Reem
02-10-2023, 12:35 PM
El comisionista Alberto Luce?o se ha negado este viernes a declarar ante el juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, por presuntamente defraudar 1,3 millones de euros a la Hacienda P?blica en el ejercicio de 2020 y manipular documentos oficiales, han informado a Europa Press fuentes jur?dicas.
Luce?o ha comparecido apenas unos minutos en el Juzgado de Instrucci?n n?mero 47 de Madrid por la presunta comisi?n de un delito agravado contra la Hacienda P?blica y por otro de falsedad en documento oficial. El delito fiscal se le imputa por no tributar en 2020 en relaci?n a las operaciones de intermediaci?n con la empresa malaya Leno investigadas por el juez Carretero dentro del caso de las mascarillas.
Ante los abogados personados, el fiscal y su defensa, se ha acogido a su derecho a no declarar. A su salida, se ha parado amablemente unos minutos ante los periodistas que le esperaban y se ha limitado a agradecer su trabajo.
Al empresario se le investiga por una presunta estafa al Ayuntamiento en la venta de mascarillas y otros productos sanitarios. A ra?z de estas pesquisas judiciales, el juez ha extra?do una pieza separada ante la aparici?n de nuevos indicios de delito.
Primero estaba llamada a testificar la perito de la Agencia Tributaria que elabor? el informe econ?mico que apunta a la existencia de un posible delito fiscal, trabajo que ha sido ratificado ante el instructor.
El informe concluye que el investigado hab?a dejado de ingresar en las arcas p?blicas en relaci?n al IRPF de a?o 2020 la cantidad de 1.351.386 euros, como consecuencia de las operaciones de intermediaci?n investigadas en el presente procedimiento".
Luce?o no pudo imputar sus ingresos a la sociedad Takamaka Invest "porque no estaba constituida al momento de hacer las operaciones", y por lo tanto aprecia "indicios de la comisi?n de un delito fiscal agravado del que habla el Ministerio P?blico".
En la pericial, la experta ha insistido a preguntas de los abogados que el investigado no ten?a ninguna voluntad de pagar a Hacienda y que incluso les ha trasladado que regularizar? la cantidad supuestamente defraudada en el a?o 2020 cuando haya sentencia firme en el caso de las mascarillas.
"Takamaka lo constituy? dos meses después. Hab?a una intenci?n de defraudar a Hacienda", ha rese?ado la perito ante el magistrado y las partes personadas, seg?n apuntan fuentes jur?dicas.
La perito ha apuntado ante Adolfo Carretero que Luce?o podr?a incluso incurrir en un delito contable al carecer de libros que recojan los ingresos contables por ejercer una actividad profesional.
La abogada Nuria Zapico, que representa a la acusaci?n popular de M?s Madrid, ha destacado que la perito ha sido "muy tajante" en afirmar que Alberto Luce?o no ten?a intenci?n de pagar a la Agencia Tributaria.
"Ella explica que es una actividad que realiza a t?tulo personal y est? obligado a abonar esos tributos. Lo hizo luego cuando Hacienda se lo dice pero a través de Takamaka, pero no estaba constituida. Y esto es una irregularidad", ha rese?ado.
Falsedad documental
En relaci?n a la falsedad en documento oficial, el juez esgrime en su auto que la imputaci?n se basa en un informe de la Polic?a Nacional que apuntaba a la manipulaci?n de varios documentos oficiales hallados en los registros practicados el pasado mes de septiembre en su vivienda y en la sede de su empresa.
Entre estos documentos manipulados, figura una carta firmada por el alcalde de Madrid; un certificado emitido por el personal del Hospital Puerta de Hierro; y un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protecci?n Civil del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de la carta firmada por el alcalde, el documento se?ala que "existe una elevada cantidad de archivos con diferentes versiones modificadas en torno a la misma, llegando a incluir en algunos casos emblemas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social".
En esta carta, el Ayuntamiento de Madrid recomendaba al empresario para as? facilitar que cerrara los contratos en China ante los obst?culos que pon?an las autoridades de este pa?s.
El magistrado investiga a Luce?o y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del Covid-19, una operaci?n en la que el Consistorio desembols? cerca de 11 millones de euros.
Registro de la vivienda
El pasado septiembre, la Polic?a Nacional localiz? en la vivienda de Luce?o una placa en la que pon?a "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y varias impresiones de im?genes de tarjetas de la Polic?a Nacional y del Ministerio de Defensa.
El juez Carretero abri? entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscal?a Anticorrupci?n para investigar las comunicaciones entre Luce?o y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendi? al Ayuntamiento.
Anticorrupci?n pidi? a Carretero que la Polic?a registrase el domicilio del comisionista Alberto Luce?o al sospechar que detr?s de un correo firmado por San Chin Choon estar?a el propio Luce?o con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/luceno-niega-declarar-regularizara-situacion-82773878)
Luce?o ha comparecido apenas unos minutos en el Juzgado de Instrucci?n n?mero 47 de Madrid por la presunta comisi?n de un delito agravado contra la Hacienda P?blica y por otro de falsedad en documento oficial. El delito fiscal se le imputa por no tributar en 2020 en relaci?n a las operaciones de intermediaci?n con la empresa malaya Leno investigadas por el juez Carretero dentro del caso de las mascarillas.
Ante los abogados personados, el fiscal y su defensa, se ha acogido a su derecho a no declarar. A su salida, se ha parado amablemente unos minutos ante los periodistas que le esperaban y se ha limitado a agradecer su trabajo.
Al empresario se le investiga por una presunta estafa al Ayuntamiento en la venta de mascarillas y otros productos sanitarios. A ra?z de estas pesquisas judiciales, el juez ha extra?do una pieza separada ante la aparici?n de nuevos indicios de delito.
Primero estaba llamada a testificar la perito de la Agencia Tributaria que elabor? el informe econ?mico que apunta a la existencia de un posible delito fiscal, trabajo que ha sido ratificado ante el instructor.
El informe concluye que el investigado hab?a dejado de ingresar en las arcas p?blicas en relaci?n al IRPF de a?o 2020 la cantidad de 1.351.386 euros, como consecuencia de las operaciones de intermediaci?n investigadas en el presente procedimiento".
Luce?o no pudo imputar sus ingresos a la sociedad Takamaka Invest "porque no estaba constituida al momento de hacer las operaciones", y por lo tanto aprecia "indicios de la comisi?n de un delito fiscal agravado del que habla el Ministerio P?blico".
En la pericial, la experta ha insistido a preguntas de los abogados que el investigado no ten?a ninguna voluntad de pagar a Hacienda y que incluso les ha trasladado que regularizar? la cantidad supuestamente defraudada en el a?o 2020 cuando haya sentencia firme en el caso de las mascarillas.
"Takamaka lo constituy? dos meses después. Hab?a una intenci?n de defraudar a Hacienda", ha rese?ado la perito ante el magistrado y las partes personadas, seg?n apuntan fuentes jur?dicas.
La perito ha apuntado ante Adolfo Carretero que Luce?o podr?a incluso incurrir en un delito contable al carecer de libros que recojan los ingresos contables por ejercer una actividad profesional.
La abogada Nuria Zapico, que representa a la acusaci?n popular de M?s Madrid, ha destacado que la perito ha sido "muy tajante" en afirmar que Alberto Luce?o no ten?a intenci?n de pagar a la Agencia Tributaria.
"Ella explica que es una actividad que realiza a t?tulo personal y est? obligado a abonar esos tributos. Lo hizo luego cuando Hacienda se lo dice pero a través de Takamaka, pero no estaba constituida. Y esto es una irregularidad", ha rese?ado.
Falsedad documental
En relaci?n a la falsedad en documento oficial, el juez esgrime en su auto que la imputaci?n se basa en un informe de la Polic?a Nacional que apuntaba a la manipulaci?n de varios documentos oficiales hallados en los registros practicados el pasado mes de septiembre en su vivienda y en la sede de su empresa.
Entre estos documentos manipulados, figura una carta firmada por el alcalde de Madrid; un certificado emitido por el personal del Hospital Puerta de Hierro; y un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protecci?n Civil del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de la carta firmada por el alcalde, el documento se?ala que "existe una elevada cantidad de archivos con diferentes versiones modificadas en torno a la misma, llegando a incluir en algunos casos emblemas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social".
En esta carta, el Ayuntamiento de Madrid recomendaba al empresario para as? facilitar que cerrara los contratos en China ante los obst?culos que pon?an las autoridades de este pa?s.
El magistrado investiga a Luce?o y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del Covid-19, una operaci?n en la que el Consistorio desembols? cerca de 11 millones de euros.
Registro de la vivienda
El pasado septiembre, la Polic?a Nacional localiz? en la vivienda de Luce?o una placa en la que pon?a "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y varias impresiones de im?genes de tarjetas de la Polic?a Nacional y del Ministerio de Defensa.
El juez Carretero abri? entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscal?a Anticorrupci?n para investigar las comunicaciones entre Luce?o y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendi? al Ayuntamiento.
Anticorrupci?n pidi? a Carretero que la Polic?a registrase el domicilio del comisionista Alberto Luce?o al sospechar que detr?s de un correo firmado por San Chin Choon estar?a el propio Luce?o con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.
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