Reem
02-27-2024, 12:20 PM
La Constituci?n recoge en su art?culo 71.3 el aforamiento de los diputados y senadores, para cuyo enjuiciamiento ?nicamente es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De este modo, la decisi?n del exministro José Luis ?balos de mantener su esca?o pese al ultim?tum dado ayer por el PSOE (https://www.epe.es/es/investigacion/20240227/abalos-se-blinda-solo-investigado-tribunal-supremo-98719799)le blinda judicialmente: en el caso de encontrarse indicios de su implicaci?n en la presunta trama de corrupci?n en la compra de mascarillas desarticulada en el caso Koldo, no podr? ser investigado por la Audiencia Nacional.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula, no obstante, que para llevar a un pol?tico ante el alto tribunal, el juez del caso debe contar con alg?n relevante contra él que pueda incluir en su exposici?n razonada, que es como se llama el documento por el que los jueces ordinarios remiten un asunto al Supremo y cesan de investigar al aforado en cuesti?n. As? ocurre, por ejemplo en el caso Tsunami que afecta a Carles Puigdemont, después de que el juez Manuel Garc?a Castell?n haya remitido a la sala presidida por Manuel Marchena todos los indicios que posee para que pueda investigarse al expresident huido por terrorismo.
M?s informaci?n (Auto)
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98716688
En el caso de ?balos, de la causa iniciada por juez Ismael Moreno --tras meses de investigaci?n previa de la Fiscal?a Anticorrupci?n-- no parece que se deriven, por el momento, indicios suficientes que justifiquen una exposici?n razonada. Aunque solo nos encontramos al inicio de las pesquisas que se centran en el que fuera su asesor en Transportes y hombre de confianza, Koldo Garc?a, as? como en sus relaciones con la empresa Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas S.L. que logr? contratos por valor de m?s de 53 millones de euros adjudicados directamente en plena pandemia de covid.
Menciones a ?balos
En la querella de Anticorrupci?n y el auto en el que el juez Moreno acord? la semana pasada medidas cautelares contra varios miembros de la trama, ?balos aparece mencionado de forma tangencial. Concretamente, en una conversaci?n intervenida por los investigadores entre dos los empresarios implicados.
El presunto cabecilla de la trama Juan Carlos Cueto, quien controlaba la empresa investigada, afirma en una conversaci?n con otro empresario sobre las adjudicaciones obtenidas: “...esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)… él y su ex jefe” (que podr?a ser el ministro, seg?n apunta la investigaci?n de la Guardia Civil).
La charla tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, y los empresarios incluyen estos comentarios en sus conversaciones sobre las inspecciones de Hacienda que estaban sufriendo. Se refieren también, seg?n deducen los investigadores, a las gestiones realizadas de forma directa por el exasesor de ?balos en relaci?n con una reclamaci?n que les estaba haciendo la administraci?n balear, que también hab?a contratado con Soluciones de Gesti?n, por el estado de las mascarillas.
Por otra parte, Anticorrupci?n sit?a el primer contacto entre el due?o del Zamora CF, V?ctor de Aldama, uno de los imputados por su vinculaci?n empresa Soluciones de Gesti?n y el que fuera hombre de confianza de ?balos en diciembre de 2018 en "un entorno laboral". Tan solo dos meses después, en febrero de 2019, "coincidieron en México con motivo de la visita oficial del entonces ministro a la regi?n (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscal-situa-inicio-trama-viaje-abalos-koldo-98575142) donde el primero ostentar?a el cargo de c?nsul honorario".
Permiso del Congreso
En el caso de encontrarse indicios que obliguen al titular del Juzgado Central n?mero 2 a remitir la causa al Supremo -o al menos la parte de la misma que afecte a ?balos-, deber? contarse con un permiso del Congreso de los Diputados para poder investigarle. Es lo que se denomina suplicatorio, que debe ser aprobado por la C?mara.
M?s informaci?n (Auto)
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98715139
En todo caso, la ley faculta al alto tribunal para citar al investigado antes de que pueda obtenerse dicho permiso, por si le interesa declarar "de forma voluntaria", una prerrogativa que vienen cumpliendo muchos de los que han implicados en tramas de corrupci?n alegando que prefieren adelantar sus explicaciones cuanto antes.
Para algunos, el aforamiento no deja de ser un privilegio de los pol?ticos y otros estamentos -como los propios jueces y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad-, si bien para otros la ventaja no es tal porque quienes son investigados y juzgados por el Tribunal Supremo son condenados ya en firme en primera instancia. A diferencia de lo que ocurre en el resto de casos, las sentencias dictadas por el alto tribunal ?nicamente son recurribles en el Tribunal Constitucional, que se limita a analizar si ha existido vulneraci?n de derechos fundamentales.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/abalos-blinda-judicialmente-podra-investigarlo-supremo-98721974)
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula, no obstante, que para llevar a un pol?tico ante el alto tribunal, el juez del caso debe contar con alg?n relevante contra él que pueda incluir en su exposici?n razonada, que es como se llama el documento por el que los jueces ordinarios remiten un asunto al Supremo y cesan de investigar al aforado en cuesti?n. As? ocurre, por ejemplo en el caso Tsunami que afecta a Carles Puigdemont, después de que el juez Manuel Garc?a Castell?n haya remitido a la sala presidida por Manuel Marchena todos los indicios que posee para que pueda investigarse al expresident huido por terrorismo.
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Menciones a ?balos
En la querella de Anticorrupci?n y el auto en el que el juez Moreno acord? la semana pasada medidas cautelares contra varios miembros de la trama, ?balos aparece mencionado de forma tangencial. Concretamente, en una conversaci?n intervenida por los investigadores entre dos los empresarios implicados.
El presunto cabecilla de la trama Juan Carlos Cueto, quien controlaba la empresa investigada, afirma en una conversaci?n con otro empresario sobre las adjudicaciones obtenidas: “...esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)… él y su ex jefe” (que podr?a ser el ministro, seg?n apunta la investigaci?n de la Guardia Civil).
La charla tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, y los empresarios incluyen estos comentarios en sus conversaciones sobre las inspecciones de Hacienda que estaban sufriendo. Se refieren también, seg?n deducen los investigadores, a las gestiones realizadas de forma directa por el exasesor de ?balos en relaci?n con una reclamaci?n que les estaba haciendo la administraci?n balear, que también hab?a contratado con Soluciones de Gesti?n, por el estado de las mascarillas.
Por otra parte, Anticorrupci?n sit?a el primer contacto entre el due?o del Zamora CF, V?ctor de Aldama, uno de los imputados por su vinculaci?n empresa Soluciones de Gesti?n y el que fuera hombre de confianza de ?balos en diciembre de 2018 en "un entorno laboral". Tan solo dos meses después, en febrero de 2019, "coincidieron en México con motivo de la visita oficial del entonces ministro a la regi?n (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscal-situa-inicio-trama-viaje-abalos-koldo-98575142) donde el primero ostentar?a el cargo de c?nsul honorario".
Permiso del Congreso
En el caso de encontrarse indicios que obliguen al titular del Juzgado Central n?mero 2 a remitir la causa al Supremo -o al menos la parte de la misma que afecte a ?balos-, deber? contarse con un permiso del Congreso de los Diputados para poder investigarle. Es lo que se denomina suplicatorio, que debe ser aprobado por la C?mara.
M?s informaci?n (Auto)
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En todo caso, la ley faculta al alto tribunal para citar al investigado antes de que pueda obtenerse dicho permiso, por si le interesa declarar "de forma voluntaria", una prerrogativa que vienen cumpliendo muchos de los que han implicados en tramas de corrupci?n alegando que prefieren adelantar sus explicaciones cuanto antes.
Para algunos, el aforamiento no deja de ser un privilegio de los pol?ticos y otros estamentos -como los propios jueces y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad-, si bien para otros la ventaja no es tal porque quienes son investigados y juzgados por el Tribunal Supremo son condenados ya en firme en primera instancia. A diferencia de lo que ocurre en el resto de casos, las sentencias dictadas por el alto tribunal ?nicamente son recurribles en el Tribunal Constitucional, que se limita a analizar si ha existido vulneraci?n de derechos fundamentales.
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