comunidad Aut?noma, establece que "los plazos m?ximos para dictar y notificar la resoluci?n expresa en los procedimientos de competencia de la Comunidad Aut?noma [...] no podr?n exceder de seis meses".
Dicho de otra forma, el pasado 6 de enero, si tomamos como referencia al Govern de Pacto, o el pasado 24 de febrero, si se asume como v?lida la fecha del PP, habr?a expirado el plazo m?ximo para exigir el reintegro de los 2,6 millones, al haber transcurrido seis meses desde el inicio de la tramitaci?n.
La Abogac?a, a destajo
Para negarlo, el Govern esgrime un acuerdo de la Junta Consultiva de Contrataci?n, un ?rgano a todas luces inferior frente al Supremo, seg?n el cual "el plazo para resolver los contratos de la Comunidad Aut?noma de Baleares es de ocho meses". Siguiendo esta tesis, el Ejecutivo de Marga Prohens tendr?a margen hasta el pr?ximo 24 de abril antes de que caducara la reclamaci?n a la empresa acusada del entramado corrupto.
El Govern es consciente de lo delicado de la situaci?n, y tiene a la Abogac?a de la Comunidad trabajando a destajo para encontrar una soluci?n jur?dica que desactive pol?ticamente el efecto bumer?n que tendr?a a nivel nacional la m?s m?nima conexi?n de un Ejecutivo del PP con el caso que afecta al PSOE.
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De hecho, ayer el Consolat ya preparaba el terreno anunciando que probablemente se dejar? caer por completo la reclamaci?n administrativa de los 2,6 millones de euros para centrarse en exigir la devoluci?n ?ntegra de los 3,7 millones del contrato de las mascarillas por la v?a penal. En el Parlament, la presidenta Prohens volvi? a anunciar que "hay suficientes elementos para que este Govern se persone como acusaci?n particular y como parte afectada" en una causa aparte, por la v?a penal.
Después del cruce de acusaciones constantes ayer, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, exigi? explicaciones a la presidenta del Govern y le reclam? que aclare de forma urgente si ha dejado caducar el expediente administrativo de las mascarillas iniciado por los socialistas.
Seg?n Negueruela, el portavoz del PP balear, Sebastià Sagreras, afirm? hace unos d?as que no han dejado pasar el plazo de reclamaci?n, a pesar de que el auto del juez que instruye el caso Koldo dice textualmente que "al hilo de lo anterior, se producen una serie de comunicaciones entre las que se infiere que si no se ha pronunciado expresamente, se producir?a la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamaci?n de casi 3 millones de euros".
Por este motivo, Negueruela reclama al Consolat de Mar que ofrezca todos los detalles acerca de si se han reunido con la empresa: "Queremos saber en qué condiciones, si era en el marco del expediente o porque la empresa lo pidi?, qué tipo de reuni?n era, donde se ha producido, con quién y en qué contexto".
En este sentido, el portavoz socialista detalla que la actual directora general del Tesoro, Susana Pérez, era la jefa del servicio de proveedores y tesorer?a del anterior IB-Salut, por lo que "era perfectamente conocedora" de este expediente, y apunta directamente al vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa: "Tiene toda la informaci?n al respecto y est? mintiendo".
Negueruela también apunta que Mar Rossell?, directora de Gesti?n y Presupuestos del anterior IB-Salut, se reuni? con ?scar Gonz?lez, actual jefe de los servicios jur?dicos, y con Laura Montserrat, actual jefa de contrataci?n, para hacer el traspaso de toda la informaci?n con el cambio de Govern: "Estas personas dependen de la consellera de Salud, Manuela Garc?a, quien todav?a no ha dicho nada. Sab?an que los plazos caducaban, se les inform? y nos tienen que decir qué est? sucediendo".
Asimismo, el portavoz socialista se?ala a Rafael Marcote como la persona encargada de recepcionar el pedido de las mascarillas y que actualmente ha sido ascendido a subdirector de Compras y Log?stica de la IB-Salud. As?, Negueruela pregunta al Govern por qué no hace p?blico todo el expediente, "teniendo en cuenta que sabemos que el Govern anterior reclam? dentro de plazo y lo que no sabemos es lo que ha hecho el Ejecutivo actual".
El PP niega haber sido informado
Desde el Govern aseguran que la directora del Tesoro se halla "perpleja" ante las declaraciones de Negueruela y niega todas las acusaciones: "Ella, por las funciones que ten?a, no ha gestionado nunca nada de compra de mascarillas ni ha asistido a ninguna reuni?n. Dice que nunca llev? nada de mascarillas".
En el auto del juez de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica, Ismael Moreno apunta que "pocos d?as antes de la fecha l?mite" para seguir con la reclamaci?n, que fija en el 18 de enero, "se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podr?a haberse producido la caducidad de la reclamaci?n y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto". Estas presiones se habr?an producido ya sobre el Govern del PP.
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