Reem
02-08-2023, 09:16 AM
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha considerado ilegal la infiltraci?n de la Polic?a Nacional en una red de pederastas de internet sin orden judicial. Las pesquisas permitieron detener a un joven en Palma que fue condenado por la Audiencia Provincial a seis a?os de c?rcel por difundir material ped?filo que inclu?a violaciones y torturas a bebés. El TSJB anula la condena por distribuir las im?genes al considerar que se vulneraron derechos fundamentales, porque el polic?a encubierto accedi? a un «grupo cerrado» sin tutela judicial. "En el Estado de Derecho no caben atajos", se?ala la sentencia. La sala solo valida el registro domiciliario, este s? autorizado por el juzgado, y mantiene en pie la acusaci?n de tenencia de pornograf?a infantil porque el propio acusado lo admiti? en el juicio para imponerle siete meses de prisi?n. Los magistrados estiman as? en parte el recurso presentado el abogado defensor, Antoni Vicens.
La investigaci?n se inici? en 2016 por parte de la Brigada Central Tecnol?gica de la Polic?a Nacional. Los agentes detectaron en el internet oscuro -la red TOR- un enlace con instrucciones para acceder a una comunidad ped?fila de intercambio de archivos mediante Telegram. Tras infiltrarse en este grupo, el polic?a encubierto logr? ser invitado a un chat grupal de Skype en el que los usuarios se enviaban v?deos y fotos.
Gracias a esta infiltraci?n, los polic?as pudieron hacer gestiones para identificar a través de la IP al acusado, un joven de 27 a?os residente en la barriada palmesana de Son Gotleu. Seg?n detalla el TSJB, "hasta ese momento la actuaci?n se verific? sin control judicial" y fue después cuando la Polic?a acudi? a un juzgado de instrucci?n de Palma para confirmar, ya con autorizaci?n, esa misma informaci?n.
Los investigadores consiguieron permiso para registrar el domicilio del acusado el 7 de febrero de 2017. Encontraron varios dispositivos inform?ticos con material de pornograf?a infantil especialmente duro. Hab?a, por ejemplo, v?deos y fotograf?as de dos bebés de pocos meses que sufr?an diversas torturas y agresiones sexuales. En los soportes incautados se encontraron también pruebas de que los archivos se hab?an intercambiado con otros usuarios. La Audiencia Provincial de Palma le declar? autor de un delito de corrupci?n de menores agravado por la "brutalidad" del material.
El TSJB ha anulado ahora todas las investigaciones llevadas a cabo por la Polic?a Nacional sin control judicial. La sala destaca que los agentes tuvieron que acceder "a un grupo de mensajer?a cerrado" y que el polic?a utiliz? una identidad falsa para ser invitado a esta comunidad . Este acceso a "comunicaciones grupales cerradas precisaban de autorizaci?n judicial", se?ala el tribunal, que en este caso no exist?a.
Autoinculpaci?n
Los magistrados exponen que aunque se trata de investigar "delitos que repugnan a cualquiera deben respetarse cautelas como el control judicial para evitar abusos o desviaciones por parte de la Polic?a, ya que en el Estado de derecho no caben atajos".
Pese a declarar nulas estas actuaciones policiales, la sala no absuelve al joven porque él mismo reconoci? durante el juicio que ten?a acceso y pose?a una gran cantidad de material ped?filo. Neg?, en cambio, haber enviado estas im?genes a otras personas.
As?, el TSJB le declara en la nueva sentencia autor de un delito de tenencia de pornograf?a infantil con la atenuante de dilaciones indebidas y le impone una condena de siete meses de prisi?n. El fallo puede ser recurrido al Supremo.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/rebajan-condena-pederasta-policia-infiltro-82652265)
La investigaci?n se inici? en 2016 por parte de la Brigada Central Tecnol?gica de la Polic?a Nacional. Los agentes detectaron en el internet oscuro -la red TOR- un enlace con instrucciones para acceder a una comunidad ped?fila de intercambio de archivos mediante Telegram. Tras infiltrarse en este grupo, el polic?a encubierto logr? ser invitado a un chat grupal de Skype en el que los usuarios se enviaban v?deos y fotos.
Gracias a esta infiltraci?n, los polic?as pudieron hacer gestiones para identificar a través de la IP al acusado, un joven de 27 a?os residente en la barriada palmesana de Son Gotleu. Seg?n detalla el TSJB, "hasta ese momento la actuaci?n se verific? sin control judicial" y fue después cuando la Polic?a acudi? a un juzgado de instrucci?n de Palma para confirmar, ya con autorizaci?n, esa misma informaci?n.
Los investigadores consiguieron permiso para registrar el domicilio del acusado el 7 de febrero de 2017. Encontraron varios dispositivos inform?ticos con material de pornograf?a infantil especialmente duro. Hab?a, por ejemplo, v?deos y fotograf?as de dos bebés de pocos meses que sufr?an diversas torturas y agresiones sexuales. En los soportes incautados se encontraron también pruebas de que los archivos se hab?an intercambiado con otros usuarios. La Audiencia Provincial de Palma le declar? autor de un delito de corrupci?n de menores agravado por la "brutalidad" del material.
El TSJB ha anulado ahora todas las investigaciones llevadas a cabo por la Polic?a Nacional sin control judicial. La sala destaca que los agentes tuvieron que acceder "a un grupo de mensajer?a cerrado" y que el polic?a utiliz? una identidad falsa para ser invitado a esta comunidad . Este acceso a "comunicaciones grupales cerradas precisaban de autorizaci?n judicial", se?ala el tribunal, que en este caso no exist?a.
Autoinculpaci?n
Los magistrados exponen que aunque se trata de investigar "delitos que repugnan a cualquiera deben respetarse cautelas como el control judicial para evitar abusos o desviaciones por parte de la Polic?a, ya que en el Estado de derecho no caben atajos".
Pese a declarar nulas estas actuaciones policiales, la sala no absuelve al joven porque él mismo reconoci? durante el juicio que ten?a acceso y pose?a una gran cantidad de material ped?filo. Neg?, en cambio, haber enviado estas im?genes a otras personas.
As?, el TSJB le declara en la nueva sentencia autor de un delito de tenencia de pornograf?a infantil con la atenuante de dilaciones indebidas y le impone una condena de siete meses de prisi?n. El fallo puede ser recurrido al Supremo.
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