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مشاهدة النسخة كاملة : ?Hasta qué fecha est?n inhabilitados los l?deres del 'procés' tras la revisi?n de con


Reem
02-13-2023, 01:39 PM
La reforma del C?digo Penal, con la derogaci?n del delito de sedici?n, la inclusi?n del delito de des?rdenes p?blicos agravados y la reforma del delito de malversaci?n; ha obligado al Tribunal Supremo a revisar las condenas a los l?deres del 'procés'. La sentencia del 14 de octubre de 2019 se ha visto alterada por la modificaci?n penal pactada entre el PSOE y ERC, y por lo tanto, se ha modificado la pena a algunos de los dirigentes independentistas que ya fueron indultados. Estos son los cambios:

Oriol Junqueras

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien ejerc?a como 'vicepresident' del Govern y 'conseller' de Econom?a y Hacienda en el convulso oto?o de 2017, fue condenado a 13 a?os de c?rcel y 13 a?os de inhabilitaci?n absoluta por delitos de sedici?n en concurso medial con un delito de malversaci?n de fondos p?blicos agravado en raz?n de su cuant?a. Tras la revisi?n, el Supremo ha decidido condenar a Junqueras por delito de desobediencia en concurso con malversaci?n y ha rechazado rebajar la pena por malversaci?n, as? que ha confirmado la inhabilitaci?n absoluta hasta el 17 de julio de 2031. Esto significa que el republicano no podr? ejercer ning?n cargo p?blico ni concurrir a las elecciones hasta entonces. Los magistrados consideran que "est? fuera de cualquier duda" que los hechos probados en el fallo "implicaron una movilizaci?n tumultuaria y violenta". La sentencia de 2019 recog?a que Junqueras tuvo un "destacado papel en el proceso que condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y del TSJC" y que su "pertinaz desatenci?n" de los requerimientos "despeja cualquier duda acerca de su control del proceso de creaci?n legislativa y reglamentaria que hizo posible la celebraci?n del referéndum declarado ilegal".

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Jordi Turull

El ahora secretario general de Junts, durante 2017 'conseller' de Presidencia y portavoz del Govern, fue condenado a 12 a?os de prisi?n y 12 de inhabilitaci?n absoluta por delito de sedici?n en concurso medial con un delito de malversaci?n de fondos p?blicos agravado en raz?n de su cuant?a. Tras la revisi?n del Supremo, Turull queda sentenciado como autor de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversaci?n de caudales p?blicos y su pena por el delito de malversaci?n no queda rebajada, as? que no quedar? extinguida hasta el 5 de julio de 2030. El tribunal mantiene en la resoluci?n que el posconvergente propici? actos que "implicaron una movilizaci?n tumultuaria y violenta", en la l?nea en lo que se expon?a en el fallo sobre su participaci?n en distintas reuniones "definitorias" de la estrategia, incluso presentando las urnas que iban a utilizarse el 1-O y el sistema de censo, algo que "inclu?a la creaci?n de una legalidad paralela para promover la inobservancia de las leyes y, adem?s, la celebraci?n de un referéndum prohibido que se pretende hacer realidad mediante una tumultuaria movilizaci?n ciudadana".



Raül Romeva

El que fuera 'conseller' de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, fue condenado a 12 a?os de prisi?n y 12 de inhabilitaci?n absoluta por delito de sedici?n en concurso medial con un delito de malversaci?n de fondos p?blicos agravado en raz?n de su cuant?a. Tras los cambios en el C?digo Penal, Romeva es condenado por un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversaci?n de caudales p?blicos y no ve rebajada su pena por el delito de malversaci?n que ten?a impuesta, que ser? finalizada el 5 de julio de 2030. Como se indic? en el fallo de 2019, el Supremo valora que su papel se centr? en "asumir la estrategia" del Govern y "promover una legalidad paralela" de cara al extranjero para legitimar internacionalmente el referéndum y desde esta posici?n, "intent? convencer de la viabilidad de la construcci?n de una Rep?blica catalana, relativiz? las dificultades log?sticas para la celebraci?n de la consulta popular y lleg? a acusar a las instituciones europeas de que perder?an credibilidad si no apoyaban el referéndum".

Dolors Bassa

La que fuera 'consellera' de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, fue condenada a 12 a?os de prisi?n y 12 de inhabilitaci?n absoluta por delito de sedici?n en concurso medial con un delito de malversaci?n de fondos p?blicos agravado en raz?n de su cuant?a. La revisi?n de los magistrados del Supremo certifica que pasa a ser condenada por un delito de desobediencia en concurso con malversaci?n, pero no retoca la pena por malversaci?n por lo que confirma la inhabilitaci?n absoluta para ella hasta el 10 de octubre de 2031. La sentencia del Supremo daba por probado que Bassa adopt? las decisiones necesarias para procurar la celebraci?n del referéndum, pues "cedi? el uso de centros c?vicos como locales para la votaci?n el 1-O, y para la jornada de Escoles Obertes que se celebr? durante ese fin de semana", una iniciativa ciudadana cuyo fin era, tal y como expone la sentencia, "evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las ?rdenes del Tribunal Superior de Justicia sobre el cierre de los centros de votaci?n".

Carme Forcadell

La que fuera presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue condenada a 11 a?os y 6 meses de prisi?n e igual tiempo de inhabilitaci?n absoluta por delito de sedici?n. Tras la reforma penal, Forcadell es condenada por un delito de desobediencia pero queda extinguida de forma total su condena de inhabilitaci?n. Esto implica que Forcadell puede ejercer cualquier cargo p?blico e incluso concurrir a las elecciones.

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez

El que fuera l?der de la ANC, Jordi Sànchez, y el que dirig?a la entidad ?mnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron condenados a 9 a?os de prisi?n y 9 a?os de inhabilitaci?n absoluta por un delito de sedici?n. Pero, tras la modificaci?n del C?digo Penal, que implica la derogaci?n del delito de sedici?n, pasan a ser sentenciados por el vigente delito de des?rdenes p?blicos. Esto conlleva que quede extinguida definitivamente la pena que se hallaban cumpliendo de 9 a?os de inhabilitaci?n absoluta, y que puedan volver a la vida pol?tica, ejerciendo cargos p?blicos o figurando en listas electorales. La resoluci?n del Supremo apunta que la condena de Sànchez y Cuixart se justifica porque "ellos s? practicaron actos concretos de violencia o intimidaci?n sobre las personas y las cosas" por la manifestaci?n ante la Conselleria de Economia cuando se llevaba a cabo el registro policial.

Joaquim Forn

El que fuera 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, fue condenado a 10 a?os y 6 meses de prisi?n y al mismo periodo de inhabilitaci?n absoluta por un delito de sedici?n. La reforma del C?digo Penal implica que el extitular del Govern pase a ser condenado por desobediencia, pero que quede finalizada su inhabilitaci?n, as? que puede recuperar su actividad pol?tica institucional de ser elegido en unas elecciones. En el fallo, los magistrados sostuvieron que "en todo momento orden? su comportamiento, tanto como miembro del Govern como cabeza de la Consejer?a de la que depend?an los Mossos d'Esquadra, a reconducir la interpretaci?n de los mandatos" judiciales y que "la presencia de los Mossos no solamente careci? de actividad alguna dirigida al desalojo de los centros, sino que fue ocasi?n para que informaran de la estrategia policial que se seguir?a al respecto".

Josep Rull

El que ejerci? como 'conseller' de Territorito y Sotenibilidad, Josep Rull, fue condenado a 10 a?os y 6 meses de prisi?n y al mismo plazo de inhabilitaci?n absoluta por un delito de sedici?n. Tras la revisi?n de penas, Rull pasa a ser condenado por desobediencia y queda finalizada su inhabilitaci?n. La sentencia del Supremo concluy? que Rull impidi? "el normal funcionamiento del Estado que act?a en defensa de la legalidad, particip? en la convocatoria de un referéndum ilegal y particip? también en su realizaci?n", y que su actividad "no se limita a una idea, o a su expresi?n, sino a la ejecuci?n de actos que supusieron la creaci?n de unas condiciones que sit?an al proceso en la ilegalidad, poniendo las condiciones que estim? precisas para impedir el funcionamiento de los servicios p?blicos y la actuaci?n de Estado de acuerdo a la legalidad".



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