Reem
02-09-2023, 01:56 PM
Cuenta atr?s para que la banca inicie su muy anunciada y anticipada batalla judicial contra el 'impuesto' al sector impulsado por el Gobierno para ingresar unos 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024. Sus departamentos jur?dicos ultiman en estos d?as la activaci?n de la estrategia legal con la que esperan tumbar el gravamen o al menos suavizar su impacto, ahora que las entidades tienen hasta el pr?ximo lunes 20 de febrero para hacer el primer pago anticipado del mismo. Adem?s de impugnar ese abono, los bancos y sus patronales tienen también sobre la mesa impugnar ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Hacienda del pasado jueves que desarroll? el 'impuesto', pues con ello ganar?n unos 18 meses de plazo, seg?n diversas fuentes financieras consultadas por este diario.
El argumento de fondo del sector es que el gravamen es inconstitucional en varios aspectos, adem?s de vulnerar el derecho comunitario europeo. Sin embargo, al tratarse de una ley, un recurso de inconstitucionalidad contra la misma solo lo pueden interponer directamente el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 Senadores, o los ejecutivos o parlamentos auton?micos. En un primer momento, el verano pasado, los bancos albergaron alguna m?nima esperanza de que el PP o Vox pudieran hacerlo, pero r?pidamente se desenga?aron. Eran conscientes, en cualquier caso, de que una iniciativa as? ser?a impopular, particularmente en un a?o electoral como el actual y con la espiral inflacionista comiéndose el poder adquisitivo de los hogares.
As? las cosas, la v?a que se consideraba m?s probable entonces era esperar a la actual primera liquidaci?n adelanta del 'impuesto', impugnarla y pedir a los jueces que eleven el asunto al Tribunal Constitucional. Eso s?, de aceptarlo el juez y admitirlo a tr?mite el Constitucional, dicho tribunal "tardar? entre seis y ocho a?os en resolver", apuntaban fuentes financieras. Adem?s, antes de poder acudir a la justicia por esta v?a, los bancos deber?n recurrir la liquidaci?n por el cauce administrativo: primero ante la Agencia Tributaria y, en caso de que esta no les dé la raz?n (lo m?s probable), ante el Tribunal Econ?mico-Administrativo Central.
Compatible y complementario
Esa fase administrativa previa se demorar? unos 18 meses de media, seg?n estimaciones del sector, de ah? que la opci?n de impugnar la orden ministerial ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional les ahorre ese a?o y medio. Se trata, adem?s, de dos v?as compatibles y complementarias: una no excluye a la otra. Hay entidades, as?, que est?n ultimando activar las dos impugnaciones. Por su parte, las patronales AEB (bancos tradicionales) y CECA (bancos surgidos de cajas) est?n a punto de tomar una decisi?n sobre la impugnaci?n de la orden ministerial, ya que como asociaciones representativas no est?n obligadas a pagar el gravamen y por tanto no pueden recurrir dicho pago. El sector también est? atento a la denuncia que un abogado espa?ol ha presentado ante la Comisi?n Europea contra el impuesto, que Bruselas acaba de admitir a tr?mite, seg?n ha publicado 'Economist & Jurist'.
La banca, as?, planea alegar que la orden ministerial desarrolla una ley que consideran inconstitucional y contraria al derecho comunitario. La Audiencia Nacional, por su parte, puede tomar tres decisiones: remitir una cuesti?n de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional; elevar una cuesti?n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea (en este caso, las entidades esgrimir?an el informe del Banco Central Europeo que cuestion? aspectos del gravamen, entre otros argumentos); o emitir una sentencia, que los bancos podr?an recurrir en caso de no estar de acuerdo ante el Tribunal Supremo, con la esperanza de que sea este el que remita el asunto al Constitucional o el TJUE.
Argumentos legales
Los servicios jur?dicos del sector ven, por tanto, argumentos legales para tumbar el gravamen por anticonstitucional. Estiman que se est? produciendo una doble imposici?n, es decir, que se est? obligando a los bancos a tributar dos veces por la "misma manifestaci?n de riqueza", al gravarse el 4,8% del margen de intereses m?s los ingresos por comisiones. Son, as?, las dos primeras partidas de sus cuentas de resultados que, tras otros muchos elementos, dan lugar al beneficio, por el que tributan en el impuesto de sociedades. Para evitar este escollo, el Gobierno ha dise?ado el gravamen como una 'prestaci?n patrimonial de car?cter p?blico de naturaleza no tributaria', pero el sector considera que es un tributo enmascarado, una suerte de "impuesto de sociedades bis".
Diversas sentencias y autos del Constitucional (como el relativo al impuesto de la generaci?n eléctrica de 2018) han destacado que la ?nica doble imposici?n que est? prohibida en cualquier caso es la que se produce por tributos auton?micos en relaci?n con los locales o estatales. En el resto de casos, depender? de si el nuevo gravamen se adecua a la "capacidad econ?mica" de quien debe pagarlo y no tiene "alcance confiscatorio" (principios que aparecen en el art?culo 31.1 de la Constituci?n). Los bancos alegan que no se cumplen estos principios porque el pago del nuevo impuesto m?s el de sociedades supondr? una cuant?a "muy elevada" sobre sus beneficios.
Las entidades también sostienen que no se cumple el principio constitucional de igualdad, porque las m?s peque?as han sido excluidas del pago del gravamen. Asimismo, ven contra la carta magna que se haya usado la cifra de ingresos de 2019 para determinar qué entidades deben pagarlo, as? como que se haya fijado un umbral de 800 millones para estar obligado a abonarlo. Adem?s, ven argumentos en que se haya decidido que el abono del gravamen no sea deducible en el impuesto de sociedad, as? como en que se haya prohibido repercutir su coste a los clientes cuando la normativa bancaria europea le obliga precisamente a repercutirlo, como subray? el BCE. También estiman que no se respetan los principios europeos de libertad de establecimiento, libertad de prestaci?n de servicios y libertad de movimiento de capitales.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/banca-ultima-via-judicial-rapida-82651804)
El argumento de fondo del sector es que el gravamen es inconstitucional en varios aspectos, adem?s de vulnerar el derecho comunitario europeo. Sin embargo, al tratarse de una ley, un recurso de inconstitucionalidad contra la misma solo lo pueden interponer directamente el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 Senadores, o los ejecutivos o parlamentos auton?micos. En un primer momento, el verano pasado, los bancos albergaron alguna m?nima esperanza de que el PP o Vox pudieran hacerlo, pero r?pidamente se desenga?aron. Eran conscientes, en cualquier caso, de que una iniciativa as? ser?a impopular, particularmente en un a?o electoral como el actual y con la espiral inflacionista comiéndose el poder adquisitivo de los hogares.
As? las cosas, la v?a que se consideraba m?s probable entonces era esperar a la actual primera liquidaci?n adelanta del 'impuesto', impugnarla y pedir a los jueces que eleven el asunto al Tribunal Constitucional. Eso s?, de aceptarlo el juez y admitirlo a tr?mite el Constitucional, dicho tribunal "tardar? entre seis y ocho a?os en resolver", apuntaban fuentes financieras. Adem?s, antes de poder acudir a la justicia por esta v?a, los bancos deber?n recurrir la liquidaci?n por el cauce administrativo: primero ante la Agencia Tributaria y, en caso de que esta no les dé la raz?n (lo m?s probable), ante el Tribunal Econ?mico-Administrativo Central.
Compatible y complementario
Esa fase administrativa previa se demorar? unos 18 meses de media, seg?n estimaciones del sector, de ah? que la opci?n de impugnar la orden ministerial ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional les ahorre ese a?o y medio. Se trata, adem?s, de dos v?as compatibles y complementarias: una no excluye a la otra. Hay entidades, as?, que est?n ultimando activar las dos impugnaciones. Por su parte, las patronales AEB (bancos tradicionales) y CECA (bancos surgidos de cajas) est?n a punto de tomar una decisi?n sobre la impugnaci?n de la orden ministerial, ya que como asociaciones representativas no est?n obligadas a pagar el gravamen y por tanto no pueden recurrir dicho pago. El sector también est? atento a la denuncia que un abogado espa?ol ha presentado ante la Comisi?n Europea contra el impuesto, que Bruselas acaba de admitir a tr?mite, seg?n ha publicado 'Economist & Jurist'.
La banca, as?, planea alegar que la orden ministerial desarrolla una ley que consideran inconstitucional y contraria al derecho comunitario. La Audiencia Nacional, por su parte, puede tomar tres decisiones: remitir una cuesti?n de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional; elevar una cuesti?n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea (en este caso, las entidades esgrimir?an el informe del Banco Central Europeo que cuestion? aspectos del gravamen, entre otros argumentos); o emitir una sentencia, que los bancos podr?an recurrir en caso de no estar de acuerdo ante el Tribunal Supremo, con la esperanza de que sea este el que remita el asunto al Constitucional o el TJUE.
Argumentos legales
Los servicios jur?dicos del sector ven, por tanto, argumentos legales para tumbar el gravamen por anticonstitucional. Estiman que se est? produciendo una doble imposici?n, es decir, que se est? obligando a los bancos a tributar dos veces por la "misma manifestaci?n de riqueza", al gravarse el 4,8% del margen de intereses m?s los ingresos por comisiones. Son, as?, las dos primeras partidas de sus cuentas de resultados que, tras otros muchos elementos, dan lugar al beneficio, por el que tributan en el impuesto de sociedades. Para evitar este escollo, el Gobierno ha dise?ado el gravamen como una 'prestaci?n patrimonial de car?cter p?blico de naturaleza no tributaria', pero el sector considera que es un tributo enmascarado, una suerte de "impuesto de sociedades bis".
Diversas sentencias y autos del Constitucional (como el relativo al impuesto de la generaci?n eléctrica de 2018) han destacado que la ?nica doble imposici?n que est? prohibida en cualquier caso es la que se produce por tributos auton?micos en relaci?n con los locales o estatales. En el resto de casos, depender? de si el nuevo gravamen se adecua a la "capacidad econ?mica" de quien debe pagarlo y no tiene "alcance confiscatorio" (principios que aparecen en el art?culo 31.1 de la Constituci?n). Los bancos alegan que no se cumplen estos principios porque el pago del nuevo impuesto m?s el de sociedades supondr? una cuant?a "muy elevada" sobre sus beneficios.
Las entidades también sostienen que no se cumple el principio constitucional de igualdad, porque las m?s peque?as han sido excluidas del pago del gravamen. Asimismo, ven contra la carta magna que se haya usado la cifra de ingresos de 2019 para determinar qué entidades deben pagarlo, as? como que se haya fijado un umbral de 800 millones para estar obligado a abonarlo. Adem?s, ven argumentos en que se haya decidido que el abono del gravamen no sea deducible en el impuesto de sociedad, as? como en que se haya prohibido repercutir su coste a los clientes cuando la normativa bancaria europea le obliga precisamente a repercutirlo, como subray? el BCE. También estiman que no se respetan los principios europeos de libertad de establecimiento, libertad de prestaci?n de servicios y libertad de movimiento de capitales.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/banca-ultima-via-judicial-rapida-82651804)