Reem
07-28-2023, 11:59 AM
La Audiencia Nacional ya ha dictado sentencia sobre el caso Musel, decidiendo absolver a todos los acusados, tanto los ex cargos p?blicos como los directivos y representantes de las empresas constructoras y de la UTE Dique Torres, que fue la que ejecut? la obra de ampliaci?n portuaria.
El procedimiento judicial se inici? a ra?z de sendas denuncias de la Fiscal?a Anticorrupci?n y del Observatorio Ciudadano Anticorrupci?n de Asturias (Ocan), en base a un informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). En el banquillo se sentaron 20 acusados –uno menos de los encartados en el proceso ante la grave enfermedad que padec?a este ?ltimo– acusados de supuesto fraude en torno a la obra de ampliaci?n de El Musel y, en el caso de los ex cargos p?blicos también por supuesta prevaricaci?n. La acusaci?n particular, ejercida por un expropiado del Alto de Abo?o, también acusaba de otra supuesta prevaricaci?n por esa expropiaci?n. También ejerci? la acusaci?n la Abogac?a del Estado. Los acusados defendieron en todo momento su inocencia. El juicio se desarroll? en sesiones repartidas entre los meses de enero y junio en dos salas distintas de la Audiencia Nacional. La sentencia a?n no es firme. La fiscal?a va a estudiar la sentencia para decidir si la recurre. La obra de ampliaci?n de El Musel se desarroll? entre 2005 y 2011.
La Audiencia Nacional ha absuelto a los acusados al considerar que no hay constancia de que su actuaci?n obedeciera al prop?sito de defraudar a un ente p?blico, de que tomaran ninguna de decisi?n il?cita o de que incumplieran sus deberes como cargos p?blicos. Entre quienes se sentaron en el banquillo y ahora han resultado absueltos se encuentran los que en la época de los hechos eran presidente de la Autoridad Portuaria de Gij?n, Fernando Palao; director de la Autoridad Portuaria, José Luis D?az Rato, y director general de Transportes y Puertos, Fernando Menéndez Rexach.
La Sala se?ala en su sentencia la “ineficacia que han demostrado en este caso los filtros procesalmente establecidos para impedir que lleguen a la fase de juicio oral hechos con escaso o nulo poder incriminatorio, sobre todo respecto de alguno de los acusados en los que su participaci?n en los hechos enjuiciados ha sido meramente epis?dica”.
La resoluci?n de la Secci?n Primera de la Sala Penal, de 79 p?ginas, analiza todo el procedimiento para la ampliaci?n del Puerto de Gij?n para hacer frente a las previsiones de incremento de tr?fico mar?timo comercial, desde el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el Informe de Puertos del Estado, la Aprobaci?n Econ?mica, el proceso de licitaci?n, la fase de construcci?n, la Modificaci?n del Proyecto y la conclusi?n de las obras.
Los magistrados consideran que los hechos analizados nos constituyen delito ya que no se aprecia connivencia alguna entre los responsables de la Autoridad del Puerto de Gij?n y los representantes de las empresas integradas en la UTE Dique Torres. “Al contrario, solo consta reiteradamente la profunda discrepancia entre unos y otros en el curso de la relaci?n prolongada que mantuvieron. Ni en los momentos previos al contrato, donde hay atisbo alguno de concertaci?n con los miembros de la UTE. Ni durante la ejecuci?n de las obras, en las que las discrepancias de criterio fueron frecuentes, mirando cada uno en favor de sus propios intereses. Ni en la fase de liquidaci?n de la obra, en la que se rechazaron cuant?as importantes reclamadas por la UTE y se hizo una liquidaci?n final que supuso una disminuci?n del gasto p?blico sobre el presupuestado en general, incluido el proyecto modificado, de m?s de 92 millones de euros”, explica.
El tribunal también tiene en cuenta la sentencia que el Tribunal de Cuentas dict? el 15 de noviembre de 2019 en la que se declara la inexistencia de perjuicio alguno a los fondos p?blicos de la Autoridad Portuaria de Gij?n. “No hay constancia alguna de que la actuaci?n de los acusados o de alguno de ellos obedeciera al prop?sito de defraudar a un ente p?blico. Al contrario, la prueba practicada solo indica la acci?n de los responsables de la Autoridad Portuaria para lleva a buen fin una obra ingente, de gran complejidad”.
Adem?s, consideran que tampoco se aprecia incumplimiento de los deberes que esos responsables p?blicos ten?an en funci?n de sus cargos. “Aunque alguna de sus decisiones pudiera ser cuestionada, ninguna de ellas constituye una decisi?n il?cita ante los dilemas a los que se enfrentaron”, concluye.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/audiencia-nacional-absuelve-caso-musel-90427631)
El procedimiento judicial se inici? a ra?z de sendas denuncias de la Fiscal?a Anticorrupci?n y del Observatorio Ciudadano Anticorrupci?n de Asturias (Ocan), en base a un informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). En el banquillo se sentaron 20 acusados –uno menos de los encartados en el proceso ante la grave enfermedad que padec?a este ?ltimo– acusados de supuesto fraude en torno a la obra de ampliaci?n de El Musel y, en el caso de los ex cargos p?blicos también por supuesta prevaricaci?n. La acusaci?n particular, ejercida por un expropiado del Alto de Abo?o, también acusaba de otra supuesta prevaricaci?n por esa expropiaci?n. También ejerci? la acusaci?n la Abogac?a del Estado. Los acusados defendieron en todo momento su inocencia. El juicio se desarroll? en sesiones repartidas entre los meses de enero y junio en dos salas distintas de la Audiencia Nacional. La sentencia a?n no es firme. La fiscal?a va a estudiar la sentencia para decidir si la recurre. La obra de ampliaci?n de El Musel se desarroll? entre 2005 y 2011.
La Audiencia Nacional ha absuelto a los acusados al considerar que no hay constancia de que su actuaci?n obedeciera al prop?sito de defraudar a un ente p?blico, de que tomaran ninguna de decisi?n il?cita o de que incumplieran sus deberes como cargos p?blicos. Entre quienes se sentaron en el banquillo y ahora han resultado absueltos se encuentran los que en la época de los hechos eran presidente de la Autoridad Portuaria de Gij?n, Fernando Palao; director de la Autoridad Portuaria, José Luis D?az Rato, y director general de Transportes y Puertos, Fernando Menéndez Rexach.
La Sala se?ala en su sentencia la “ineficacia que han demostrado en este caso los filtros procesalmente establecidos para impedir que lleguen a la fase de juicio oral hechos con escaso o nulo poder incriminatorio, sobre todo respecto de alguno de los acusados en los que su participaci?n en los hechos enjuiciados ha sido meramente epis?dica”.
La resoluci?n de la Secci?n Primera de la Sala Penal, de 79 p?ginas, analiza todo el procedimiento para la ampliaci?n del Puerto de Gij?n para hacer frente a las previsiones de incremento de tr?fico mar?timo comercial, desde el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el Informe de Puertos del Estado, la Aprobaci?n Econ?mica, el proceso de licitaci?n, la fase de construcci?n, la Modificaci?n del Proyecto y la conclusi?n de las obras.
Los magistrados consideran que los hechos analizados nos constituyen delito ya que no se aprecia connivencia alguna entre los responsables de la Autoridad del Puerto de Gij?n y los representantes de las empresas integradas en la UTE Dique Torres. “Al contrario, solo consta reiteradamente la profunda discrepancia entre unos y otros en el curso de la relaci?n prolongada que mantuvieron. Ni en los momentos previos al contrato, donde hay atisbo alguno de concertaci?n con los miembros de la UTE. Ni durante la ejecuci?n de las obras, en las que las discrepancias de criterio fueron frecuentes, mirando cada uno en favor de sus propios intereses. Ni en la fase de liquidaci?n de la obra, en la que se rechazaron cuant?as importantes reclamadas por la UTE y se hizo una liquidaci?n final que supuso una disminuci?n del gasto p?blico sobre el presupuestado en general, incluido el proyecto modificado, de m?s de 92 millones de euros”, explica.
El tribunal también tiene en cuenta la sentencia que el Tribunal de Cuentas dict? el 15 de noviembre de 2019 en la que se declara la inexistencia de perjuicio alguno a los fondos p?blicos de la Autoridad Portuaria de Gij?n. “No hay constancia alguna de que la actuaci?n de los acusados o de alguno de ellos obedeciera al prop?sito de defraudar a un ente p?blico. Al contrario, la prueba practicada solo indica la acci?n de los responsables de la Autoridad Portuaria para lleva a buen fin una obra ingente, de gran complejidad”.
Adem?s, consideran que tampoco se aprecia incumplimiento de los deberes que esos responsables p?blicos ten?an en funci?n de sus cargos. “Aunque alguna de sus decisiones pudiera ser cuestionada, ninguna de ellas constituye una decisi?n il?cita ante los dilemas a los que se enfrentaron”, concluye.
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