Reem
01-20-2023, 06:18 PM
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El Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea cree que el sistema de reparto de cursos de recuperaci?n de puntos del carnetrecuperaci?n de puntos del carnet que hay en Espa?a, excede de lo necesario para llevar a cabo su cometido. El modelo actual de la Direcci?n General de Tr?fico (DGT) impone la divisi?n del territorio nacional en cinco grandes zonas, en cada una de las cuales s?lo un prestador est? autorizado a realizar los cursos.
A excepci?n de Catalu?a y el Pa?s Vasco, el territorio est? dividido en cinco zonas, a cada una de las cuales correspond?a uno de los cinco lotes de la licitaci?n. Y el adjudicatario seleccionado para cada uno de los lotes ser?a la ?nica entidad habilitada para impartir dichos cursos en la zona geogr?fica correspondiente.
Esto hace que haya una oferta escasa de centros en los que aquellos que han perdido los puntos del carnetpuedan recuperarlos mediante los cursos de la DGT. Liberalizar la concesi?n har?a que existiesen m?s centros donde realizar los cursos, lo que acabar?a no s?lo por reducir su coste debido a la propia ley de oferta y demanda, sino que también los har?a m?s accesibles ya que los afectados encontrar?an m?s lugares donde realizarlos.
El Tribunal de Justicia Europeo considera que la normativa espa?ola “constituye a la vez un l?mite cuantitativo y un l?mite territorial”, que “s?lo se deber?a autorizar si no es discriminatorio y si es necesario y proporcionado”. Al respecto, alega que “parece haber medidas menos restrictivas que permiten conseguir el objetivo perseguido. Adem?s, tampoco cabe excluir que este objetivo pueda alcanzarse mediante un régimen de autorizaci?n administrativa, en lugar de recurrir a un servicio p?blico que deba prestarse mediante concesi?n”.
En su comunicado, el TJUE no descarta que “pueda demostrarse que una divisi?n del territorio en un mayor n?mero de zonas geogr?ficas que las cinco fijadas contribuir?a a facilitar la prestaci?n de los servicios”, y que “por lo tanto, la divisi?n territorial y el l?mite cuantitativo impuestos no parecen necesarios para llevar a cabo la tarea de que se trata en condiciones econ?micamente viables. No obstante, corresponde al Tribunal Supremo examinar y tener en cuenta el alcance exacto de las obligaciones de servicio p?blico impuestas, en su caso, a los concesionarios de los cursos y considerar si un régimen menos restrictivo podr?a impedir que el servicio p?blico en cuesti?n se ofreciera en condiciones econ?micamente viables”.
Esto supone un gran revés al modelo impuesto en 2014 por la DGT, y reforzado por la Administraci?n General del Estado y la CNAE en 2015. Aunque legal, este tipo de reparto para recuperar los puntos del carnet beneficiaba s?lo a unos pocos centros designados por los administradores ?nicos de cada uno de los cinco territorios estipulados en nuestro pa?s. Un privilegio a todas luces “excesivo” a ojos del Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea.
Un modelo controvertido
La Direcci?n General de Tr?fico anunci? en 2014 unalicitaci?n para conceder la gesti?n de cursos de sensibilizaci?n y reeducaci?n vial para la recuperaci?n de puntos de los permisos de conducci?n, consistente en cinco lotes. El contrato objeto de dicha licitaci?n adopt? la forma de un contrato de concesi?n de servicio p?blico, mediante el cual todo el territorio nacional, a excepci?n de Catalu?a y el Pa?s Vasco, quedaba dividido en cinco zonas, a cada una de las cuales correspond?a uno de los cinco lotes de la licitaci?n. Al término del procedimiento, el adjudicatario seleccionado para cada uno de los lotes ser?a la ?nica entidad habilitada para impartir dichos cursos en la zona geogr?fica correspondiente.
La Asociaci?n para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) interpuso un recurso administrativo y posteriormente un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, contra la convocatoria del concurso por considerar que la adjudicaci?n de los cursos mediante contratos de concesi?n de servicio p?blico era contraria a la libre prestaci?n de servicios.
En el procedimiento se personaron la Administraci?n General y la Confederaci?n Nacional de Autoescuelas (CNAE) como partes demandadas; debe precisarse que la CNAE hab?a participado en el procedimiento de licitaci?n. El Ministerio Fiscal se sum? a la posici?n de AUDICA como parte. La sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de noviembre de 2018 estim? el recurso y anul? la resoluci?n de 23 de enero de 2015 y la licitaci?n.
La Administraci?n General del Estado y la CNAE recurrieron ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional, prolongando hasta la actualidad este modelo controvertido y que ahora reprueba el Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea.
Para Ram?n Ledesma, consejero asesor de Pons Mobility: “Como todo proyecto, p?blico o privado, hay una fase de puesta en marcha y una fase de mantenimiento. En el caso de los Cursos de Recuperaci?n de Puntos del Permiso de Conducir se decidi? que en un primer momento se implantara por un mecanismo de concesi?n administrativa pero llegados a la fase de mantenimiento, por diferentes circunstancias, no se hizo bien. En 2018, la Audiencia Nacional ya dej? claro que el sistema no era v?lido, pero sin embargo se decidi? seguir alargando la agon?a de algo que estaba claro que hab?a que cambiar. Lo que hace ahora el Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea es decirle al Tribunal Supremo que definitivamente ahora hay que pasar a otro modelo, en l?nea con lo que ya fall? la Audiencia Nacional hace casi 5 a?os. Solo queda, por tanto, que el Tribunal Supremo atienda todo el historial y procedamos. Como pa?s, tuvimos una oportunidad en la reforma de la Ley de Tr?fico de 2021 pero decidimos como pa?s no hacer nada y alargar un ‘chicle jur?dico’ que no da m?s de s?”.
أكثر... (https://neomotor.epe.es/conduccion/el-tribunal-europeo-carga-contra-la-dgt-por-su-reparto-de-cursos-de-recuperacion-de-puntos-del-carnet-CA1130488)
El Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea cree que el sistema de reparto de cursos de recuperaci?n de puntos del carnetrecuperaci?n de puntos del carnet que hay en Espa?a, excede de lo necesario para llevar a cabo su cometido. El modelo actual de la Direcci?n General de Tr?fico (DGT) impone la divisi?n del territorio nacional en cinco grandes zonas, en cada una de las cuales s?lo un prestador est? autorizado a realizar los cursos.
A excepci?n de Catalu?a y el Pa?s Vasco, el territorio est? dividido en cinco zonas, a cada una de las cuales correspond?a uno de los cinco lotes de la licitaci?n. Y el adjudicatario seleccionado para cada uno de los lotes ser?a la ?nica entidad habilitada para impartir dichos cursos en la zona geogr?fica correspondiente.
Esto hace que haya una oferta escasa de centros en los que aquellos que han perdido los puntos del carnetpuedan recuperarlos mediante los cursos de la DGT. Liberalizar la concesi?n har?a que existiesen m?s centros donde realizar los cursos, lo que acabar?a no s?lo por reducir su coste debido a la propia ley de oferta y demanda, sino que también los har?a m?s accesibles ya que los afectados encontrar?an m?s lugares donde realizarlos.
El Tribunal de Justicia Europeo considera que la normativa espa?ola “constituye a la vez un l?mite cuantitativo y un l?mite territorial”, que “s?lo se deber?a autorizar si no es discriminatorio y si es necesario y proporcionado”. Al respecto, alega que “parece haber medidas menos restrictivas que permiten conseguir el objetivo perseguido. Adem?s, tampoco cabe excluir que este objetivo pueda alcanzarse mediante un régimen de autorizaci?n administrativa, en lugar de recurrir a un servicio p?blico que deba prestarse mediante concesi?n”.
En su comunicado, el TJUE no descarta que “pueda demostrarse que una divisi?n del territorio en un mayor n?mero de zonas geogr?ficas que las cinco fijadas contribuir?a a facilitar la prestaci?n de los servicios”, y que “por lo tanto, la divisi?n territorial y el l?mite cuantitativo impuestos no parecen necesarios para llevar a cabo la tarea de que se trata en condiciones econ?micamente viables. No obstante, corresponde al Tribunal Supremo examinar y tener en cuenta el alcance exacto de las obligaciones de servicio p?blico impuestas, en su caso, a los concesionarios de los cursos y considerar si un régimen menos restrictivo podr?a impedir que el servicio p?blico en cuesti?n se ofreciera en condiciones econ?micamente viables”.
Esto supone un gran revés al modelo impuesto en 2014 por la DGT, y reforzado por la Administraci?n General del Estado y la CNAE en 2015. Aunque legal, este tipo de reparto para recuperar los puntos del carnet beneficiaba s?lo a unos pocos centros designados por los administradores ?nicos de cada uno de los cinco territorios estipulados en nuestro pa?s. Un privilegio a todas luces “excesivo” a ojos del Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea.
Un modelo controvertido
La Direcci?n General de Tr?fico anunci? en 2014 unalicitaci?n para conceder la gesti?n de cursos de sensibilizaci?n y reeducaci?n vial para la recuperaci?n de puntos de los permisos de conducci?n, consistente en cinco lotes. El contrato objeto de dicha licitaci?n adopt? la forma de un contrato de concesi?n de servicio p?blico, mediante el cual todo el territorio nacional, a excepci?n de Catalu?a y el Pa?s Vasco, quedaba dividido en cinco zonas, a cada una de las cuales correspond?a uno de los cinco lotes de la licitaci?n. Al término del procedimiento, el adjudicatario seleccionado para cada uno de los lotes ser?a la ?nica entidad habilitada para impartir dichos cursos en la zona geogr?fica correspondiente.
La Asociaci?n para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) interpuso un recurso administrativo y posteriormente un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, contra la convocatoria del concurso por considerar que la adjudicaci?n de los cursos mediante contratos de concesi?n de servicio p?blico era contraria a la libre prestaci?n de servicios.
En el procedimiento se personaron la Administraci?n General y la Confederaci?n Nacional de Autoescuelas (CNAE) como partes demandadas; debe precisarse que la CNAE hab?a participado en el procedimiento de licitaci?n. El Ministerio Fiscal se sum? a la posici?n de AUDICA como parte. La sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de noviembre de 2018 estim? el recurso y anul? la resoluci?n de 23 de enero de 2015 y la licitaci?n.
La Administraci?n General del Estado y la CNAE recurrieron ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional, prolongando hasta la actualidad este modelo controvertido y que ahora reprueba el Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea.
Para Ram?n Ledesma, consejero asesor de Pons Mobility: “Como todo proyecto, p?blico o privado, hay una fase de puesta en marcha y una fase de mantenimiento. En el caso de los Cursos de Recuperaci?n de Puntos del Permiso de Conducir se decidi? que en un primer momento se implantara por un mecanismo de concesi?n administrativa pero llegados a la fase de mantenimiento, por diferentes circunstancias, no se hizo bien. En 2018, la Audiencia Nacional ya dej? claro que el sistema no era v?lido, pero sin embargo se decidi? seguir alargando la agon?a de algo que estaba claro que hab?a que cambiar. Lo que hace ahora el Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea es decirle al Tribunal Supremo que definitivamente ahora hay que pasar a otro modelo, en l?nea con lo que ya fall? la Audiencia Nacional hace casi 5 a?os. Solo queda, por tanto, que el Tribunal Supremo atienda todo el historial y procedamos. Como pa?s, tuvimos una oportunidad en la reforma de la Ley de Tr?fico de 2021 pero decidimos como pa?s no hacer nada y alargar un ‘chicle jur?dico’ que no da m?s de s?”.
أكثر... (https://neomotor.epe.es/conduccion/el-tribunal-europeo-carga-contra-la-dgt-por-su-reparto-de-cursos-de-recuperacion-de-puntos-del-carnet-CA1130488)